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Alice Thornton ha dedicado más de dos décadas a atender a personas que viven con VIH en Lexington, Kentucky.

Su equipo suele “estremecerse” cada vez que escucha que un paciente tiene que llenar una pila de formularios, como ocurre al solicitar los pagos por discapacidad del Seguro Social, porque puede ser un proceso difícil y muy engorroso.

Thornton dijo que intenta apoyar a sus pacientes, pero también reconoce los límites de su formación.

“Muchas veces los formularios son tan complejos que realmente no sé cuál es la definición exacta de lo que me están preguntando”, dijo. “Los remitimos a un proveedor especializado en discapacidad”.

Médicos como Thornton temen que empiecen a recibir muchas más solicitudes de este tipo debido a los cambios que se avecinan en Medicaid, el programa gubernamental de salud para personas de bajos ingresos o con discapacidades. A partir del 1 de enero, en la mayor parte del país, algunos beneficiarios —principalmente adultos sin dependientes— deberán demostrar que trabajan o realizan otras actividades que califican durante al menos 80 horas al mes.

Las publicadas en junio establecen que las personas pueden obtener una exención si son consideradas “médicamente frágiles”, es decir, si están demasiado enfermas o tienen una discapacidad que les impide trabajar, lo que podría requerir que presenten documentación de un profesional de salud.

Ese criterio dio lugar a una demanda presentada a finales de junio por decenas de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y preocupa a Thornton porque podría obligarla, junto con su personal, a evaluar aspectos como cuánto peso puede levantar un paciente o qué distancia puede caminar.

“Si me preguntan: ‘¿Esta persona es médicamente frágil?’, ¿qué significa realmente eso?”, dijo Thornton. “No lo sé, y llevo 25 años haciendo esto”.

La ley fiscal y de gasto de los republicanos aprobada el año pasado, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, estableció este requisito laboral, que afectará a unos cuando más estados comiencen a aplicarlo. , esta disposición provocará un gran aumento en el número de personas sin seguro médico que cualquier otra parte de la ley.

Los médicos afirman que no están capacitados para determinar con precisión si el estado de salud de una persona le impide trabajar.

Muchos tampoco tienen tiempo para asumir otra tarea administrativa que los distraiga de la atención a los pacientes. Además, participar en decisiones sobre si una persona obtiene acceso a un beneficio público socava la relación entre médico y paciente, señalaron varias organizaciones médicas y profesionales de salud.

“Cuando introduces en la atención clínica políticas innecesarias, sin fundamento científico, confusas y burocráticas como esta, simplemente aumentas el nivel de conflicto moral para los proveedores”, dijo Christopher Chen, asesor principal de la firma consultora Manatt Health.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) declinaron responder oficialmente sobre las preocupaciones de los médicos. Sin embargo, la agencia confirmó que los beneficiarios podrían necesitar obtener documentación de un profesional de salud para demostrar que están demasiado enfermos para trabajar y señaló que serán los estados quienes tomen la decisión final.

Anteriormente, la administración Trump había señalado que los estados deberían utilizar las fuentes de datos disponibles —como reclamos médicos y pagos— antes de exigir a los pacientes pruebas de fragilidad médica emitidas por un proveedor de salud.

“La documentación debería ser relativamente fácil de obtener”, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una conferencia telefónica el 1 de junio.

Pero decir si un paciente está demasiado enfermo para trabajar es una decisión subjetiva y de alto impacto, dijo Chen, quien además ejerce como es médico en Valley Medical Center, en Renton, Washington.

“Nos han formado para cuidar a las personas”, dijo. “Nos han formado para conocer los síntomas, hacer diagnósticos y tratarlos. No nos han formado para hacer este tipo de determinaciones sobre la capacidad para trabajar”.

Al presentar su solicitud, y luego cada seis meses, los beneficiarios de Medicaid sujetos al requisito deberán demostrar que cumplen con el mínimo mensual de horas en actividades calificadas o, con la misma frecuencia, demostrar que cumplen con los criterios para una exención.

Si los estados no encuentran pruebas suficientes de que una persona está demasiado enferma para trabajar, esa persona podrá declarar por sí misma, bajo pena de perjurio, que cumple con el criterio de fragilidad médica, aunque solo de manera temporal.

Los estados podrán aceptar esa declaración dos veces durante 2027 y solo una vez en 2028.

En julio, 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, por las regulaciones finales, argumentando que el criterio de fragilidad médica será demasiado difícil de cumplir para los beneficiarios y demasiado complicado de evaluar para los estados.

Según la demanda, el criterio obliga a las agencias estatales de Medicaid a “asumir el papel de expertos en medicina ocupacional” o traslada esa carga a médicos que no necesariamente tienen formación en esa especialidad.

Los CMS no hicieron comentarios sobre el litigio.

El gobierno de Trump ha emprendido una campaña contra el fraude en los programas públicos de salud, incluido Medicaid. Recientemente contra cientos de acusados —entre ellos profesionales de salud— por presuntos esquemas de fraude que, según las autoridades, superan los 6.500 millones de dólares.

Los CMS han dicho que supervisarán de cerca la manera en que los estados administran los requisitos laborales y que podrían tomar medidas correctivas si consideran que algún estado no cumple con las normas.

Eso preocupa a los médicos por las posibles consecuencias si se equivocaran al determinar si una persona está demasiado enferma para trabajar, por más remotas que parezcan esas preocupaciones, señaló Rahul Vanjani, médico de atención primaria, especialista en medicina de adicciones e investigador de la Universidad Brown.

“Usando nuestra imaginación, nos preguntamos si alguien estará auditando estos formularios y si podrían comunicarse con la junta estatal que otorga las licencias profesionales”.

Estados Unidos enfrenta una , y eso podría dificultar que las personas que buscan una exención encuentren un profesional que pueda ayudarlas a documentar que están demasiado enfermas para trabajar, dijeron los médicos.

Será aún más difícil para quienes no tienen seguro médico, dijo Jennifer Wagner, investigadora especializada en elegibilidad para Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities, un centro de estudios de tendencia progresista.

“¿Cómo podría un solicitante sin cobertura médica conseguir un médico que lo justifique?”, se preguntó.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA), la mayor organización profesional de médicos y estudiantes de medicina del país, hizo gestiones ante funcionarios federales para modificar el criterio utilizado para documentar la fragilidad médica en los días previos a la publicación de las regulaciones finales.

En mayo, la AMA envió a Mehmet Oz argumentando que obligar a los médicos a certificar la capacidad laboral de sus pacientes no solo supondría una carga administrativa, sino que también modificaría la forma en que interactúan con quienes atienden.

En un comunicado, el presidente de la asociación, Willie Underwood III, afirmó que el requisito laboral “transforma la consulta médica en un proceso de control de elegibilidad”.

“Es probable que los pacientes perciban ese cambio”, dijo. “Y si empiezan a sospechar que lo que comparten con su médico puede afectar su cobertura médica, las condiciones para una comunicación abierta y honesta comenzarán a deteriorarse”.

Los médicos disponen de un tiempo limitado para atender a sus pacientes y prefieren concentrarse en tratar sus problemas de salud que en llenar formularios, especialmente aquellos que los colocan en la posición de “representar al Estado”, señaló John Ayanian, médico especialista en medicina interna e investigador de la Universidad de Michigan.

“Su primera obligación es velar por el mejor interés de sus pacientes”, afirmó Ayanian.

Lauren Davis, abogada de Community Legal Services of Philadelphia, ayuda a sus clientes a navegar otros programas de beneficios públicos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que tiene un requisito laboral similar. Los beneficiarios pueden obtener una exención si están demasiado enfermos para trabajar.

Davis recordó el caso de una clienta con una afección cognitiva que afectaba su memoria. Su médico no se sentía cómodo llenando el formulario de exención sin verla primero en persona, pero la paciente seguía olvidando programar la cita y finalmente abandonó el proceso, contó Davis, quien teme que los beneficiarios de Medicaid enfrenten obstáculos similares para obtener las exenciones.

“Esta persona era elegible”, dijo Davis. “La razón por la que no pudo conseguir lo que necesitaba para demostrar que era elegible era precisamente su afección médica”.