Y, según ellos, una reorganización del proceso —a menos de siete meses de que los estados deban comenzar a aplicar el requisito— tendrá un costo elevado.

Las por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) establecen muchos detalles minuciosos sobre cómo se aplicarán estos requisitos.

Incluyen la manera en que los estados deben verificar si los beneficiarios cumplen con las normas y cómo las personas pueden solicitar una exención para que sus beneficios de salud no dependan de trabajar, realizar servicio comunitario o ir a la escuela.

El próximo año, la ley One Big Beautiful Bill Act del presidente Donald Trump podría exigir que aproximadamente en 42 estados y el Distrito de Columbia que reciben beneficios de Medicaid demuestren que están trabajando o participando en una actividad similar para conservar su cobertura médica, a menos que califiquen para una exención.

Gran parte de la verificación se realizará a través de sistemas informáticos estatales que determinan si las personas de bajos ingresos califican para Medicaid y otros programas de apoyo social.

Esta tecnología suele ser desarrollada y operada por empresas privadas mediante contratos que con frecuencia ascienden a cientos de millones de dólares. Muchos de esos sistemas tienen antecedentes de errores que pueden provocar la pérdida de beneficios para personas que sí cumplen con los requisitos.

Durante meses, los estados han estado comunicándose con los reguladores federales y apresurándose a crear sistemas para cumplir con los mandatos que se aproximan, dijo Kinda Serafi, socia de la firma de consultoría y servicios legales Manatt Health. Las normas publicadas la priera semana de julio representan un “cambio importante de política” respecto de lo que los estados esperaban, señaló Serafi.

“La administración ha tomado lo que ya sabíamos que era una situación difícil y la ha empeorado aún más”, agregó Serafi. Los estados ya se habían comprometido a pagar decenas de millones de dólares a contratistas para ajustar sus sistemas.

Después de que Trump promulgara su principal ley de impuestos y gastos en julio pasado, una de las preguntas más importantes que quedaba por resolver era cuánto se iba a involucrar el gobierno federal en decidir qué se define como exención para personas demasiado enfermas para trabajar.

La exención por “fragilidad médica” permite que una persona afirme que tiene una afección de salud que le impide trabajar al menos 80 horas al mes, como exige la ley.

Para calificar, una persona generalmente debe encajar en al menos una de cinco categorías: ser ciega o tener una discapacidad; tener un trastorno por consumo de sustancias; tener un trastorno mental incapacitante; tener una discapacidad física, intelectual o del desarrollo que afecte significativamente su vida diaria; o tener una afección médica grave. Los estados no pueden añadir categorías.

Según las nuevas regulaciones, los CMS indicaron que tener una afección médica por sí sola no es suficiente para quedar exento de los requisitos laborales. Los estados deben evaluar “la gravedad de la condición de una persona” para determinar si puede permanecer en Medicaid sin trabajar, un criterio que dificulta que los afiliados cumplan los requisitos.

Los funcionarios de los CMS no enumeraron afecciones específicas que califican para exenciones, pero la agencia sí indicó que la falta de vivienda no puede utilizarse como motivo para solicitar esa exención porque no es una condición médica.

Para implementar la ley, los estados “tendrán que deshacer trabajo que ya hicieron”, dijo , subdirector del programa State Health and Value Strategies de la Universidad de Princeton, que trabaja con gobiernos estatales en diversos temas relacionados con la cobertura de salud.

La administración Trump ya había reconocido que el trabajo para actualizar los sistemas estatales de elegibilidad de Medicaid y cumplir con la ley tiene un costo. En enero, altos funcionarios de los CMS dijeron que contratistas gubernamentales, incluidos Deloitte, Accenture y Optum, se comprometieron a hasta 2028 para ayudar a los estados a ajustar sus sistemas.

Los descuentos “pueden ser útiles” en algunos estados, pero “no serán útiles en todos los casos” debido a las diferencias entre los contratos estatales, dijo Heather Howard, directora del programa State Health and Value Strategies.

“Cada vez que hay que volver atrás y decir: ‘Ups, necesitamos reprogramar este detalle’, hay un costo”, afirmó Howard.

Los estados estaban preparados para crear listas de condiciones y enfermedades que permitieran a las personas calificar para exenciones de los requisitos laborales, según expertos en salud que los asesoran.

Analizar datos para verificar la enfermedad de una persona ya era una tarea complicada para los estados porque los sistemas informáticos que determinan si alguien es elegible para Medicaid a menudo no se comunican con los sistemas que registran los reclamos médicos.

Los sistemas de pago de atención médica en Estados Unidos dependen de un conjunto de códigos estandarizados que corresponden a diagnósticos específicos.

Pero no existe un “código que indique que alguien está demasiado enfermo para trabajar; esa es una evaluación subjetiva”, dijo Rachel Klein, subdirectora ejecutiva de , una organización no partidista de defensa personas con VIH. “Esta es una receta para el desastre”.

Las nuevas normas federales plantean problemas inmediatos para Nebraska, que puso en marcha su requisito laboral de Medicaid el 1 de mayo, ocho meses antes de la fecha límite federal. Nebraska maneja las decisiones sobre fragilidad médica de manera diferente a la administración Trump.

Los funcionarios de Nebraska ya habían publicado con afecciones médicas que califican para exenciones, incluidos ciertos tipos de cáncer, demencia, autismo, epilepsia, VIH y enfermedad de Parkinson. El estado, que depende de empleados gubernamentales para verificar la elegibilidad de Medicaid, no exige que una persona demuestre qué tan enferma está.

Pero bajo las normas de Trump, las personas tendrán que demostrar que su enfermedad calificada está afectando su capacidad para trabajar.

Ahora, Nebraska “tendrá que volver atrás y averiguar cómo evaluar si todas estas personas están demasiado enfermas para cumplir con el requisito”, dijo Klein.

Está previsto que los afiliados a Medicaid comiencen a perder cobertura este verano como resultado de la implementación anticipada en Nebraska.

Sarah Maresh, directora de programas de , una organización que defiende a personas de bajos ingresos, dijo que el estado debería abstenerse de cancelar la cobertura de las personas hasta el próximo año debido a los cambios que tendrá que realizar. Los residentes ya están confundidos y preocupados, afirmó, y la nueva norma “empeora mucho más la situación”.

En respuesta a varias preguntas, Jeff Powell, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, dijo que el estado está revisando la nueva regulación federal para determinar sus posibles impactos.

A partir de 2028, las nuevas normas federales limitarán la posibilidad de que las personas declaren por sí mismas que tienen fragilidad médica y exigirán documentación como prueba, otro cambio que los estados no esperaban, dijo Meuse. Más habían planeado permitir que solicitantes y afiliados declararan sus propias afecciones para obtener exenciones, según KFF.

Lograr el equilibrio adecuado entre flexibilidad y control fue una parte importante de las deliberaciones durante la elaboración de estas normas, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una llamada con periodistas el 1 de junio. “La frase que repetíamos constantemente era que somos comprensivos, pero no ingenuos”, afirmó.

Funcionarios de Trump escribieron en la regulación que los requisitos laborales de Medicaid tienen “el potencial de empoderar a los beneficiarios de Medicaid” al permitirles “salir del aislamiento y la dependencia, desarrollar confianza, alcanzar la autosuficiencia y la prosperidad, y mejorar su salud”.

Stephanie Burdick, una de las líderes de la coalición Protect Medicaid Utah, cuestionó esa premisa.

“Si realmente quisieran mejorar las oportunidades de empleo o la conexión social y reducir el aislamiento y la soledad, estarían creando programas de empleo y de voluntariado”, dijo Burdick. “No simplemente imponiendo más carga administrativa a las personas y luego diciendo que eso es bueno para ellas”.

Se estima que 5,3 millones de afiliados quedarán sin seguro médico para 2034 debido a los requisitos laborales de Medicaid, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista.

Pero Howard apuntó que, con las nuevas regulaciones, existe el riesgo de que “esa cifra sea incluso mayor”.

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Un proyecto de en marzo y luego por el gobernador demócrata Jared Polis permite que Colorado se aparte aún más de las directrices federales.

La ley permite que oficiales de salud sigan las recomendaciones de grupos médicos nacionales al decidir cuestiones como la compra de vacunas al por mayor para el programa Medicaid.

“Estamos protegiendo a nuestro estado del manejo caótico que viene de Washington”, dijo el , copatrocinador del proyecto y enfermero registrado. “Vamos a confiar en la ciencia”.

“Desde la lucha durante la pandemia para que los habitantes de Colorado recibieran las vacunas lo antes posible hasta la batalla contra las barreras impuestas por la administración Trump para vacunarse, hemos ampliado el acceso a las vacunas para los habitantes de Colorado que las quieran”, declaró Polis en un comunicado al promulgar la ley.

Colorado es uno de los que, junto con Washington, D.C., han tomado medidas para eludir las nuevas recomendaciones federales ante la preocupación de que los cambios puedan debilitar la confianza pública en las vacunas y erosionar la .

Antes, Colorado, como la mayoría de los estados, seguía las directrices federales establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En enero, integrantes del panel asesor de los CDC, elegidos por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de la lista de recomendaciones universales de la agencia.

El año pasado, médicos, científicos, líderes locales y otros defensores se unieron para formar una coalición de alcance comunitario y defensa llamada

El grupo busca ofrecer una posición clara y unificada sobre los beneficios comprobados de las vacunas y tranquilizar a residentes confundidos por los numerosos cambios federales.

, ex integrante del Concejo Municipal de Denver, se unió al grupo porque quiere que más personas conozcan su propia historia sobre una enfermedad prevenible con vacunas.

“Todos los veranos todo el mundo se enfermaba”, dijo Boigon al recordar su infancia en Detroit durante la década de 1950.

La enfermedad era la polio, una infección viral muy contagiosa que y que a veces causa parálisis parcial o total.

Durante el verano de 1953, “toda la cuadra estaba enferma y algunos quedamos discapacitados… así eran las cosas”, dijo.

Un nuevo grupo toma la iniciativa

La historia personal de Boigon será parte del trabajo de la coalición para sobre los peligros de enfermedades infecciosas que antes eran comunes en el país, pero que ahora son relativamente raras.

El grupo, que se formó en septiembre pasado, también recopilará información sobre vacunas de grupos médicos y del departamento estatal de salud, y defenderá propuestas de políticas públicas ante el gobierno estatal.

“Fue una respuesta directa a las amenazas federales”, dijo otra integrante de la coalición, la ex legisladora estatal . Ella dirige la organización sin fines de lucro .

Otra integrante, la especialista en relaciones públicas Elizabet Garcia, propone aumentar las actividades de divulgación dirigidas a hispanos, cuyas tasas de vacunación están .

“Muchas veces existe el miedo de tener que pagar de su bolsillo, de que el seguro no lo cubra, otros quizá ni siquiera tienen seguro”, explicó Garcia.

Boigon tenía 5 años cuando se enfermó y estuvo hospitalizada durante seis semanas con fiebre. El virus atacó su columna vertebral.

“Después de eso, ninguna de mis extremidades funcionaba”, contó Boigon.

Aunque más tarde recuperó la función de las otras extremidades, su brazo derecho nunca volvió a funcionar por completo. Tuvo que adaptarse y volver a aprender tareas cotidianas, como extender la mano izquierda para saludar.

En 1955, poco después de que enfermara, la nueva vacuna contra la polio comenzó a estar más disponible para el público. A medida que avanzó la vacunación en Estados Unidos, los casos de polio —que había sido una de las enfermedades más temidas del país— cayeron

Aumentar la confianza pública

Los líderes estatales han tomado otras medidas para promover la salud pública. Después de que la administración Trump retirara a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), varios estados, incluido Colorado, por su cuenta a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS.

Colorado también a una demanda multilateral que impugna los cambios introducidos por la administración Trump al calendario de vacunación infantil.

La nueva ley estatal incluye otras disposiciones que no solo permiten que el estado se aparte de las recomendaciones federales. La ley formaliza la capacidad de los farmacéuticos para recetar y administrar vacunas y aumenta las protecciones legales para los trabajadores de salud que aplican vacunas.

“Esta ley dará más claridad para orientar a todos los habitantes de Colorado, incluidos los proveedores que administran vacunas”, dijo Lontine.

Sin embargo, la legislación tiene opositores que sostienen que las vacunas podrían ser inseguras o ineficaces y aseguran que la ley interferiría con la decisión de los padres.

“Solo quiero asegurarme de que no nos estamos metiendo en una gran disputa política entre las recomendaciones federales —los CDC y demás— y distintas posturas políticas aquí en Colorado”, expresó el , que votó en contra del proyecto de ley sobre vacunas.

Se contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sobre la nueva ley de Colorado. La vocera Emily Hilliard respondió en un correo electrónico: “El calendario actualizado de vacunación infantil de los CDC sigue protegiendo a los niños contra enfermedades graves”.

Aumento de enfermedades prevenibles

Esta oleada de actividad en todo el estado ocurre mientras Colorado y el país han registrado un aumento de los casos de enfermedades como .

Este año, hasta mediados de mayo, Colorado había registrado 22 casos de sarampión. En 2025 se registraron , según el departamento estatal de salud, muy por encima de los totales de años anteriores.

En todo Colorado, la tasa de vacunación contra el sarampión fue del 88% el último año escolar. Solo unos pocos condados alcanzaron tasas de 95%, el nivel necesario para generar inmunidad colectiva, según datos en diciembre.

Esta también fue la peor temporada de gripe en Colorado en los últimos años.

Las tasas de vacunación, tanto contra la gripe como contra covid-19, han disminuido ligeramente en el estado, según cifras oficiales.

en Colorado han muerto esta temporada por gripe, uno por covid y uno por el virus respiratorio sincitial o VRS. Hay , disponibles para niños y recomendadas por el departamento estatal de salud.

Kennedy, un activista antivacunas desde hace mucho tiempo, ha defendido sus decisiones de reformar el calendario recomendado de vacunación infantil. En marzo, un juez federal muchos de esos cambios.

“No le estamos quitando vacunas a nadie. Si quieren vacunarse, pueden hacerlo. El seguro lo cubrirá por completo, igual que antes”, dijo en enero.

Cuando un reportero sugirió que los nuevos cambios podrían hacer que menos personas recibieran la vacuna contra la gripe, Kennedy respondió: “Bueno, puede ser, y quizás eso sea algo bueno”.

Boigon a veces no puede creer todo lo que ha pasado.

“Es como si estuviéramos retrocediendo”, reflexionó. “Como si hubiéramos decidido que no queremos una vida moderna. Que queremos volver a la década de 1950, cuando los niños enfermaban y morían”.

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El programa de exención, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), permite que médicos que no son ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras pasan de la visa que usaron durante su formación a un estatus de trabajador temporal. A cambio, los médicos aceptan trabajar en áreas con escasez de servicios durante al menos tres años.

“Serán los pacientes quienes más sufrirán porque en unos tres meses habrá cientos de lugares que no tendrán un médico que deberían tener”, dijo un psiquiatra afectado por el retraso.

El médico —a quien �������ýҕ�l Health News aceptó no identificar por temor a represalias del gobierno— está entre los cientos que solicitaron este año una exención de la visa J-1 a través del Programa de Visitantes de Intercambio del HHS.

Si la recibe, el psiquiatra —quien estudió medicina en su país de origen, en Europa, antes de venir a Estados Unidos para su residencia y subespecialidad— trabajaría con pacientes vulnerables y desfavorecidos en Nueva York.

En los últimos años, el programa del HHS revisaba las solicitudes de exención en una a tres semanas, según dos abogados de inmigración.

Pero actualmente tiene un atraso de cientos de solicitudes, que aún deben ser revisadas por el Departamento de Estado y aprobadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), según cuatro abogados entrevistados por �������ýҕ�l Health News.

Dijeron que es probable que los médicos extranjeros tengan que regresar a sus países si sus solicitudes no avanzan al USCIS antes del 30 de julio.

Para poder volver a ingresar a Estados Unidos, sus empleadores tendrían que pagar una nueva tarifa de $100.000 asociada con la visa de trabajo H-1B. Es un costo que muchos hospitales y clínicas en áreas rurales y con escasos recursos dicen no poder asumir. “Ese es el precipicio hacia el que se dirige este tren”, señaló Charles Wintersteen, abogado en Chicago, especializado en inmigración relacionada con la fuerza laboral de salud.

Emily Hilliard, vocera del HHS, no respondió preguntas sobre el número de solicitudes pendientes ni explicó qué causó los retrasos. Pero dijo que el Programa de Visitantes de Intercambio ha revisado todas las solicitudes de exención clínica J-1 del año fiscal 2025, así como algunas del año fiscal 2026.

El departamento está “implementando mejoras clave en los procesos para evitar futuros retrasos” y “trabajando diligentemente” para evaluar las solicitudes restantes antes de la fecha límite del 30 de julio, agregó.

El psiquiatra en espera dijo que los empleadores que contratan médicos con exención J-1 deben demostrar que no pudieron cubrir los puestos con trabajadores estadounidenses. Si los médicos que planeaban contratar no pueden llegar a tiempo —o no llegan—, los pacientes tendrán que esperar aún más para que se cubran esas vacantes.

Wintersteen dijo que los puestos de educación médica de posgrado están financiados en gran parte a través de Medicare y que “los contribuyentes que pagan por esa formación no obtendrán el beneficio”.

Médicos y abogados de inmigración dijeron que el HHS no ha explicado los retrasos ni les ha informado qué esperar de sus solicitudes.

“¿Por qué el HHS querría ralentizar y hacer desaparecer un programa que funciona? Un programa que cada año coloca a cientos de médicos internacionales formados en Estados Unidos en zonas del país con gran escasez de servicios”, escribió Jennifer Minear, abogada en Virginia especializada en inmigración de la fuerza laboral de salud, en un correo electrónico. “¿Cómo beneficia eso a la salud pública? Es desconcertante”.

Exenciones retrasadas

El sistema de salud de Estados Unidos depende de profesionales nacidos en el extranjero para cubrir puestos de médicos, enfermeros, técnicos y otros proveedores, especialmente en centros con falta crónica de personal en comunidades rurales y urbanas de bajos ingresos.

Casi una cuarta parte de los médicos en Estados Unidos estudió medicina fuera del país o Canadá, según .

Una vez que los no ciudadanos completan su educación de posgrado en Estados Unidos, que normalmente termina el 30 de junio, deben regresar a su país de origen y esperar dos años antes de solicitar una visa de trabajo H-1B. O pueden solicitar , que les permite permanecer en el país con estatus H-1B a cambio de trabajar durante tres años en un área con escasez de proveedores.

Los abogados dijeron que están viendo retrasos solo en el Programa de Visitantes de Intercambio, no en otros programas federales o estatales de exención J-1.

El programa de atención clínica del HHS recibió 750 solicitudes de exención el año pasado, según Minear y Wintersteen, y está reservado para médicos que trabajan en pediatría, psiquiatría, medicina familiar e interna, o en obstetricia y ginecología.

El programa normalmente necesita enviar recomendaciones al Departamento de Estado a mediados de marzo, según , CEO de la Asociación Médica Estadounidense (AMA).

Minear dijo que el HHS dejó de procesar solicitudes a finales de septiembre o principios de octubre antes de comenzar a enviarlas nuevamente hace unos meses.

“Pero el ritmo es mucho más lento” de lo habitual, dijo.

Minear explicó que el Departamento de Estado suele tardar dos o tres meses en revisar las recomendaciones del HHS y debe enviarlas al USCIS antes del 30 de julio para que la mayoría de los médicos puedan permanecer en el país.

Si no se cumple ese plazo, señaló Wintersteen, los médicos tendrán que abandonar el país a menos que obtengan otro tipo de visa, consigan una exención J-1 a través de otro programa o extiendan su visa actual realizando exámenes de certificación o formación adicional.

El psiquiatra, que debe comenzar a trabajar el 1 de julio, dijo que solicitó la exención para permanecer en Estados Unidos con su pareja y porque le permitiría ayudar a los pacientes de salud mental más vulnerables. Dijo que sus futuros pacientes probablemente incluirían sobrevivientes de trata de personas, personas sin hogar, en prisión o centros de detención. “Esa es la población con la que quiero trabajar”, aseguró.

El retraso de exenciones y el dilema de la H-1B

El presidente Donald Trump emitió que criticaba el uso de visas de trabajo H-1B por parte de la industria tecnológica. La orden creó la tarifa de $100.000 que se aplica a trabajadores de todos los sectores —no solo tecnología— que viven fuera de Estados Unidos. El pago no se aplica a quienes ya están en el país.

Hasta el 15 de febrero, los empleadores habían pagado la tarifa por 85 trabajadores, del USCIS. No está claro si alguno de esos pagos fue para médicos u otros proveedores de salud.

El psiquiatra dijo que los responsables del hospital que planea contratarlo indicaron que no pueden costear traerlo de regreso a Estados Unidos si se ve obligado a salir del país.

“Muchos hospitales que contratan médicos con exención J-1 están en áreas con pocos recursos y atienden a pacientes de Medicare y Medicaid”, dijo. “Por definición, en su mayoría no son hospitales ricos”.

Barry Walker, abogado en Tupelo, Mississippi, enfocado en inmigración de la fuerza laboral de salud, dijo que los empleadores ya han gastado dinero en reclutadores y abogados para ayudar con el proceso de exención.

Sumar la tarifa de la visa H-1B es “simplemente un factor que hace inviable el acuerdo, especialmente para hospitales pequeños y rurales”, explicó.

Los abogados indicaron que la mayoría de los empleadores solo patrocinarán médicos que necesiten una visa H-1B si están en especialidades lucrativas, como la cardiología o la ortopedia, donde pueden recuperar el costo de la tarifa.

También indicaron que es mucho menos probable que los centros de salud paguen la tarifa para contratar enfermeros extranjeros, técnicos de laboratorio y otros profesionales de salud que, con más frecuencia que los médicos, completan su formación fuera de Estados Unidos.

Los empleadores , pero los abogados dijeron que no conocen hospitales o clínicas a los que se les haya concedido una.

Lucha en dos frentes

Médicos, el liderazgo de los hospitales, legisladores y expertos en inmigración tratan de alertar sobre los retrasos en las exenciones J-1 en el HHS, al tiempo que buscan eliminar o limitar la nueva tarifa H-1B.

La administración Trump no ha respondido a cartas de , y que solicitaron una excensión a la tarifa de $100.000 para médicos o para todos los trabajadores de salud.

En marzo, un grupo bipartidista de legisladores presentó un para crear una exención en el sector salud. Aún no ha tenido audiencia.

Al menos tres demandas buscan eliminar completamente la tarifa: una ., la de un grupo de y que incluye una empresa que recluta enfermeros extranjeros y un sindicato que representa a graduados de medicina.

En cuanto a los retrasos en las exenciones J-1, el CEO de AMA pidió al Programa de Visitantes de Intercambio utilizar un “procesamiento de emergencia en lote” para médicos con contratos que comienzan a trabajar este verano.

Efrén Manjarrez, presidente de la Society of Hospital Medicine, que representa a médicos que trabajan en unidades hospitalarias, también pidió medidas de emergencia.

“Cada día que este atraso persiste es un día en que los pacientes hospitalizados en estas comunidades enfrentan mayor riesgo”, al programa.

Mientras tanto, hospitales en Canadá reclutan médicos extranjeros que completan su formación en Estados Unidos, dijo el psiquiatra. Agregó que uno de sus amigos aceptó una oferta, retirando su solicitud de exención del HHS para irse al norte.

El psiquiatra dijo que si debe salir de Estados Unidos, estará alejado de su pareja y se quedará sin trabajo durante meses mientras obtiene la licencia en su país de origen.

Incluso si su empleador pudiera pagar la tarifa H-1B, no está seguro de querer regresar.

“Todo este proceso ha sido increíblemente doloroso y agotador”, dijo. “Preferiría ir a un país que valore mi motivación para trabajar con pacientes”.

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Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y �������ýҕ�l Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a �������ýҕ�l Health News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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“Se siente como si me estuviera asfixiando dentro de este albergue, atrapado sin salida”, dijo el hijo de Carlos cuando le pidieron describir cómo se sentía luego de meses en la instalación en el área de Houston, según contó uno de los abogados de los adolescentes. “Todos los días, la misma rutina. Todos los días, sintiéndome atrapado. Me hace sentir aterrado y sin esperanza”.

Durante llamadas diarias por video, Carlos, quien tenía estatus de protección temporal (TPS), les pedía a los hermanos que tuvieran paciencia, que confiaran en el proceso.

Funcionarios federales habían evaluado a Carlos antes de otorgarle la custodia y le dijeron que su caso estaba completo. Él creía que pronto estaría de nuevo con sus hijos, quienes, al igual que él, habían llegado a Estados Unidos huyendo de la violencia política en Venezuela.

Un oficial de inmigración llamó a Carlos un viernes y le pidió que fuera el lunes a una reunión en una oficina del ICE para hablar sobre la reunificación con sus hijos. Cuando llegó, los oficiales intentaron obligarlo a firmar documentos que dijo no entender. Cuando se negó, le quitaron la ropa, le confiscaron su identificación y sus pertenencias y lo encadenaron por el cuello, la cintura y las piernas.

“Me engañaron”, dijo Carlos en una llamada telefónica desde un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, donde estuvo retenido durante varios meses. “Usaron a mis hijos para atraparme”, agregó.

Durante la cobertura de esta historia, �������ýҕ�l Health News revisó documentos judiciales, habló con los abogados de inmigración de la familia, entrevistó a Carlos y revisó declaraciones de sus hijos, traducidas del español.

Carlos es un seudónimo que se ha usado a pedido de los abogados: les preocupa que hablar públicamente pueda poner en riesgo el caso o retrasar aún más la reunificación familiar.

Usar a los hijos para arrestar a los padres

Desde 2003, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha cuidado a niños migrantes menores de 18 años que llegan al país sin sus padres, a menudo huyendo de la violencia, el abuso o el tráfico humano. La oficina, que en febrero tenía más de 2.300 niños en albergues o con familias temporales en todo el país, se supone que debe liberarlos rápidamente con cuidadores evaluados, generalmente padres u otros familiares que ya viven en el país.

El Congreso asignó esta responsabilidad a la agencia de salud hace más de 20 años para priorizar el bienestar de los niños no acompañados y separar su cuidado de las prioridades de control migratorio.

Ahora, la segunda administración de Trump está usando a niños migrantes bajo custodia de la agencia para atraer a padres, como Carlos, tengan o no antecedentes penales.

Una investigación de �������ýҕ�l Health News encontró que la oficina de reasentamiento, , coordina con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el arresto de personas que buscan la custodia de niños migrantes.

Documentos de arrestos muestran que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de la agencia que normalmente se enfoca en el crimen organizado y en traficantes, entrevista a padres u otros cuidadores y luego los arresta si están en el país sin autorización legal.

Antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la oficina de reasentamiento prohibía compartir datos y colaborar con las autoridades migratorias y no negaba la custodia de niños únicamente por el estatus migratorio de los cuidadores. el año pasado.

No está claro cuántos cuidadores han sido atraídos bajo falsos pretextos para ser arrestados. que indican que más de 100 fueron detenidos mientras intentaban sacar a sus hijos de la detención, pero �������ýҕ�l Health News no pudo verificar de manera independiente esa cifra con agencias federales.

El HHS, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) no han respondido a preguntas sobre arrestos de cuidadores que se les han remitido desde febrero.

Antes de dejar el DHS el mes pasado, la subsecretaria Tricia McLaughlin dijo que la administración protege a los niños de ser entregados a personas que no deberían cuidarlos. Andrew Nixon, vocero del HHS, remitió las preguntas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias al DHS.

Al mismo tiempo, la oficina de reasentamiento que dificultan que los cuidadores obtengan la custodia de niños no acompañados. Estas incluyen reducir el tipo de documentos que se aceptan, exigir verificaciones de antecedentes con huellas dactilares para todos los adultos que vivan en el hogar y para otros cuidadores, y requerir citas en persona para verificar documentos de identidad, a veces con agentes del ICE presentes. Estos requisitos mantienen a los “niños seguros de traficantes y otras personas peligrosas”, dijo Nixon.

Hasta enero, la agencia había retenido a al menos 300 niños que ya habían sido ubicados con patrocinadores evaluados y había pedido a sus cuidadores que volvieran a solicitar la custodia, según el National Center for Youth Law y la Democracy Forward Foundation. Estos dos grupos presentaron calificando estas acciones como “una nueva forma silenciosa de separación familiar”.

Separación a la inversa

Dulce, una madre guatemalteca en Virginia, dijo que a su hijo de 8 años lo enviaron a un albergue del gobierno después de ser detenido durante una parada de tráfico el verano pasado, mientras visitaba a familiares en otro estado.

Al principio, Dulce esperaba recuperar a su hijo en pocos días: había cumplido con los requisitos de patrocinio del gobierno en 2024 y se había reunido con él tres semanas después de que el niño cruzara la frontera. Pero funcionarios de la agencia de reasentamiento le pidieron repetir todo el proceso y volver a presentar documentos, dijo Dulce. Tardó ocho meses en recuperarlo.

Dulce es un seudónimo utilizado a petición suya porque teme que hablar públicamente la ponga en riesgo de deportación.

En un momento, le pidieron que fuera a una entrevista en una oficina del ICE para mostrar su identificación como parte del proceso de reunificación con su hijo. Ella se negó por miedo a que la detuvieran, ya que no tiene estatus legal. Cree que agentes del ICE visitaron su casa en algún momento.

“Dejé de ir a mi casa”, dijo Dulce. “Viví con algunos de mis amigos por días”.

Aunque vivía a solo 45 minutos, a Dulce solo se le permitió visitar a su hijo dos veces al mes.

Hasta hace poco, la mayoría de los niños no acompañados llegaban a la custodia del gobierno luego de ser detenidos en la frontera. Pero los cruces fronterizos comenzaron a disminuir en 2024 y el número de personas que llegan a Estados Unidos ha caído de forma importante durante el segundo mandato del presidente Trump.

Ahora, cientos de niños han sido llevados a albergues del gobierno después de ser detenidos dentro del país, en general durante redadas migratorias o paradas de tráfico, según la demanda de los grupos defensores. Muchos ya vivían con familiares, incluidos tutores previamente evaluados por la agencia de reasentamiento.

Ya casi no hay liberaciones. Según la oficina de reasentamiento, en 2024 los niños bajo su custodia permanecían en albergues o en cuidado temporal por un promedio de un mes. En febrero, ese tiempo había aumentado a más de medio año.

Generalmente se libera a los niños solo después de que sus abogados presentan una demanda en un tribunal federal impugnando su detención como inconstitucional.

Las autoridades liberaron al hijo de Dulce en febrero después de que los abogados del niño presentaron una petición de este tipo. La mujer dijo que se siente aliviada de tenerlo de vuelta, pero sigue con miedo de que el ICE pueda llegar a su casa.

Inmigrantes en riesgo

Durante el primer mandato de Trump, su administración fue criticada por de niños que habían sido liberados de custodia. El presidente Joe Biden fue cuestionado por la forma en que su administración manejó el aumento de niños no acompañados, que alcanzó un pico en 2021 con alrededor de 22.000 bajo custodia de la oficina de reasentamiento.

Aunque la mayoría fueron recibidos por patrocinadores legítimos, algunos fueron entregados a personas que no habían pasado , lo que los puso en .

La administración Trump dice que está verificando y el Departamento de Justicia ha procesado de .

El 1 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien a finales de mes, destacó un , incluida la oficina de reasentamiento, que, según el DHS, había localizado a 145.000 niños no acompañados que habían sido entregados a cuidadores durante el mandato de Biden.

Sin embargo, informes internos del HHS sobre esa iniciativa obtenidos por �������ýҕ�l Health News muestran que casi 11.800 de esos niños migrantes y cerca de 500 de sus cuidadores habían sido arrestados hasta el 29 de enero. Solo 125 de esos niños y 55 de esos cuidadores fueron arrestados por presunta actividad criminal, lo que sugiere que la mayoría fue detenida por violaciones migratorias.

El HHS remitió preguntas sobre esas cifras al DHS, que no respondió a solicitudes de comentarios. Michelle Brané, quien fue funcionaria del DHS durante la administración Biden, dijo que las cifras muestran que la mayoría de los arrestos fueron para detener y deportar migrantes. Anteriormente, que la administración apuntó a padres y cuidadores que habían pagado para que los niños cruzaran la frontera, intentando presentar cargos de tráfico de personas contra ellos.

“Han abandonado esa estrategia en muchos sentidos y ahora van tras cualquiera abiertamente”, dijo Brané. “Estas cifras reflejan claramente que esto no se trata de seguridad pública ni de la seguridad de los niños”.

Caso en espera

Carlos salió de Venezuela en 2022 debido a amenazas de muerte y, como miles de otros que huían de ese país, recibió lo que se conoce como estatus de protección temporal durante la administración Biden. Esa protección fue para la mayoría de los venezolanos por el gobierno de Trump.

En enero de 2025, días antes de que Trump asumiera su segundo mandato, los hijos de Carlos cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos, se entregaron a las autoridades fronterizas y fueron puestos de inmediato bajo custodia de la agencia de reasentamiento.

Carlos pasó meses enviando documentos para reunirse con ellos. Dijo que es su único padre, ya que la madre los abandonó cuando eran pequeños.

Funcionarios visitaron su casa dos veces y determinaron que era apto para cuidarlos, según documentos judiciales que solicitaban su liberación. Pasó pruebas de ADN que confirmaron que es el padre biológico, dijo uno de sus abogados. Sus documentos indican que no tiene “antecedentes penales”. En julio, a Carlos le dijeron que su caso de reunificación estaba completo y en proceso de aprobación. Pero luego, sin explicación, el caso fue puesto en espera.

Antes de que el ICE lo arrestara, Carlos dijo que manejaba 14 horas de ida y 14 de vuelta desde su casa para visitar a sus hijos. Solo podía verlos durante una hora. Cuando estaba detenido, dijo que hablaba con ellos aproximadamente cada dos semanas en llamadas breves y supervisadas.

Intenta mantenerse la esperanza, pero es difícil.

Según documentos redactados por oficiales del ICE durante su arresto y presentados en su caso judicial, Carlos fue detenido bajo una iniciativa llamada Operation Guardian Trace, que exige a los oficiales migratorios detener a posibles cuidadores si están en el país sin autorización legal y recomendar su deportación.

“Esta operación está diseñada para obligar a los padres a tomar una decisión imposible entre reunirse con sus hijos y buscar seguridad”, dijo una de las abogadas de Carlos, Chiqui Sanchez Kennedy, del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes de bajos recursos.

“Voy a esperar”

En marzo, un juez federal determinó que Carlos había sido detenido de manera ilegal y fue liberado bajo fianza.

Pero sus hijos aún enfrentan un futuro incierto. muestran que los albergues del gobierno a menudo carecen de suficientes recursos y trabajadores sociales dicen que estadías prolongadas en estos lugares pueden causar más trauma.

“No solo es malo, sino que cuanto más tiempo estás allí, peor se vuelve”, expresó Jonathan Beier, director asociado de investigación y evaluación del programa para niños no acompañados del Acacia Center for Justice, que coordina servicios legales para estos menores.

Los hijos de Carlos también podrían ser enviados de regreso al país del que huyeron. Debido a su detención, Carlos tendrá que repetir gran parte del proceso para reunirse con ellos, según una abogada de los niños, Alexa Sendukas, también del Galveston-Houston Immigrant Representation Project.

En declaraciones compartidas a través de Sendukas, la hija de Carlos dijo que ya no quiere estar con otras personas y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Su hijo, ahora de 15 años, describió tener ataques de pánico y sentir que se está perdiendo la vida, ya sean las oportunidades con las que sueña — aprender inglés, estudiar ciencia — o ver baloncesto con su familia.

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a este albergue; tenía mucha esperanza y fe en que pronto me reuniría con mi papá”, dijo.

La hija de Carlos pasó el día llorando en la cama cuando los hermanos se enteraron de que su padre había sido detenido. Durante días, no supieron dónde estaba. Ahora, temen que la única salida sea la adopción o el cuidado temporal.

“Tengo miedo”, dijo. “Voy a esperar a mi papá siempre”.

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Miller, quien es neurocientífica, dijo que consultó a varios psiquiatras y recibió receta tras receta de distintos medicamentos. Durante dos años, probó cuatro antidepresivos y dos antipsicóticos. Nada de eso ayudó hasta que su doctor de atención primaria notó niveles altos de un marcador autoinmune en su sangre.

Un especialista luego le hizo “todas las pruebas posibles”, dijo Miller. Finalmente, la diagnosticaron con la enfermedad autoinmune lupus y le recetaron un esteroide para reducir la inflamación. Algunos de sus síntomas mejoraron en cuestión de horas. Su depresión disminuyó poco después.

“Estaba convencida de que era un efecto placebo”, dijo Miller, “pero luego siguió funcionando”.

¿Había contribuido la inflamación a sus problemas de salud mental todo el tiempo? Miller cree que sí, aunque no puede saberlo con certeza. Sus psiquiatras nunca mencionaron esa posibilidad, dijo.

En la mayoría de las especialidades médicas, los doctores pueden confirmar si deben seguir un tipo de tratamiento mediante pruebas, como análisis de sangre, estudios de imagen y biopsias. Sin embargo, los trastornos mentales históricamente se han diagnosticado y tratado en base a síntomas visibles. Eso podría cambiar.

En la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó ideas sobre cómo podría incorporar biomarcadores —indicadores biológicos de enfermedad mental que pueden aparecer en pruebas diagnósticas— en futuras versiones de su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés).

El DSM, a veces llamado por su influencia en el campo, proporciona criterios de diagnóstico. Lo utilizan clínicos que evalúan a pacientes y aseguradoras para decidir si cubren la atención.

Se necesita investigación “coordinada”

Los biomarcadores psiquiátricos aún no están listos para un uso generalizado, enfatiza el documento. Los científicos han investigado el tema por décadas, con pocos resultados. Se necesita más investigación para demostrar que estas mediciones son lo suficientemente válidas y confiables para usarse en la atención de pacientes, señala el documento de la asociación, y otros investigadores han planteado dudas sobre cómo su uso podría afectar los costos de la atención médica, la cobertura y la privacidad de los pacientes.

Agregar biomarcadores al DSM sería “algo muy importante”, dijo Jonathan Alpert, autor del documento de enero y vicepresidente del Comité Estratégico del Futuro del DSM de la asociación profesional.

El acceso a resultados de pruebas, junto con los síntomas, podría agilizar las decisiones de cobertura de seguros y ayudar a los clínicos a hacer diagnósticos y recomendaciones de tratamiento más rápidos y precisos, dijo. Si la biología de los pacientes sugiere que responderán mejor a un tratamiento que a otro, el doctor podría comenzar de inmediato con esa opción.

Actualmente, recetar medicamentos psiquiátricos puede ser “algo incierto”, ya que los clínicos no pueden predecir si funcionarán en un paciente en particular, dijo Matthew Eisenberg, director del Centro de Políticas de Salud Mental y Adicciones de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

En de principios de la década de 2000 financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental, alrededor del 30% de los participantes con depresión vieron desaparecer sus síntomas con su primer tratamiento antidepresivo. Ese estudio sigue siendo uno de los ensayos más sólidos realizados sobre antidepresivos, aunque investigadores que menos personas se curan con estos medicamentos de lo que sugieren sus resultados.

Este enfoque de prueba y error puede llevar a recetas ineficaces e innecesarias, un tema criticado por defensores del movimiento Make America Healthy Again, encabezado por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy ha sido especialmente , al vincularlos con la violencia después de sin evidencia y culpar a los doctores por recetar en exceso medicamentos a niños.

El HHS está analizando tendencias en diagnósticos y recetas psiquiátricas y evaluando enfoques alternativos de tratamiento en salud mental, con especial atención en niños, dijo la vocera Emily Hilliard en un comunicado. Hilliard no respondió a una pregunta sobre comentarios previos de Kennedy.

Los biomarcadores ya se utilizan para guiar tratamientos en otras áreas médicas, como la oncología. Arizona, Georgia, Kentucky, Texas y exigen que las aseguradoras cubran este tipo de pruebas. También se utilizan análisis de sangre y estudios de imagen para ayudar a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer.

La Asociación Americana de Psiquiatría incluyó en su artículo varias formas en que los biomarcadores psiquiátricos podrían usarse en el futuro, como pruebas de actividad cerebral, perfiles genéticos o marcadores inmunológicos asociados con ciertas condiciones psiquiátricas, incluidas la esquizofrenia y las adicciones.

En la depresión, por ejemplo, alrededor de una cuarta parte de los pacientes tiene niveles elevados de una proteína inflamatoria llamada proteína C reactiva, que puede detectarse mediante un análisis de sangre. Las que las personas con niveles altos de esta proteína parecen responder mejor cuando reciben medicamentos que modifican los niveles de dopamina en el cerebro, en lugar de usar solo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), un tipo común de antidepresivo.

La proteína C reactiva aún necesita ser “validada de manera sólida” como biomarcador, según el documento de la APA, pero es una de las opciones más prometedoras bajo estudio.

Se necesita un esfuerzo de investigación “coordinado y bien financiado” para lograr esa validación, escribió la asociación, lo cual es incierto ya que la administración Trump recortó el financiamiento para investigación.

Solo al Instituto Nacional de Salud Mental se le cancelaron en 2025 al menos 128 subvenciones, por un valor de casi $173 millones, según en la revista JAMA. Aunque desde entonces algunas subvenciones han sido restauradas, los investigadores que dependen de fondos federales aún temen recortes.

“Hay una gran necesidad de financiamiento continuo y activo para la investigación relacionada con la salud mental”, dijo Alpert, pero los científicos tendrán que enfrentar “incertidumbres en el panorama de financiamiento”.

Efectos en cobertura y costos

Los costos de la atención médica entre pacientes con enfermedades mentales mal controladas, como hospitalizaciones, consultas ambulatorias y medicamentos. Algunas investigaciones sugieren que las pruebas de biomarcadores podrían ahorrar dinero al encontrar tratamientos adecuados más rápido y evitar algunos de estos costos.

Unestimó que las pruebas para identificar componentes genéticos que pueden influir en la efectividad de un medicamento podrían ahorrar al sistema de salud de Canadá $956 millones en 20 años si se aplican en adultos con depresión mayor en British Columbia., de investigadores españoles, encontró que estas pruebas redujeron costos para la mayoría de los 188 participantes con enfermedad mental grave.

No se sabe si ocurriría lo mismo en el sistema de salud de Estados Unidos. A corto plazo, dijo Eisenberg, un enfoque que use biomarcadores podría aumentar el gasto en atención médica debido al costo de las pruebas.

Las aseguradoras podrían negarse a cubrir pruebas de biomarcadores costosas, agregó. “Toma tiempo demostrar que la nueva evidencia científica es segura y efectiva”, dijo Eisenberg. “Y una vez que lo es, las aseguradoras no la cubren de inmediato”.

Algunos investigadores han expresado preocupación de que aseguradoras o empleadores puedan discriminar a personas cuyos perfiles biológicos sugieren riesgo de desarrollar afecciones neuropsiquiátricas graves.

Es un “momento crítico” para considerar enfoques legislativos que protejan a los pacientes y capaciten a los clínicos sobre cómo usar estas herramientas de manera adecuada, dijo Gabriel Lázaro-Muñoz, miembro del Centro de Bioética de la Escuela de Medicina de Harvard.

“No creo que el campo de la psiquiatría esté listo en este momento para manejar esto”, dijo.

El sistema de salud mental no está listo para “avanzar por completo”, dijo Andrew Miller, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, quien estudia la depresión relacionada con la inflamación. Pero la adopción de biomarcadores por parte de la asociación de psiquiatría marca “el inicio de una revolución”, dijo.

“Esto es un reconocimiento… de que lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente”, dijo Miller. “Y podemos hacerlo mejor”.

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En pocos días, Reynolds estaba tan desesperada que ella y su esposo tuvieron que sujetar físicamente a Jonah para obligarlo a tomar el remedio, echándoselo en la garganta mientras él gritaba de dolor.

“Nos rompió el corazón”, contó Reynolds, que en ese momento vivía en Georgetown, Kentucky. “Y recuerdo que pensé que no debería tener que llegar a eso”.

Reynolds no pudo encontrar un dentista con una cita disponible que pudiera atender a Jonah, que es autista y a menudo se resiste a los exámenes dentales por hipersensibilidad y ansiedad. Durante cinco días, Reynolds llevó a Jonah dos veces a una sala de emergencias cercana, mientras el niño lidiaba con un dolor persistente y fiebre por lo que probablemente fuera un diente infectado con un nervio expuesto.

En la sala de emergencias no había dentistas; las dos veces la familia regresó a casa solo con analgésicos y una bolsa de hielo.

En todo el país, cada vez más niños llegan a las salas de emergencias por problemas dentales prevenibles. Dentistas, higienistas e investigadores atribuyen esa tendencia a la falta de profesionales de odontología pediátrica en zonas rurales y a un deterioro de la higiene bucal desde la pandemia de covid-19.

Decenas de miles de niños terminan en el hospital por emergencias dentales cada año, según Melissa Burroughs, directora sénior de políticas y defensa del paciente de la organización nacional sin fines de lucro CareQuest Institute for Oral Health.

Las visitas a salas de emergencias por problemas dentales no relacionados con lesiones físicas aumentaron en niños menores de 15 años entre 2019 y 2022, según un informe publicado a finales del año pasado por CareQuest.

Los datos locales reflejan esa tendencia nacional.

En el Hospital de Niños de Colorado, en el área de Denver, los casos dentales no traumáticos —como caries o infecciones de encías— atendidos en la sala de emergencias aumentaron un 175% entre 2010 y 2025, según Sarah Bonar, vocera del hospital.

En Kentucky, donde vive Jonah, las visitas de niños a salas de emergencia por problemas dentales aumentaron un 72 % entre 2020 y 2024, según los registros del estado.

Los cambios de política ejecutados por el gobierno de Donald Trump podrían empeorar la tendencia.

La ley de reconciliación presupuestaria federal de 2025 impulsada por el presidente, conocida como One Big Beautiful Bill Act, pidió recortes de miles de millones de dólares a Medicaid, lo que podría obligar a los estados a limitar o eliminar la cobertura dental del programa de salud pública para personas con bajos ingresos o con discapacidades.

Nuevos requisitos de elegibilidad de Medicaid en algunos estados podrían afectar el acceso de los niños a la atención dental, aunque el programa les garantiza esa cobertura. Investigaciones muestran que cuando los padres pierden Medicaid, incluso los niños que mantienen su cobertura tienen más probabilidades de tener y de ir al dentista.

La administración Trump también ha promovido el escepticismo sobre el flúor. muestran que el flúor en el agua potable y los tratamientos tópicos con flúor previenen y reducen de forma importante la caries dental.

En meses recientes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) contra el uso de suplementos de flúor y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sobre “posibles riesgos para la salud del flúor en el agua potable”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha llamado al flúor un “” y un “”. Un estudio de 2025 en JAMA Pediatrics vinculó niveles altos de flúor con un coeficiente intelectual más bajo en niños, pero solo con concentraciones del nivel recomendado en el agua potable pública.

, un dentista pediátrico en la University of Washington que estudia la reticencia al flúor, teme que las posturas anti flúor erosionen aún más la confianza en los tratamientos con flúor.

Desde el comienzo de 2026, legisladores en por lo menos 15 estados han presentado proyectos de ley para prohibir o limitar el flúor en el agua potable pública. Utah y Florida se convirtieron en 2025 en los primeros estados en aprobar esas prohibiciones.

“¿Eso va a tener un efecto en las tasas de caries? Absolutamente”, sostuvo Chi.

Aumentan los casos dentales graves

Las dentistas pediátricas Katherine Chin y Chaitanya Puranik dijeron que están atendiendo a más pacientes como Jonah en el hospital infantil de Colorado. Los casos graves también se han vuelto más frecuentes. Puranik agregó que antes, por lo general, veía pacientes con una sola caries, pero ahora a menudo llegan con caries en toda la boca.

Durante la pandemia, muchos consultorios dentales . Además, estudios muestran que los niños también , un factor de riesgo importante para los problemas dentales.

Las caries graves que llevan a la extracción de dientes pueden afectar el y, a veces, causar problemas a largo plazo para o .

Millones de personas viven en zonas de Estados Unidos donde , con pocos dentistas a una distancia razonable en auto. Además, según la American Dental Association, solo atiende a pacientes de Medicaid, debido a las bajas tasas de reembolso, que en promedio son de lo que cobran habitualmente.

Los niños con discapacidades intelectuales o del desarrollo pueden tener aun más dificultades para acceder a atención dental de calidad.

Pocos dentistas generales tienen suficiente formación pediátrica para atender a niños con discapacidades como Jonah, que se agobian con facilidad o necesitan sedación para un examen, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a �������ýҕ�l Health News.

tienen necesidades especiales de atención médica, y esos niños tienen de no tener cubiertas sus necesidades dentales. Sus padres también de tener problemas para .

Cuando era más pequeño, Jonah no dejaba que sus papás le cepillaran los dientes. Esto le generó caries en sus dientes de leche, explicó su mamá.

Después de la primera visita de Jonah a la sala de emergencias, Reynolds encontró un dentista general que tenía una cita disponible. Pero, a diferencia de un dentista pediátrico capacitado, dijo, el dentista no supo cómo examinar a Jonah de una forma que él pudiera tolerar y no estaba preparado para sedarlo. Jonah se fue sin tratamiento y pronto, cuando volvió la fiebre, regresó a la sala de emergencias.

Las salas de emergencias rara vez ofrecen soluciones

, pediatra en el condado de Washington, en Maine, aseguró que está viendo “las caries más horribles” en Down East Community Hospital.

Las salas de emergencia a menudo no están preparadas para tratar problemas dentales, explicó Weitz. Como a la que fue Jonah en Kentucky, Down East no tiene dentistas entre su personal. Weitz a menudo termina recetando antibióticos como medida temporal. “Pero un mes después, los pacientes regresan porque la situación vuelve a agravarse”, dijo Weitz.

Como posible solución, estados como Maine y Alaska están proponiendo usar fondos del , dotado con $50.000 millones, para desarrollar la fuerza laboral de salud bucal o crear centros especializados de atención dental que puedan atender mejor y más rápido a niños con necesidades especiales de atención médica.

Pero esas iniciativas no resolverán la pérdida de cobertura que se anticipa por  los recortes a Medicaid.

El año pasado, California otorgó $47 millones en subvenciones estatales para desarrollar o ampliar más de 120 centros odontológicos destinados a atender a pacientes con necesidades especiales de atención médica.

La emergencia dental de Jonah le costó a Reynolds una semana sin trabajar en su empleo como peluquera de perros y a Jonah tres días de tercer grado, además de los cientos de dólares que tuvieron que pagar de su propio bolsillo.

Finalmente, Reynolds encontró a un especialista en cirugía oral que le extrajo el diente. Pero incluso eso salió mal. Cuando Jonah se alteró por el pinchazo de una aguja, el cirujano amenazó con sujetarlo por la fuerza, contó Reynolds. Agregó que el profesional se fue rápidamente después del procedimiento sin darle un diagnóstico claro de qué había causado el dolor de Jonah.

La extracción terminó con el dolor de muelas, pero Reynolds opinó que más profesionales deberían saber cómo manejar casos como el de Jonah, con más sensibilidad hacia las familias.

Cuatro años después, todavía sigue fresco en su memoria el momento en que tuvo que obligar a Jonah a tomar el medicamento para el dolor. “Eso nunca se me va a olvidar”, concluyó Reynolds.

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Después de que Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), despidiera a Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglé), por negarse a lo que sus abogados calificaron , Newsom para ayudar a modernizar el sistema de salud pública de California.

También dio trabajo a Debra Houry, ex directora científica y médica de la agencia, quien había renunciado en protesta pocas horas después del despido de Monarez.

Newsom también se asoció con los gobernadores demócratas Tina Kotek, de Oregon; Bob Ferguson, de Washington; y Josh Green, de Hawaii para formar la , una agencia regional de salud pública.

Los gobernadores que sus recomendaciones “defenderán la integridad científica en la salud pública mientras Trump destruye” la credibilidad de los CDC. Newsom argumentó que crear la alianza independiente era vital mientras Kennedy lidera el retroceso de las recomendaciones nacionales de vacunación de la administración Trump.

Más recientemente, California se convirtió en el primer estado en de respuesta a brotes coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguido por Illinois y Nueva York. Colorado y Wisconsin indicaron que planean unirse.

Esto ocurrió después de que el presidente Donald Trump a Estados Unidos de la agencia, argumentando que la OMS “se ha desviado de su misión principal y ha actuado en contra de los intereses de Estados Unidos para proteger al público estadounidense en múltiples ocasiones”.

Newsom dijo que unirse al consorcio liderado por la OMS permitirá a California responder más rápido a brotes de enfermedades contagiosas y a otras amenazas a la salud pública.

Aunque otros gobernadores demócratas y líderes de salud pública han criticado abiertamente al gobierno federal, pocos han sido tan directos como Newsom, quien considera postularse a la presidencia en 2028 y está en su segundo y último mandato como gobernador.

Miembros de la comunidad científica han elogiado su esfuerzo por construir una defensa de salud pública frente a los recortes de financiamiento y la reducción de las recomendaciones de vacunas por parte del gobierno federal.

Lo que está haciendo Newsom “es una gran idea”, dijo Paul Offit, crítico de Kennedy y experto en vacunas que anteriormente formó parte del comité asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), pero fue removido bajo la administración Trump en 2025.

“La salud pública se ha puesto de cabeza”, dijo Offit. “Tenemos a un activista antivacunas y negador de la ciencia al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Es peligroso”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre la postura de Newsom y el HHS rechazó solicitudes para entrevistar a Kennedy.

En cambio, funcionarios federales de salud criticaron a los demócratas en general y argumentaron que los estados gobernados por demócratas están participando en fraude y mala administración de fondos federales en programas de salud pública.

Emily Hilliard, vocera del HHS, dijo que la administración está actuando contra “estados gobernados por demócratas que impulsaron confinamientos sin base científica, mandatos de máscaras para niños pequeños y estrictas tarjetas de vacunación durante la era del covid”. Señaló que esas medidas “han erosionado completamente la confianza del pueblo estadounidense en las agencias de salud pública”.

Salud pública guiada por la ciencia

Desde que Trump regresó al poder, Newsom ha criticado al presidente y a su administración por impulsar políticas que considera una amenaza para la salud y la seguridad públicas. Ha calificado a los líderes federales como “extremistas” que intentan “usar los CDC como arma y difundir desinformación”.

También a funcionarios federales por vincular erróneamente a las vacunas con el autismo y que la administración está poniendo en peligro la vida de bebés y niños pequeños al reducir las recomendaciones de vacunas infantiles. Además, argumentó que la Casa Blanca está generando “caos” en el sistema de salud pública de Estados Unidos al retirarse de la OMS.

El gobernador rechazó una solicitud de entrevista. Marissa Saldivar, vocera de Newsom, dijo que es una prioridad del gobernador “proteger la salud pública y brindar a las comunidades orientación basada en ciencia y evidencia, no en política ni conspiraciones”.

Las acciones de la administración Trump han generado incertidumbre financiera que, según funcionarios locales, ha reducido la moral dentro de los departamentos de salud pública y ha dejado a los estados menos preparados para brotes de enfermedades y .

El año pasado, la Casa Blanca propuso recortar el gasto del HHS en , incluidos . En enero, el Congreso rechazó en gran medida esos recortes, aunque para programas centrados en determinantes sociales de la salud, como el acceso a alimentos, vivienda y educación.

La administración Trump anunció que retiraría en fondos de salud pública de California, Colorado, Illinois y Minnesota, argumentando que los estados liderados por demócratas financiaban iniciativas “woke” que no reflejaban las prioridades de la Casa Blanca.

En cuestión de días, y un juez el recorte.

“De repente siguen cancelando subvenciones y luego se revierte en los tribunales”, dijo Kat DeBurgh, directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Salud de California. “Gran parte del daño ya está hecho porque los condados ya dejaron de hacer el trabajo”.

Según un análisis de 2025 de KFF, una organización sin fines de lucro de información sobre salud que incluye a �������ýҕ�l Health News, el financiamiento federal representa de los presupuestos de los departamentos de salud estatales y locales en todo el país. Ese dinero se destina a combatir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, prevenir enfermedades crónicas y fortalecer la preparación en salud pública y la respuesta a enfermedades contagiosas.

Los fondos federales representan $2.400 millones del presupuesto de salud pública de $5.300 millones de California, lo que dificulta que Newsom y los legisladores estatales compensen posibles recortes. Ese dinero ayuda a financiar operaciones estatales y es vital para los departamentos de salud locales.

Los recortes afectan a todos

Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Ángeles, dijo que si el gobierno federal logra recortar esos $600 millones, el condado —con casi 10 millones de residentes— perdería unos $84 millones en los próximos dos años, además de otras subvenciones para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Ferrer señaló que el condado depende de casi $1.000 millones en financiamiento federal al año para rastrear y prevenir enfermedades contagiosas y combatir problemas crónicos de salud, incluidos la hipertensión y la diabetes. El condado el cierre de que ofrecían vacunación y pruebas de enfermedades, en gran parte por pérdidas de financiamiento relacionadas con recortes a subvenciones federales.

“Es una estrategia mal informada”, dijo Ferrer. “La salud pública no se preocupa por si tu afiliación política es republicana o demócrata. No se preocupa por tu estatus migratorio ni por tu orientación sexual. La salud pública tiene que estar disponible para todos”.

Un solo caso de sarampión requiere que los trabajadores de salud pública rastreen a unas 200 personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente, dijo Ferrer.

Estados Unidos , pero está cerca de perder ese estatus debido al escepticismo sobre las vacunas y a la desinformación difundida por sus críticos. El año pasado hubo , la mayor cifra desde 1991, con un 93% en personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación era desconocido.

Este año, la enfermedad altamente contagiosa se ha reportado en , y en .

Funcionarios de salud pública esperan que la West Coast Health Alliance ayude a contrarrestar las políticas de Trump al generar confianza mediante recomendaciones de salud pública basadas en evidencia.

“Lo que estamos viendo del gobierno federal son políticas partidistas en su peor forma y represalias por diferencias sobre políticas públicas; esto pone en un riesgo extraordinario la salud y el bienestar del pueblo estadounidense”, dijo Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés), una coalición de profesionales de salud pública.

Un calendario de vacunación más sólido

Erica Pan, principal funcionaria de salud pública de California y directora del Departamento de Salud Pública de California, dijo que la West Coast Health Alliance está defendiendo la ciencia al recomendar un calendario de vacunación más sólido que el del gobierno federal.

California forma parte de una coalición que por su decisión de retirar las recomendaciones de siete vacunas infantiles, incluidas las de la hepatitis A, la hepatitis B, la influenza y covid-19.

Pan expresó una profunda preocupación por la situación de la salud pública, especialmente por el aumento de casos de sarampión.

“Estamos retrocediendo”, dijo Pan sobre las inmunizaciones.

Sarah Kemble, epidemióloga estatal de Hawaii, dijo que el estado se unió a la alianza después de escuchar a residentes que apoyan las vacunas y quieren tener la seguridad de que seguirán teniendo acceso a ellas.

“Recibíamos muchas preguntas de personas con ansiedad que sí entendían las recomendaciones basadas en la ciencia, pero se preguntaban: ‘¿Todavía voy a poder ir a ponerme mi vacuna?’”, dijo Kemble.

Otros estados liderados principalmente por demócratas también han formado alianzas. Pennsylvania, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y varios otros estados de la costa este se unieron para crear el .

Hilliard, del HHS, dijo que aunque los gobernadores demócratas establezcan coaliciones asesoras sobre vacunas, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización federal “sigue siendo el organismo científico que guía las recomendaciones de vacunación en este país, y el HHS garantizará que la política se base en evidencia rigurosa y ciencia de alto nivel, no en la política fallida de la pandemia”.

Influencia en estados republicanos

Por su parte, Newsom aprobó una asignación anual recurrente de casi $300 millones para apoyar al Departamento de Salud Pública de California, así como a las 61 agencias locales de salud pública en el estado. El año pasado también que autoriza al estado a emitir sus propias recomendaciones de inmunización.

La ley exige que las aseguradoras de salud en California cubran las vacunas recomendadas por el estado, incluso si el gobierno federal no las recomienda.

Jeffrey Singer, doctor y investigador principal del Cato Institute, un centro de pensamiento libertario, dijo que la descentralización puede ser beneficiosa. Esto se debe a que las campañas informativas locales que reflejan distintas ideologías políticas y prioridades comunitarias pueden tener más posibilidades de influir en el público.

Un análisis de KFF encontró que algunos estados republicanos se están sumando a estados demócratas para desvincular sus recomendaciones de vacunación del gobierno federal. Singer dijo que doctores en su estado natal de Arizona están mirando a California, más liberal, para guiarse sobre consejos de vacunación.

“La ciencia nunca está completamente establecida y hay muchas áreas de este país donde existen diferencias de opinión”, dijo Singer. “Esto puede ayudarnos a cuestionar nuestras suposiciones y aprender”.

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Dijo que “cada pequeña molestia, como un dolor de rodilla,  le hacía pensar: este es el final del camino para mí”.

Así que Zapp, de 40 años, directora de comunicaciones en Nueva York, se convirtió en una de los millones de estadounidenses que comenzaron a tomar medicamentos para la ansiedad (ansiolíticos) en los últimos años. En su caso, fue Lexapro, un fármaco que aumenta la producción de serotonina.

“Me encanta. Ha sido excelente”, dijo. “Realmente me ha ayudado a manejarla”.

La proporción de adultos en el país que tomaron medicamentos para la ansiedad aumentó de 11,7% en 2019 a 14,3% en 2024, y la mayor parte del incremento se registró durante la pandemia de covid, según de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Eso representa 8 millones de personas más, un total aproximado de 38 millones, con aumentos marcados entre adultos jóvenes, personas con título universitario y adultos que se identifican como LGBTQ+.

Aunque los medicamentos psiquiátricos han ganado aceptación pública y son más fáciles de conseguir mediante citas de telemedicina, el aumento en el uso de una clase de antidepresivos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, conocidos como ISRS, ha generado críticas de partidarios del movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA), quienes sostienen que son perjudiciales.

Médicos e investigadores dicen que medicamentos como Prozac, Zoloft y Lexapro son tratamientos de primera línea para muchos trastornos de ansiedad, incluidos el trastorno por ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, y que han sido presentados de forma incorrecta como adictivos y dañinos en general, a pesar de que se ha demostrado que son seguros para uso prolongado.

Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), ha criticado el uso creciente de los ISRS. Durante su audiencia de confirmación el 29 de enero, dijo que conoce personas, incluidos familiares, a quienes les resultó que dejar la heroína. Más recientemente, afirmó que entre el uso de ISRS y otros medicamentos psiquiátricos y comportamientos violentos como tiroteos escolares.

Marty Makary, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que el uso de los ISRS en mujeres embarazadas podría provocar malos resultados en el nacimiento.

Los efectos secundarios comunes de los ISRS incluyen . Algunos también y causar otros efectos sexuales secundarios.

Para muchas personas, sin embargo, los efectos secundarios son leves y tolerables, y los beneficios de tratar la ansiedad crónica lo compensan, señaló , presidente de la Sociedad Psiquiátrica del Sur de California. “Las declaraciones sobre los ISRS simplemente no estaban basadas en ningún tipo de evidencia o hecho”, dijo Kelly sobre los comentarios de Kennedy.

mostró que más de la mitad de las personas con trastorno por ansiedad generalizada que tomaban un ISRS vieron reducidos sus síntomas de ansiedad al menos en un 50%. Los efectos secundarios llevaron a aproximadamente 1 de cada 12 personas a dejar de usar el medicamento.

“Cuando se hace de manera adecuada y también se utilizan técnicas de terapia apropiadas, los ISRS pueden ser realmente muy útiles”, dijo , psiquiatra que ejerce en Los Ángeles.

MAHA atribuye la ansiedad a una mala alimentación y a la falta de ejercicio

Los partidarios de MAHA han atribuido en parte el aumento de varios problemas de salud, incluidos la ansiedad, la depresión y otros trastornos de salud mental, a malas decisiones alimentarias y a un estilo de vida sedentario. Como solución, han propuesto medidas como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, que con la depresión y la ansiedad, y disminuir el tiempo frente a pantallas a favor del ejercicio.

Los psiquiatras suelen recomendar y ejercicio para . Wood dijo que los que pueden manejar la ansiedad sin medicamentos también deberían considerar la terapia de conversación. La proporción de adultos en Estados Unidos que utilizan consejería en salud mental aumentó entre 2019 y 2024 a medida que la teleterapia ganó popularidad, según datos federales. “Los trastornos de ansiedad están entre los trastornos psiquiátricos que mejor responden a la terapia cognitivo-conductual”, dijo.

Pero los medicamentos pueden ayudar.

Estudios muestran que los riesgos de tomar ISRS durante el embarazo para la madre y el bebé. En contraste, “la depresión aumenta el riesgo de casi todas las complicaciones para la madre y el bebé”, expresó Wood, y agregó que declaraciones recientes de funcionarios del gobierno sobre el uso de ISRS durante el embarazo “podrían estar causando un daño real a estas mujeres”.

Algunas personas que dejan de tomar antidepresivos , especialmente si los suspenden de forma repentina. Pero “el concepto de adicción simplemente no se aplica a estos medicamentos”, dijo Kelly, una por .

La adicción sí es posible con benzodiacepinas como Xanax, que a menudo son un tratamiento de segunda línea para la ansiedad. Estas sustancias controladas también pueden aumentar el en pacientes que toman ambos tipos de medicamentos. Durante audiencias en el Congreso el año pasado, Kennedy también criticó el uso excesivo de benzodiacepinas como un problema.

Aunque las benzodiacepinas son efectivas a corto plazo, requieren supervisión y cuidado, dijo Wood.

“Son medicamentos muy útiles para la ansiedad aguda y no son adecuados como tratamiento a largo plazo, porque pueden generar dependencia con el tiempo”, explicó Wood. “Si se toman a diario, se necesita cada vez más para lograr el mismo efecto y luego hay que reducir la dosis de manera gradual”.

también toma ocasionalmente betabloqueantes como el propranolol para la ansiedad. Algunas las usan para prevenir el ritmo cardíaco acelerado antes de un discurso público u otros momentos importantes, aunque no están aprobadas por la FDA para tratar la ansiedad y se usan por fuera de lo que indica la receta.

Los betabloqueantes , pero “no generan adicción, son útiles para reducir la activación del sistema nervioso autónomo, pasar de la respuesta de lucha o huida a un estado más neutral y son seguros”, dijo Wood.

Cambios sociales impulsan el aumento en el uso de estos medicamentos

Un número de podrían explicar por qué muchas más personas están tomando medicamentos para la ansiedad, un mayor uso de redes sociales, más aislamiento y mayor incertidumbre económica, según médicos e investigadores.

Además, los medicamentos son relativamente fáciles de obtener. Muchas personas reciben recetas de ISRS y benzodiacepinas de su médico de atención primaria. Otras, .

Muchos influencers en redes sociales sus de , lo que ha reducido el estigma entre los jóvenes y los anima a buscar ayuda. Aproximadamente un tercio de los adolescentes en dijo que busca información sobre salud mental a través de redes sociales.

Aun así, el mayor acceso a medicamentos para la ansiedad puede ser problemático cuando se combina con una tendencia a autodiagnosticarse basada en información en redes sociales. Una búsqueda en Google de “” muestra promesas patrocinadas de tratamiento el mismo día, aunque la letra pequeña aclara que no se garantiza una receta.

“Creo que un mayor acceso es algo positivo, pero no es lo mismo que, por ejemplo, pedir Xanax por internet”, dijo Kelly.

Los adultos jóvenes impulsan en gran medida el aumento en el uso de medicamentos para la ansiedad. La proporción de estadounidenses de 18 a 34 años que los toman aumentó de 8,8% en 2019 —el primer año en que estos datos estuvieron disponibles— a 14,6% en 2024. En contraste, la tasa cambió poco entre los adultos de 65 años o más, según datos de los CDC.

La pandemia y los confinamientos por covid aumentaron de forma importante el estrés entre muchos adultos, .

Los datos también muestran que más mujeres que hombres toman medicamentos para la ansiedad.

, jefe de departamento y profesor de Sociología en la Universidad de Pennsylvania, dijo que esto se debe a que es más probable que los necesiten. También es más probable que las mujeres digan cuando se sienten ansiosas, y los médicos “tienden a identificar la ansiedad con mayor facilidad en sus pacientes mujeres que en sus pacientes hombres”, añadió Schnittker.

También podrían influir tendencias más amplias. Schnittker señaló que estudios han mostrado que la ansiedad se ha vuelto más común entre generaciones sucesivas durante gran parte del siglo XX y el siglo XXI. Autor de , dijo que el aumento de la desigualdad de ingresos podría ser un factor, ya que las personas sienten presión por mejorar su situación económica. Las actividades sociales y religiosas han sido reemplazadas por un mayor aislamiento. Y las personas se han vuelto más desconfiadas de los demás, lo que crea una sensación de inquietud frente a extraños.

Para Zapp, sobreviviente de cáncer, pasaron algunos meses tomando Lexapro antes de notar resultados claros. Cuando ocurrió, dijo, sintió que su mente estaba menos saturada, lo que le facilitó concentrarse. También recibió terapia, pero ahora su ansiedad crónica está estabilizada solo con el medicamento.

“Definitivamente me ayudó a volver a mi rutina diaria de una manera productiva y no simplemente llena de ansiedad durante todo el día”, dijo.

Holly Hacker, Maia Rosenfeld y Lydia Zuraw, de �������ýҕ�l Health News, contribuyeron con este artículo.

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La mujer de 59 años, que vive en Harrisburg, Carolina del Norte, cerró el año pasado su escuela de artes circenses sin fines de lucro porque ya no veía lo suficientemente bien como para estar al día con todo el papeleo administrativo. Luego trabajó un tiempo haciendo masas en una pizzería. Ahora clasifica materiales reciclables, como latas y botellas, en un lugar de conciertos local. Es su principal fuente de ingresos, pero el trabajo no es durante todo el año.

“Este lugar me conoce, y este lugar me quiere”, dijo Kelley sobre su empleador. “Aquí no tengo que explicar por qué no puedo leer”.

Kelley vive en una casa rodante y sobrevive con menos de $10.000 al año. Dice que eso es posible, en parte, gracias a su cobertura de salud de Medicaid, que le cubre medicamentos para la artritis y la ansiedad, y le permite ir al doctor para controlar su hipertensión.

Pero le preocupa perder esa cobertura el año que viene, cuando entren en vigencia nuevas reglas que exigirán a millones de personas como ella trabajar, hacer voluntariado, ir a la escuela o realizar otras actividades que califiquen durante al menos 80 horas al mes.

“Ahora mismo tengo miedo”, dijo.

Antes de que se promulgaran los cambios para acceder a esta cobertura, legisladores republicanos sugirieron que hombres jóvenes y desempleados estaban abusando del programa gubernamental de salud que ofrece cobertura médica a millones de personas con bajos ingresos o con alguna discapacidad.

Medicaid no está pensado para “hombres de 29 años sentados en el sofá jugando videojuegos”, dijo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, .

Pero en realidad, los adultos de entre 50 y 64 años, especialmente las mujeres, son quienes probablemente por las nuevas reglas, según explicó Jennifer Tolbert, subdirectora del Programa sobre Medicaid y Personas sin Seguro de KFF, una organización sin fines de lucro de información sobre salud de la cual �������ýҕ�l Health News forma parte.

Para Kelley y otras personas, los requisitos laborales crearán obstáculos para mantener su cobertura, explicó Tolbert. Muchos podrían perder Medicaid, poniendo en riesgo su salud física y financiera.

A partir de enero de 2027, unos 20 millones de estadounidenses de bajos ingresos en 42 estados y el Distrito de Columbia tendrán que cumplir con los requisitos de actividad para obtener o conservar esta cobertura.

Alabama, Florida, Kansas, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming no ampliaron sus programas de Medicaid para cubrir a más adultos de bajos ingresos bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), por lo que no tendrán que implementar las reglas de trabajo.

La no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso, prevé que las reglas de trabajo resulten en al menos 5 millones de personas menos bajo Medicaid en la próxima década.

, estas reglas son el principal factor de pérdida de cobertura dentro de la ley presupuestaria republicana, la cual recorta cerca de $1.000 millones para compensar reducciones de impuestos que benefician principalmente a personas con mayores ingresos y para aumentar la seguridad fronteriza.

“Estamos hablando de ahorrar dinero a costa de vidas humanas”, dijo Jane Tavares, investigadora en gerontología de la Universidad de Massachusetts en Boston. “El requisito de trabajo es solo una herramienta para lograr eso”.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que exigir a los “adultos sin discapacidades” que trabajen garantiza la “sostenibilidad a largo plazo” de Medicaid, mientras protege a las personas más vulnerables.

Las personas con discapacidades, quienes cuidan a familiares, personas embarazadas o en posparto, veteranos con discapacidades totales y otras personas que enfrentan dificultades médicas o personales están exentas de la regla de trabajo, indicó Nixon a �������ýҕ�l Health News.

La expansión de Medicaid ha sido un salvavidas para adultos de mediana edad que, de otro modo, no tendrían seguro médico, . Medicaid cubre a 1 de cada 5 estadounidenses de entre 50 y 64 años, dándoles acceso a atención médica hasta que califican para Medicare a los 65 años.

Entre las mujeres beneficiarias de Medicaid, las que tienen entre 50 y 64 años enfrentan más desafíos para conservar su cobertura que las más jóvenes, y suelen tener una mayor necesidad de servicios de salud, explicó Tolbert.

Estas mujeres de mediana edad tienen menos probabilidades de trabajar el número requerido de horas porque muchas son cuidadoras familiares o tienen problemas de salud que limitan su capacidad para trabajar, agregó.

Tavares y otros investigadores hallaron que de la población total de Medicaid que se considera “apta para trabajar” no trabaja. Este grupo está compuesto en su mayoría por mujeres muy pobres que han salido de la fuerza laboral para convertirse en cuidadoras. Entre ellas, 1 de cada 4 tiene 50 años o más.

“No son adultos jóvenes saludables simplemente perdiendo el tiempo”, escribieron los investigadores.

Además, dificultar el acceso a la cobertura de Medicaid “podría en realidad dificultar que estas personas trabajen”, ya que sus problemas de salud no recibirían tratamiento, advirtió Tolbert. De todas formas, si este grupo pierde la cobertura, sus condiciones crónicas igual necesitarán atención, señaló.

Muchos adultos empiezan a tener problemas de salud antes de ser elegibles para Medicare.

Si las personas mayores no tienen recursos para tratar sus problemas de salud antes de los 65 años, llegarán más enfermas a Medicare, lo que podría generar mayores costos para ese programa, apuntaron expertos en políticas de salud.

Muchas personas de entre 50 y principios de los 60 años ya no trabajan porque son cuidadoras de tiempo completo de hijos o familiares mayores, explicaron defensores, quienes se refieren a este grupo como “la generación sándwich”.

La ley presupuestaria republicana permite que algunos cuidadores queden exentos de las reglas de trabajo de Medicaid, pero las excepciones son “muy limitadas”, dijo Nicole Jorwic, directora de programas del grupo Caring Across Generations.

Le preocupa que personas que deberían calificar para una exención queden fuera por errores o complicaciones.

“Vamos a ver a más cuidadores familiares enfermándose, dejando de atender su propia salud y a más familias enfrentando crisis”, dijo Jorwic.

Paula Wallace, de 63 años, residente de Chidester, Arkansas, dijo que trabajó la mayor parte de su vida adulta y ahora dedica sus días a cuidar a su esposo, quien tiene cirrosis avanzada.

Después de años sin seguro, recientemente obtuvo cobertura gracias a la expansión de Medicaid en su estado, lo que significa que tendrá que cumplir con los nuevos requisitos laborales para conservarla. Pero le cuesta imaginar cómo podrá hacerlo.

“Como soy su única cuidadora, no puedo salir a trabajar fuera de casa”, dijo.

Su esposo recibe beneficios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social, explicó, y la ley dice que ella debería quedar exenta de los requisitos de trabajo como cuidadora de tiempo completo de una persona con discapacidad.

Pero las autoridades federales aún no han emitido instrucciones específicas sobre cómo definir esa exención. Y la —los únicos estados que han implementado programas de trabajo en Medicaid— muestra que muchas personas beneficiarias tienen dificultades para navegar sistemas de beneficios complejos.

“Estoy muy preocupada”, dijo Wallace.

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