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Varios estados están llevando los requisitos federales de reportar a las autoridades migratorias un paso más allá: usando sus agencias de salud pública como instrumentos de control migratorio.
A partir de julio, las personas con Medicare podrían obtener una receta de medicamentos GLP-1 para bajar de peso por $50 al mes. Es un cambio importante para el programa, que durante años tuvo prohibido cubrir estos tratamientos.
Aunque puede parecer una gran oferta —que te permitiría ahorrar cientos de dólares— la decisión de aceptarlo es complicada, especialmente para las personas con seguro médico.
Cientos de médicos extranjeros que están a punto de completar su formación en Estados Unidos tendrán que abandonar el país si el gobierno federal no procesa rápidamente sus solicitudes de exención de visa, que han estado estancadas por meses.
La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre redadas migratorias en todo el sur de California.
Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.
El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.
Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios. La salud puede estar en peligro.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal accedan a Medicare.
Siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con ýҕl Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.
Se supone que la agencia que cuida a niños que llegan solos al país deben reunirlos pronto con sus familias o cuidadores. Pero cada vez más los usan como “carnada” para arrestar a los padres.
A diferencia de Planned Parenthood, estos centros no suelen tener profesionales de salud ni ofrecen cuidado y asesoramiento en salud reproductiva.
La Junta de Supervisores del condado aprobó la propuesta en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio.
Cada año millones de pacientes enfrentan negativas a través del proceso de autorización previa, que exige que sus doctores obtengan aprobación anticipada de las aseguradoras antes de continuar con la atención médica.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se ha posicionado como un líder nacional en salud pública al impulsar políticas respaldadas por la ciencia, en contraste con el gobierno federal.
La medida desconcierta a defensores de la atención médica y a expertos en Medicaid. Algunos dudan, incluso, que sea legal bajo la principal ley de política interna del presidente Donald Trump.
Durante décadas, el valor de los NIH ha sido quizá una de las pocas cosas en las que todos en Washington han estado de acuerdo. Los legisladores han aumentado su financiamiento de forma constante. No ahora.
Trabajadores de salud dicen que los agentes de inmigración siguen apostados en los estacionamientos de hospitales. Y drones sobrevuelan zonas agrícolas en las afueras de Minneapolis, donde inmigrantes somalíes y latinos se han establecido en los últimos años.
En particular llegan a British Columbia, donde más de 1.000 enfermeros y enfermeras formados en Estados Unidos han recibido autorización para trabajar desde abril pasado.
El esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump ha llevado a un número récord de inmigrantes detenidos en centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. La situación pone en riesgo la salud de los detenidos.
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