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Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.
Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios. La salud puede estar en peligro.
Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en el Medicaid de Emergencia, que ofrece atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.
Drones que entregan medicamentos y telesalud en bibliotecas locales son algunas de las ideas que líderes estatales acaban de presentar para gastar su parte de un programa federal de salud rural de $50.000 millones.
Siguiendo el ejemplo del sector privado de seguros, la administración Trump lanzará el próximo año un programa piloto.
La idea de un mandato nacional que requiera que los beneficiarios de Medicaid trabajen, estudien o realicen otras actividades que cumplan los requisitos para mantener la cobertura está ganando terreno.
Las nuevas inscripciones bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) parecen ser hasta un millón menos que el número récord del año pasado, especialmente por problemas con el programa que enfrenta la saliente administración Biden.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid atribuyen esta reducción a las medidas adoptadas para prevenir problemas de inscripción y cambios de planes, que ya habían generado más de 274,000 quejas hasta agosto.
Expertos dicen que los factores sistémicos son barreras comunes para establecer y mantener programas de capacitación para médicos en las zonas rurales de Estados Unidos.
Más de 140 hospitales rurales han cerrado en todo el país desde 2010, y observadores de políticas de salud no están seguros de cuántas de las más de 1,700 instalaciones rurales elegibles para la nueva designación aplicarán a un nuevo programa.
Los estados se están preparando para remover a millones de personas de Medicaid, a medida que expiran las protecciones que se implementaron al comienzo de la pandemia de covid-19.
Más de 2 millones de personas de bajos ingresos, la mitad de ellos en Florida y Texas, no tienen seguro porque están atrapados en una brecha de cobertura. Y sus estados no han expandido Medicaid.
Muchos familiares dicen que no pueden conseguir las pruebas ante la enorme demanda y la escasez de suministros, lo que les impide ver a sus seres queridos.
Funcionarios federales dicen que están aumentando las quejas de personas mayores engañadas para que compren pólizas sin su consentimiento, o atraídas por información cuestionable, que pueden no cubrir sus medicamentos ni incluir a sus médicos.
Esto le dará al país miles de camas hospitalarias y salas quirúrgicas adicionales, algunas de las cuales cuentan con respiradores o máquinas de anestesia que podrían ser reconvertidas en respiradores.
En los últimos tres años, 9.372 hogares, es decir el 61%, han sido citados por problemas con la higiene u otras normas de prevención y control de infecciones.
La norma establece que, a partir de 2021, los hospitales deben publicar los precios de todos sus servicios en internet, para que los consumidores tengan información.
Jacuzzis, hoteles y hospitales en todo el país siguen siendo focos de esta enfermedad potencialmente letal, que las personas contraen luego de inhalar vapor o gotas de agua contaminadas.
Las calificaciones se pueden ver en cuidadodesalud.gov, el sitio federal en donde los consumidores revisan los beneficios y precios de los planes.
El viejo buscador de planes proporcionaba grandes ahorros, según expertos. Pero luego de un rediseño, perdió muchas de sus funciones clave.
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