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La propuesta detrás del es sencilla: cobrarles impuestos a los residentes más ricos del estado más próspero del país para compensar los fuertes recortes federales a la atención médica, la asistencia alimentaria y la educación.

Pero, si los votantes la aprueban en noviembre, no está claro cuánto dinero recaudaría la iniciativa, qué tan rápido estarían disponibles los fondos ni cómo los gastarían los legisladores.

La medida destinaría los ingresos de un impuesto sobre el patrimonio, el primero de su tipo en el país, a un fondo estatal de salud, y daría al gobernador y a los legisladores la facultad de decidir cómo gastar lo que el que serían “decenas de miles de millones de dólares”.

Sus defensores afirman que podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares en cinco años para mantener abiertos hospitales y salas de emergencias, y para preservar la cobertura de seguro de salud de millones de californianos.

Sin embargo, los centros de salud comunitarios, los médicos y otras entidades del sector que podrían beneficiarse de esta inyección de fondos sostienen que el sindicato que impulsa la medida les está entregando a los políticos un cheque en blanco.

“No estoy seguro de que se pueda afirmar con total certeza que esto evitará el cierre de clínicas, despidos de trabajadores de salud o que las personas pierdan su cobertura médica”, dijo Chris Hoene, director ejecutivo del California Budget & Policy Center, una organización sin fines de lucro de tendencia progresista.

La Proposición 40, incluida en la boleta electoral por uno de los sindicatos de trabajadores de la salud más grandes de California, impondría un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de con una riqueza neta de al menos 1.000 millones de dólares, incluidas la mayoría de sus acciones, yates y obras de arte. Se aplicaría a quienes eran residentes de California el 1 de enero de 2026. En general, las viviendas o propiedades, las pensiones y las cuentas de jubilación estarían exentos.

Los ingresos recaudados buscan compensar los aproximadamente que se prevé que California perderá como consecuencia de la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso. Según el Centro de Estudios Laborales de la Universidad de California en Berkeley, se proyecta que, durante los próximos cuatro años, los recortes de fondos estatales y federales casi duplicarán la población sin seguro médico de California, que actualmente es de .

Conseguir ingresos tributarios adicionales es esencial porque los legisladores estatales todavía no han encontrado cómo financiar los servicios de salud que se verán afectados por los recortes, dijo Dave Regan, presidente de Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, el sindicato que representa a trabajadores hospitalarios y que logró incluir el impuesto al patrimonio en la boleta electoral.

La medida destinaría el 90% de los ingresos tributarios a la atención médica, mientras que el 10% restante se repartiría entre asistencia alimentaria y educación, según el criterio de los legisladores. Regan dijo que estas categorías amplias darían a los políticos flexibilidad para responder mejor a los recortes que se avecinan.

“Determinar o predecir exactamente cuáles serán las consecuencias y dónde se aplicarán las reducciones y los recortes en un sistema de salud tan complicado es simplemente demasiado difícil”, dijo Regan.

Entre las decisiones que deberán tomar el próximo gobernador y los legisladores están si proporcionar atención médica a las personas que pierdan su cobertura debido a los nuevos requisitos federales de trabajo de Medicaid, revertir los recortes estatales que limitan la cobertura de los inmigrantes con estatus migratorio legal o aumentar las bajas tarifas de reembolso a los médicos, que hacen que algunos proveedores sean reacios a aceptar pacientes inscritos en Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid.

Los legisladores también podrían reforzar los subsidios de Covered California, el Mercado de Seguros Médicos del estado, cuyos afiliados han visto cómo se disparaban sus primas después de perder millones de dólares en asistencia federal cuando el Congreso dejó vencer los subsidios ampliados el año pasado.

La mayor parte del dinero debe destinarse a la salud, pero expertos en políticas de salud señalaron que el lenguaje ambiguo de la medida podría permitir a los legisladores utilizar el nuevo fondo de salud financiado por los multimillonarios para reemplazar recursos estatales existentes, en contradicción con el texto de la propuesta.

“Muchas veces, estas propuestas se redactan de una manera que busca llamar la atención y conseguir apoyo”, dijo Glenn Melnick, economista especializado en salud de la Universidad del Sur de California. “Pero, en realidad, después pueden utilizarse para otras cosas”.

En cambio, el sector de la salud está presionando para conseguir un plan de financiamiento a largo plazo. René Bravo, pediatra del condado de San Luis Obispo y presidente de la Asociación Médica de California, teme que una inyección única de ingresos tributarios “termine agotándose”.

“Necesitamos trabajar en un mecanismo de financiamiento más sostenible y duradero para el sistema Medi-Cal”, dijo.

Al mismo tiempo, los médicos le preguntan qué ocurrirá cuando los mayores recortes a la elegibilidad de Medi-Cal comiencen a entrar en vigor el próximo año. Incluso si los votantes aprueban la propuesta, el dinero no estaría disponible durante al menos unos meses, mientras el estado recauda el impuesto. Además, los multimillonarios podrían distribuir sus pagos a lo largo de cinco años.

Los californianos están divididos

Lynne Wines, una banquera jubilada de 72 años que vive en Pasadena, sabe que el estado necesita el dinero. Pero le preocupa que los inversionistas adinerados vean la medida como un precedente y abandonen California. Aunque la propuesta electoral establece claramente que se trata de un impuesto por única vez, Wines considera que podría abrir la puerta a nuevos gravámenes.

“Los impuestos tienen una manera de volverse necesarios una y otra vez, y los políticos siempre encuentran esas necesidades”, dijo Wines. “Así que realmente no me siento segura de que esto vaya a ser algo de una sola vez”.

Señaló que Sergey Brin, cofundador de Google y multimillonario, compró una casa en Nevada y trasladó algunas de sus empresas a ese estado a fines del año pasado. Brin está financiando campañas publicitarias contra la medida. Según las contribuciones registradas ante la oficina del secretario de Estado, ha aportado más de $100 millones a una organización sin fines de lucro que promueve dos propuestas rivales, las Proposiciones 41 y 42, diseñadas para debilitarla o bloquearla.

Una de ellas contabilizaría ciertos nuevos impuestos estatales dentro del límite general de gasto de California y exigiría que el auditor estatal revisara las nuevas propuestas tributarias antes de que los votantes se pronuncien. La otra prohibiría nuevos impuestos estatales sobre bienes personales, propiedad intelectual, cuentas de jubilación y otros activos.

Steve Hilton, candidato republicano a gobernador respaldado por el presidente Donald Trump, advirtió en CNN en junio que la sola amenaza del impuesto “ha provocado que salgan del estado billones de dólares en riqueza, según algunas estimaciones”. Un estudio de marzo de la conservadora Institución Hoover, de la Universidad de Stanford, proyectó que el impuesto a los multimillonarios , debido, en parte, a la pérdida de ingresos tributarios de multimillonarios que ya abandonaron el estado.

Los votantes de California parecen estar divididos ante la posibilidad de que los multimillonarios se marchen. Dos encuestas independientes realizadas en septiembre indicaron que el apoyo a la Proposición 40 oscilaba entre un y un .

Steve Erler, de 74 años, residente de Pasadena, trabaja a tiempo completo como administrador de edificios porque no puede permitirse jubilarse. Le preocupa que los recortes federales perjudiquen a los niños y a los adultos mayores.

“Estas personas que ganan tanto dinero nunca podrán gastarlo todo. ¿Qué van a hacer? ¿Comprar otra casa en los Hamptons, otro avión privado? No necesitan eso”, dijo Erler mientras paseaba a su perro en agosto. “Necesitan poder decir, cuando se acuestan por la noche: ‘Ayudé a un niño a recibir atención médica. Ayudé a que una persona mayor tuviera comida’. Eso es lo importante”, afirmó.

Los demócratas están divididos, en una de las muchas disputas ideológicas que se desarrollan en todo el país durante este ciclo electoral, mientras los progresistas se enfrentan a candidatos más centristas. El senador federal (independiente por Vermont) y el han respaldado la Proposición 40, mientras que el gobernador Gavin Newsom, que está considerando postularse a la presidencia, y el candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra se oponen, aunque sostienen que las personas extremadamente ricas o con ingresos elevados deberían pagar más impuestos.

“Es hora de un reajuste económico, de un verdadero impuesto mínimo para los multimillonarios que, bueno, garantice que quienes están en la cima paguen al menos la misma tasa impositiva que sus propios trabajadores”, dijo Newsom, quien apoya un , aunque la se encuentra estancada.

Si los votantes aprueban la propuesta, señalaron analistas políticos, podría demostrar a otros estados que gravar a los más ricos puede ayudar a cerrar déficits presupuestarios y financiar servicios esenciales. Varios estados gobernados por demócratas, entre ellos , , y , ya han aprobado impuestos a los millonarios, pero estos se limitan a los ingresos, no al patrimonio total. Los votantes del estado de Washington decidirán este otoño si .

“Creo que esto es apenas el comienzo de este tipo de propuestas en todo el país”, dijo Melnick, el economista especializado en salud de la Universidad del Sur de California.