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La administración Trump está considerando un cambio de política que podría desalentar a inmigrantes que aplican para obtener la residencia permanente o la ciudadanía de utilizar servicios de salud respaldados por el gobierno, un escenario que es alarmante para algunos médicos, hospitales y defensores de pacientes.

Según un , publicado por The Washington Post, un inmigrante con papeles podría tener problemas para obtener la residencia permanente (green card) si usa, o ha usado en el pasado reciente, Medicaid, CHIP, WIC, cupones de alimentos, subsidios para pagar un plan médico del Obamacare, y otros beneficios no monetarios que otorga el gobierno. Incluso si un niño que es ciudadano recibe beneficios, eso podría poner en riesgo las posibilidades de un padre de obtener la residencia, según el documento.

Defensores dicen que esta norma podría generar miedo en un grupo amplio de inmigrantes, que tal vez decidirían no usar cobertura médica respaldada por el gobierno, algo que, aseguran, crearía gravísimos problemas de salud pública. Alrededor de 3 millones de personas obtuvieron la residencia permanente de 2014 a 2016, según registros del gobierno. Los inmigrantes con visas o aquellos que pueden no tener un estatus legal, pero planean buscar la ciudadanía o la green card , también se verían afectados.

“Estamos muy preocupados porque esta norma, si entra en vigencia, tendría un impacto significativo en la salud del país”, dijo Erin O’Malley, directora senior de política de America’s Essential Hospitals, entidad que discutió el plan con funcionarios de la administración Trump a mediados de abril.

O’Malley dijo que teme que algunas personas con visa, y sus familias, no hagan sus citas para atención médica de rutina, y solo recurran a las salas de emergencia. Este cambio “minaría la estabilidad de nuestros hospitales al generar pacientes más enfermos y costos de atención no compensados”, explicó O’Malley.

El cambio de política podría, por ejemplo, obligar a una madre a sopesar la necesidad de atención hospitalaria para un recién nacido enfermo contra la pérdida de su estatus migratorio legal, analizó Wendy Parmet, directora del Center for Health Policy and Law de la Northeastern University.

“En el borrador, la administración habla sobre la autosuficiencia”, dijo. “Pero no esperamos eso de [bebés]” que son ciudadanos de los Estados Unidos, porque nacieron en este país. “Es una norma extremadamente dura”.

Aunque se encuentra en las primeras etapas del proceso de reglamentación, la reacción para frenar esta propuesta ya ha comenzado.

El gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, está enviando personal de su oficina para reunirse con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que está examinando la propuesta. El 24 de abril, Inslee envió una carta a Mick Mulvaney, director de la OMB, para pedirle que considerara el impacto que tendría esta norma entre los inmigrantes legales que pagan impuestos.

“Esto indudablemente llevará a que personas en todo el país pasen hambre, no accedan a la atención médica necesaria, pierdan la autosuficiencia económica e incluso se queden sin hogar”, escribió Inslee.

El borrador que se filtró a la prensa dice que los funcionarios de inmigración considerarían el uso de uno o más beneficios no monetarios por parte del solicitante dentro de los últimos tres años como un “factor negativo muy fuerte” a la hora de decidir si se le otorga o no la residencia permanente.

Mientras tanto, los médicos ya perciben el miedo en las comunidades de inmigrantes. La doctora Julie Linton, vocera de la Academia Estadounidense de Pediatría, trata a muchas familias de inmigrantes latinos en una clínica ambulatoria en Winston-Salem, Carolina del Norte. Linton contó que una mujer de México, con un bebé recién nacido y otros tres niños, le dijo que tenía miedo de mantener a su familia inscrita en el programa de nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). “¿Es seguro usar WIC?”, le preguntó la mujer.

Maria Gomez, presidenta de Mary’s Center, que administra clínicas de salud en Washington, D.C. y Maryland, dijo que “el resultado final será que las personas recibirán atención mucho más tarde y utilizarán la sala de emergencias cuando ya sean sintomáticas, lo que costará vidas que no se pueden reemplazar. Niños sin padres, y padres posiblemente perdiendo a sus hijos debido a un diagnóstico tardío innecesario”.

Gomez agregó que, actualmente, “estamos viendo de 3 a 4 personas por semana que no solicitan WIC y cancelan sus citas para renovar el Medicaid para ellos y sus hijos, aunque sean elegibles”.

El borrador de la propuesta que se filtró se centra en quién se considera una “carga pública” (public charge). El concepto surgió en la ley de inmigración de 1882, cuando el Congreso buscó prohibir la permanencia en el país de inmigrantes que eran “tontos, lunáticos” o aquellos que podrían convertirse en una carga para el gobierno.

La noción de “carga pública” resurgió en 1999, cuando el servicio de inmigración redefinió el concepto. Desde entonces, un inmigrante es considerado una “carga pública” si es probable que dependa del gobierno para obtener ingresos, o viva por mucho tiempo en una institución financiada por el gobierno.

Sin embargo, la directriz publicada en 1999 aclaró que los residentes legales tenían libre acceso a beneficios no monetarios como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para facturas de calefacción. “Estos beneficios a menudo se brindan a familias trabajadoras de bajos ingresos para mantener y mejorar su capacidad de ser autosuficientes”, dice la .

La nueva propuesta, tal como está redactada, suspendería esto.

Según el documento, cualquier persona que esté utilizando, o haya usado en los 36 meses anteriores, un beneficio gubernamental no monetario será considera una “carga pública” y, por lo tanto, será inadmisible para los Estados Unidos. El uso de estos beneficios por parte de un cónyuge, un padre dependiente o un hijo también serían tomados en cuenta.

Los solicitantes que tienen “costosas condiciones de salud”, como cáncer, enfermedades del corazón o “trastornos mentales”, y que han utilizado un programa subsidiado también recibirán una “muy fuerte” calificación negativa en su solicitud, indica el borrador.

Marnobia Juárez, de 48 años, es sobreviviente de cáncer y sueña con algún día tener su green card (miembros de su familia son residentes permanentes). Pero piensa que es algo cada vez más lejano. La mujer que vive en Maryland dijo que nunca quiso solicitar beneficios públicos hasta que le diagnosticaron cáncer de seno en 2014. Desde entonces, ha sido tratada sin costo bajo un programa administrado por el estado.

“Estoy viva gracias a este programa”, dijo Juárez, quien es voluntaria de salud con un grupo de defensa de inmigrantes. “Están jugando con la vida”.

El borrador dice que los inmigrantes pueden pagar $10,000 para ayudar a superar la determinación sobre que podrían ser una “carga pública”.

De concretarse, estos cambios afectarían a las personas patrocinadas por un familiar que sea ciudadano o residente, la mayoría de los inmigrantes con visas de trabajo, inmigrantes con visas de diversidad y “ciertos individuos no inmigrantes”, indica el borrador. En 2016, 1,2 millones de personas obtuvieron su residencia permanente. De ellas, 566,000 eran parientes inmediatos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 238,000 más fueron patrocinados por la familia, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Algunos inmigrantes, como refugiados y asilados, no se verán afectados.

“Estamos hablando de familias de clase media y trabajadoras”, dijo Madison Hardee, abogada senior de políticas del Center for Law and Social Policy, que ha organizado . “Esto realmente podría poner a los padres en una situación imposible, entre buscar asistencia médica para sus hijos u obtener un estatus legal permanente”

El borrador dice que la propuesta pretende garantizar que las personas que buscan “cambiar su estatus de no inmigrantes sean autosuficientes”. Y toma nota de “declaraciones políticas relevantes del Congreso”, incluyendo una que dice que “la disponibilidad de beneficios públicos [no debería] constituir un incentivo para la inmigración a los Estados Unidos”.

La corresponsal de KHN Emmarie Huetteman contribuyó con este informe.