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La demanda de atención médica en casa, incluyendo los cuidados paliativos domiciliarios, se ha disparado desde el inicio de la pandemia de covid, al igual que el número de personas que cuidan a familiares.
Texas registró 1.928 casos de tos convulsa en 2024. Para octubre de 2025, el estado ya superaba los 3.500. A nivel nacional, las cifras son igual de alarmantes.
Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal.
Además de ser más vulnerables a la violencia sexual, los inmigrantes enfrentan múltiples desafíos de salud física y mental, según los investigadores.
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta decisión sin precedentes podría llevar a que algunas personas pierdan su cobertura médica simplemente por no haber entregado a tiempo la documentación.
El gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó el mes pasado la ley SB 81, que prohíbe a los centros médicos permitir el acceso de agentes federales a áreas privadas sin una orden judicial o de registro válidas.
El presidente Donald Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y miembros republicanos del Congreso han repetido esto una y otra vez.
Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo o servicios. Incluso podrían llegar a cerrar.
Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar el crecimiento del sector.
Las medidas del gobierno han despertado una nueva preocupación: la creciente dificultad para que médicos, hospitales y otros proveedores de salud puedan seguir atendiendo a personas sin seguro médico.
Estos estados brindan cobertura médica integral a inmigrantes pobres y con discapacidades que viven en el país sin estatus migratorio permanente.
La región es una de las más pobres del estado. En el condado de Alamosa, 2 de cada 5 residentes están inscritos en Health First Colorado, el programa estatal de Medicaid.
Los pacientes que necesitan atención médica tienen cada vez más miedo de buscarla después que Trump derogara una política de la era Biden que prohibía redadas en zonas "sensibles" como escuelas, iglesias y hospitales.
Las agencias dentro del Departamento de Salud y Servicios Sociales responsables de especificar quién debe vacunarse no están necesariamente sincronizadas, emitiendo recomendaciones en apariencia contradictorias.
Entre marzo y junio, abogados de menores inmigrantes recopilaron estos testimonios, y otros de jóvenes y familias detenidas, en lo que describen entornos “con apariencia carcelaria” en distintos puntos de Estados Unidos.
Estudios demuestran que el trabajo de las promotoras puede reducir las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.
A lo largo del país, pediatras dicen que padres ansiosos están preocupados por si continuará habiendo acceso a las vacunas infantiles de rutina.
El lugar de trabajo es la nueva zona cero para abordar la salud mental. Esto significa que las empresas, tanto empleados como supervisores, deben hacer frente a crisis que van desde la adicción hasta el suicidio.
Esto, a su vez, perjudicaría las finanzas de hospitales, residencias de adultos mayores y centros de salud comunitarios, y podría obligarlos a reducir servicios y personal, hasta a cerrar instalaciones.
El año pasado se reportaron alrededor de 3.700 nuevas infecciones por dengue en Estados Unidos, frente a las 2.050 de 2023, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
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