Aun así, el Departamento de Salud de Montana decidió, el año pasado, que Hailstone ya no calificaba para la cobertura de salud de bajo costo de Medicaid destinada a personas con discapacidad. En lugar de eso, el departamento cambió su cobertura al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), otro programa de Medicaid, tres meses antes de que dejara de ser elegible por su edad.

Antes de tomar esa decisión, el estado no pidió los expedientes del equipo médico que trata a Hailstone, según cartas de esos médicos revisadas por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. En cambio, la decisión administrativa llegó después de que funcionarios estatales se enteraran de que la joven, ahora de 19 años, había dejado de recibir pagos por discapacidad del Seguro Social.

Hailstone dijo que esperaba mejorar lo suficiente como para poder trabajar y ahorrar algo de dinero, más allá de lo permitido bajo vinculados a esos pagos. Pero su estado de salud cambia día a día y, por ahora, dijo que sigue demasiado enferma como para trabajar consistentemente.

Hailstone, que vive con su madre, ha podido mantener su cobertura de Medicaid mientras apelan el caso. Dijo que, sin Medicaid, no puede pagar el tratamiento que necesita para controlar las secuelas del cáncer.

“Es como si todo este proceso estuviera diseñado para que renuncies”, dijo Hailstone.

Desde hace mucho tiempo, los pacientes con discapacidades de largo plazo enfrentan obstáculos administrativos, errores y confusión al tratar de calificar para cobertura de salud subsidiada por el gobierno federal debido a su enfermedad.

Ahora, los estados enfrentan, además, la tarea de decidir quién califica para una exención médica de los nuevos requisitos laborales de Medicaid para quienes tienen cobertura únicamente en función de sus ingresos, como parte de la One Big Beautiful Bill Act impulsada por el presidente Donald Trump. Eso significa revisar casos médicos de un grupo aún mayor de beneficiarios de Medicaid.

Abogados, investigadores y defensores especializados en asistencia pública dijeron que casos de discapacidad como el de Hailstone —aunque separados de los nuevos requisitos laborales— son una señal de que los estados no están preparados. Como resultado, dijeron, más personas verán rechazada su cobertura mediante un proceso poco transparente.

“Esta será la historia de millones de personas”, señaló Anthony Wright, quien dirige Families USA, una organización nacional sin fines de lucro que promueve un mayor acceso a la atención médica.

Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos de Montana, dijo que el estado no comenta sobre casos individuales de Medicaid.

Se estima que tendrán que cumplir las nuevas reglas que les exigen demostrar que trabajan, estudian o hacen trabajo voluntario para conservar la cobertura, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

de esos afiliados viven con una afección de salud crónica, según KFF. Algunos estarán exentos de esas reglas si pueden demostrar que están demasiado enfermos para trabajar.

Se espera que más de 5 millones de personas pierdan la cobertura de Medicaid para 2034 debido a los requisitos laborales, según la CBO.

Requisitos laborales se convierten en ley

Muchos legisladores republicanos y la administración Trump han promovido los requisitos laborales de Medicaid como una forma de preservar la cobertura para quienes más la necesitan. El Congreso convirtió esa propuesta en política nacional mediante la ley de presupuesto del año pasado y dio a los estados hasta enero para implementar las reglas que vinculan la cobertura con el trabajo.

Algunos estados comenzaron a aplicar estos controles antes. Montana empezó en julio. Nebraska inició sus requisitos laborales en mayo.

En la ley federal que creó los requisitos laborales, el Congreso incluyó una excepción que permite a los estados eximir a personas cuya enfermedad las califique como “médicamente frágiles”.

Muchos estados diseñaron planes para tomar esas decisiones, solo para encontrarse con que los funcionarios federales publicaron normas que iban más allá de lo que el Congreso había establecido, al exigir también que los afiliados demuestren que su enfermedad les dificulta demasiado trabajar.

Families USA y otras organizaciones han argumentado que las nuevas normas obligan a los estados a crear un mosaico de sistemas que, en conjunto, sería más grande y complejo que el propio sistema de evaluación de discapacidad de la Administración del Seguro Social.

El año pasado, ese programa federal costó de dólares para administrar los casos de aproximadamente 7 millones de personas en todo el país. En comparación, dijo Wright, la ley federal asignó 200 millones de dólares para que los estados compartan mientras implementan los requisitos laborales.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas para preparar sistemas de asistencia pública, a menudo ya defectuosos, para cumplir con los nuevos estándares.

En junio, 25 estados por las normas de fragilidad médica, argumentando que son demasiado difíciles de cumplir para los pacientes y demasiado complicadas de evaluar para los estados. El caso sigue en curso.

Hailstone fue diagnosticada con cáncer de la sangre a los 10 años. Sus intestinos se desgarraron, lo que llevó a que le extirparan una parte. Como resultado, su cuerpo tiene dificultades para procesar los alimentos y puede sufrir una deshidratación grave.

Dijo que los efectos persistentes del tratamiento contra el cáncer pueden causarle confusión mental y hacer que sus manos y pies se hinchen tanto que le resulta difícil sostener un tenedor o caminar de un extremo a otro de una habitación.

El cáncer dominó casi la mitad de su vida. También le dejó cicatrices emocionales.

“Algunos días te sientes bien y luego, de repente, te vienes abajo”, dijo Hailstone.

Hailstone y su madre viven en Roundup, una localidad del centro de Montana de unos 2.000 habitantes. Regularmente manejan durante unas dos horas, ida y vuelta, hasta Billings para recibir atención especializada.

Por lo general, tiene tres citas médicas por semana con sus terapeutas físicos y ocupacionales y con un consejero de salud mental.

Hailstone dijo que tiene suerte de contar con la ayuda de su madre para navegar Medicaid. Kyla Hailstone señaló que el estado no ha explicado claramente cómo determinó la situación de discapacidad de su hija y que el proceso de apelación ha sido lento y disfuncional.

Taya Hailstone calificaría para Medicaid en función de sus ingresos si no logra demostrar que cumple los requisitos para recibir cobertura por discapacidad. Pero eso significaría tener que probar que está demasiado enferma para cumplir con el requisito laboral, colocándola nuevamente en la misma situación de depender de una evaluación estatal de su enfermedad.

“Si pierdo esto, me cambia la vida”, dijo Hailstone.

“Las cosas se pierden en el sistema”

Hailstone había sido considerada discapacitada por el gobierno federal tan recientemente como en 2024, aproximadamente un año antes de que el estado dijera que eliminaría su cobertura.

Los funcionarios estatales pueden realizar su propia evaluación médica para determinar si una persona cumple con la definición federal de discapacidad necesaria para acceder a Medicaid.

“Que eso ocurra o no es siempre una apuesta un poco arriesgada que depende de la capacidad del estado”, dijo Megan Dishong, subdirectora de la Montana Legal Services Association, que ayuda a personas de bajos ingresos a navegar programas públicos. “Hay cosas que se pierden en el sistema”.

Ebelt dijo que el departamento de salud estatal acepta las decisiones sobre discapacidad de la Administración del Seguro Social (SSA). La agencia estatal puede realizar su propia determinación de discapacidad si una persona no tiene una decisión de la SSA, pero, añadió Ebelt, no está obligada a hacerlo si esa persona califica para cobertura por otra vía.

“Estamos comprometidos a tratar a cada cliente con respeto y a ayudar a quienes sean elegibles a recibir la cobertura de Medicaid adecuada”, dijo Ebelt.

Montana estableció un período de gracia de tres meses para los requisitos laborales. Los funcionarios estatales no comenzarán a retirar la cobertura a quienes no cumplan las reglas hasta octubre.

, profesora de política social de la Universidad de Michigan que ha estudiado los obstáculos burocráticos para acceder a beneficios públicos, dijo que los casos complejos de discapacidad son lo suficientemente comunes como para que haya abogados especializados en ayudar a las personas a obtener asistencia.

“Cuando hemos diseñado programas públicos de tal manera que la gente no puede saber si es elegible sin consultar a abogados, hemos hecho algo mal”, dijo Herd. “Eso tiene enormes repercusiones, enormes, para lo que viene”.

Funcionarios de Montana han dicho que revisarán automáticamente los registros médicos que puedan ayudar a los pacientes a calificar para una exención. Aun así, las directrices federales publicadas en junio significan que probablemente los pacientes todavía tendrán que cumplir pasos adicionales para garantizar esa exención.

Mientras tanto, médicos que ya están sobrecargados temen que recaiga sobre ellos la responsabilidad de determinar si la enfermedad de una persona cumple los criterios para obtener una exención del requisito laboral.

Dishong dijo que, entre ahora y octubre, los funcionarios de Montana podrían ofrecer mayor claridad sobre cómo funcionará el proceso. Pero le preocupa que el estado termine metido “en un desastre que avanza lentamente”.

“Este es un problema que apenas comienza”, añadió Dishong.

En cuanto a Hailstone, ahora va a solicitar de nuevo los pagos por discapacidad del Seguro Social. Esa ayuda limitaría cuánto puede trabajar. Pero también le garantizaría el acceso a Medicaid.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

“¿Eres tú la persona que va a traer de vuelta a mi mamá?”, preguntó.

Gómez no supo qué responder. Era una mañana de diciembre y había llevado comida, pañales, toallitas húmedas y ropa, artículos con los que esperaba ayudar a la niña de 6 años, a su hermanito todavía bebé y a la vecina que había asumido su cuidado.

Los niños se habían quedado solos después de que agentes federales de inmigración arrestaran a sus padres frente a su apartamento en Oxnard, una comunidad agrícola mayoritariamente latina en la costa del sur de California. Pero Gómez no tenía ningún poder para hacer que sus padres regresaran.

“Estamos trabajando en eso”, recordó Gómez haberle dicho a la niña. En realidad, no encontraba una manera de responderle con sinceridad sin angustiarla.

Como gerente de proyectos de una organización sin fines de lucro que brinda asistencia alimentaria a familias inmigrantes afectadas por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gómez ha sido testigo de la conmoción y el dolor que han trastornado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, con consecuencias devastadoras para la salud de los niños.

Entre ellos se encuentran unos con al menos uno de sus padres detenido por las autoridades migratorias hasta abril, una cifra que sin duda ha aumentado desde entonces.

La separación de los padres perjudica psicológicamente a los niños. Destroza a las familias y con frecuencia deja al padre, madre o cuidador que queda a cargo luchando por mantener una vivienda, comprar alimentos y atender las necesidades médicas de los niños. y deben cuidarse solos.

Muchos niños cuyos padres no han sido detenidos también enfrentan amenazas a su salud y bienestar. En el sur del país, en febrero de 2025 después de que, según informes, fueran acosados debido al supuesto estatus migratorio de sus familias.

Millones de niños forman parte de familias que están perdiendo , , y otros apoyos a medida que el y los restringen la elegibilidad para inmigrantes con y sin estatus legal.

El miedo a las acciones de las autoridades federales ha hecho que algunos padres , no vayan al médico o . Algunos han sacado a sus hijos de programas de salud y nutrición o directamente no los han inscripto.

Los niños de familias con raíces inmigrantes también . Están sintiendo más , más y ansiedad por la posibilidad de ser víctimas de , incluso cuando ellos o sus familiares son ciudadanos o residentes legales.

La mayoría de estos niños son ciudadanos estadounidenses. Aproximadamente nacidos en Estados Unidos tiene al menos un padre inmigrante, incluidos unos 4.6 millones que tienen un padre o una madre sin estatus legal.

“Me preocupa mucho cuánto tiempo nos va a llevar como país enfrentar todo el daño que se le está haciendo a esta generación de niños”, dijo Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes del . “Este tipo de estrés puede causar daños en el desarrollo a largo plazo y realmente puede afectar su capacidad para rendir bien en la escuela, tener una vida saludable y convertirse en adultos prósperos y estables”.

Restricciones a beneficios públicos

Trump ha convertido la ofensiva contra la inmigración —incluidos los hijos de inmigrantes— en una prioridad desde que comenzó su segundo mandato el año pasado.

El día de su toma de posesión emitió que pretendía poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de padres sin estatus legal o que se encontraran en el país con visas temporales, un intento que finalmente fue bloqueado por la Corte Suprema.

Su administración, con la aprobación de los republicanos en el Congreso, a la aplicación de las leyes migratorias, deteniendo a los padres de unos 145.000 niños ciudadanos estadounidenses, según datos del mes de abril.

De acuerdo a un análisis de la organización de noticias sin fines de lucro The Marshall Project, .

También ha buscado cancelar el (TPS) para más de un millón de inmigrantes, decenas de miles de los cuales tienen hijos ciudadanos estadounidenses, y del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que incluye a padres de .

Funcionarios de la Casa Blanca dicen que la ofensiva migratoria al liberar recursos como empleos y viviendas, reducir la presión sobre las finanzas públicas, expulsar a delincuentes y restaurar la integridad del sistema migratorio. Diversos estudios, sin embargo, han encontrado que las deportaciones masivas .

Trump y otros líderes republicanos han argumentado que la ciudadanía por nacimiento y el , y que el TPS ha permitido que inmigrantes de permanezcan indefinidamente en Estados Unidos bajo un programa que se supone temporal.

En una declaración, la vocera de la Casa Blanca Lauren Bis no respondió directamente si a la administración le preocupa el daño a largo plazo para los niños y el aumento de los costos de atención médica como consecuencia de sus políticas migratorias. En cambio, repitió críticas previas de la Casa Blanca según las cuales las políticas migratorias del presidente Joe Biden permitieron que niños fueran introducidos clandestinamente en Estados Unidos por redes de tráfico de personas.

“La verdadera historia es el impacto psiquiátrico en las decenas de miles de niños que fueron introducidos ilegalmente por la frontera, muchos de ellos por traficantes de personas y explotadores sexuales”, escribió en un correo electrónico.

Solo el 39% de los estadounidenses aprueba cómo maneja Trump el tema migratorio, según una encuesta reciente del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas migratorias de Trump, ha acusado a los hijos de inmigrantes de agotar los recursos públicos y perpetuar problemas de los países de origen de sus padres.

Sin embargo, investigaciones muestran que los inmigrantes y cuanto más tiempo viven en Estados Unidos, y que ellos y sus hijos . Los datos también muestran que que los estadounidenses nacidos en el país.

“Esta es la gran mentira de la migración masiva”, en noviembre en la red social X. “No solo estás importando individuos. Estás importando sociedades. No ocurre ninguna transformación mágica cuando los estados fallidos cruzan las fronteras. A gran escala, los migrantes y sus descendientes recrean las condiciones y los horrores de sus países de origen destruidos”.

La ley republicana de impuestos y gastos aprobada el verano pasado restringe la elegibilidad de los inmigrantes para programas de asistencia médica y alimentaria.

Y en julio, la administración emitió nuevas reglas de “carga pública” que otorgan a los funcionarios de inmigración amplia discreción para negar la residencia permanente a inmigrantes que se encuentran legalmente en el país si ellos o sus familiares han utilizado programas de beneficios públicos. Esta medida podría llevar a ciudadanos estadounidenses a abandonar programas de salud de la red de seguridad social.

Juntos, pero con miedo

La separación de los padres es y puede provocar , entre ellos ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares y dificultades de aprendizaje.

Se comprobó que los niños separados de sus padres en la frontera durante la primera administración Trump presentaban . Los investigadores también han vinculado las deportaciones y detenciones de padres inmigrantes —así como la amenaza de que ocurran— con generalizado, mayores tasas de , y y nacidos en Estados Unidos.

También resulta costoso para la sociedad.

realizado por investigadores federales estimó que las afecciones de salud relacionadas con traumas infantiles representaron $292.000 millones en gastos de atención médica solo en 2021, incluidos costos de programas financiados por los contribuyentes como Medicaid y Medicare.

Emmanuel, un joven de 13 años de Oxnard, siente ansiedad cada vez que su padre, un trabajador agrícola, sale al trabajo, dijo su madre, Ana. Le pide que le asegure que su papá volverá y pregunta qué pasaría con él si sus padres fueran detenidos.

Cuando están en lugares públicos, apura a Ana porque teme que el ICE pueda aparecer de repente. Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News no utiliza sus nombres completos porque temen ser deportados.

Médicos y terapeutas entrevistados por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News dijeron que han observado un aumento notable de problemas de salud mental, especialmente ansiedad, entre niños de familias inmigrantes.

Kimberly McNally, pediatra del Inglewood South La Brea Health Center, dijo que constantemente deriva a niños de todas las edades a servicios de salud mental debido al miedo de que sus padres puedan ser detenidos por las autoridades.

En centros de cuidado infantil, algunos niños han comenzado a llegar con una bolsa adicional por si sus padres no regresan a recogerlos, dijo Liza Davis, directora de defensa pública para Children in Immigrant Families de The Children’s Partnership, que trabaja con una coalición de educadores de la primera infancia.

A veces, la angustia lleva a los jóvenes a tomar medidas extremas.

En junio, Eliel José, de 19 años, después de que su padre fuera deportado del área de Atlanta a México, según Univisión.

Rosie Harrison, directora ejecutiva de Grow Initiative GA, una organización comunitaria que trabaja con familias de bajos ingresos, dijo que durante el último año ha recibido múltiples llamadas de padres inmigrantes que buscan ayuda para hijos con depresión o pensamientos suicidas.

Sus situaciones a menudo empeoran porque muchos no tienen seguro de salud y no pueden pagar terapia. En muchos casos, esto se debe a que los padres perdieron empleos que incluían seguro médico como consecuencia de redadas en lugares de trabajo o de cambios en las reglas de elegibilidad impuestos por la administración Trump.

“Me preocupan las familias que van a tener que enterrar a sus hijos”, dijo Harrison. “Me preocupa que perdamos la oportunidad de que una persona increíble haga cosas increíbles por nuestra comunidad, por nuestro país, porque se quitó la vida”.

Fortaleza bajo presión

Sin embargo, muchos niños también están demostrando resiliencia.

En una inversión de roles, algunos se han convertido en protectores de sus padres. Van al supermercado y llevan a sus hermanos menores a la escuela para que sus padres no tengan que salir de casa.

Giselle Gonzalez, estudiante universitaria y voluntaria de la red de protección de inmigrantes VC Defensa en el condado de Ventura, California, dijo que nunca olvidará la mañana del verano pasado cuando se despertó con el ruido de niños en bicicleta recorriendo su vecindario de Thousand Oaks, donde viven muchos inmigrantes, gritando: “¡La migra! ¡La migra! ¡No salgan!”.

Habían visto a agentes del ICE detener a operarios de fábricas y jardineros cuando iban camino al trabajo, dijo.

Vecinos, grupos comunitarios, proveedores de salud y otras personas también de a niños y familias afectados por la aplicación de las leyes migratorias.

, , y ayudan a los padres a preparar para el cuidado de sus hijos en caso de que sean detenidos o deportados.

En última instancia, harán falta políticas migratorias y prácticas más humanas para poner fin al daño que se está causando a los niños, indicaron académicos y defensores.

Investigadores de definen como modelo a un programa piloto llamado , diseñado para mantener unidas a las familias al mismo tiempo que se hacen cumplir las leyes de inmigración.

Lanzado en enero de 2016 durante la presidencia de Barack Obama, el programa permitía que las familias solicitantes de asilo permanecieran en la comunidad mientras esperaban la resolución de sus casos.

A través de un administrador de casos, recibían apoyo para cumplir con las obligaciones de sus procesos migratorios y para prepararse para una posible deportación si fuera necesario. El programa, que y eficiente en cuanto a costos, durante la primera administración Trump.

En Venice Family Clinic, en Los Angeles, la administradora de casos Mabel Alavez es testigo de las presiones que enfrentan las familias que siguen unidas, pero temen ser separadas.

Muchas de esas personas son padres o abuelos que llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Algunos tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela, al parque o a la playa. Preguntan si es seguro inscribir a sus hijos nacidos en Estados Unidos en Medicaid.

Alavez ayuda a familias que enfrentan desalojos porque tienen miedo de ir a trabajar y ya no pueden pagar el alquiler. A menudo, también las ayuda a tener un plan sobre quién cuidará a sus hijos si son detenidos.

Criada ella misma en una familia inmigrante, Alavez sabe lo difícil que puede ser para los niños estadounidenses de primera generación crecer, ir a la escuela y encontrar un sentido de pertenencia en un país distinto del de sus padres.

“Me cuesta imaginar cómo podrían hacer todo eso además de enfrentar lo que está ocurriendo ahora”, dijo. “Sí creo que esto tendrá un gran impacto en ellos. Pero no estoy muy segura de cómo se manifestará”.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

Luego, en octubre pasado, Wood se cayó, se fracturó el cuello y pasó tres meses en rehabilitación. Cuando volvió a la casa que comparte con su sobrina, ya no podía caminar sin ayuda. “Todavía no me animo a subir o bajar escaleras si no hay alguien conmigo”, dijo Wood, de 93 años.

Esta situación redefinió el vínculo con su vecina. Straight, de 53 años, chef jubilada, ahora la visita todas las semanas: le lleva café con leche, galletas y, a menudo, lo que quedó de las cenas que prepara.

El esposo de Straight instaló una barra de apoyo en el baño de Wood, colocó estantes y cambió las bombillas y las baterías de los detectores de humo. Los mensajes de texto van y vienen constantemente.

Straight llama para decir: “Voy al supermercado, ¿necesitas algo?”. Wood, que ya no conduce, le da una lista de compras.

“Es un regalo del cielo”, dijo Wood, ejecutiva de seguros jubilada. “Hablamos y hablamos. A veces se nos escapan algunas lágrimas, pero sobre todo nos reímos. Nunca pensé que tendría una nueva mejor amiga a esta altura de mi vida”.

El cuidado de las personas mayores, tradicionalmente considerado una responsabilidad familiar, está evolucionando para adaptarse a cambios demográficos que ya no garantizan que se pueda depender de cónyuges o de hijos.

“El número de adultos mayores que nunca se casaron o están divorciados ha ido aumentando, por lo que tenemos más personas envejeciendo solas”, dijo Deborah Carr, socióloga de la Universidad de Boston que ha investigado estas tendencias.

“La proporción de personas sin hijos, por elección o no, también está aumentando”, agregó, y las familias que sí tienen hijos tienen menos que en generaciones anteriores.

Las distancias geográficas o los también contribuyen a la necesidad de otros tipos de cuidadores, y esos roles pueden ser asumidos por amigos o vecinos.

¿Con qué frecuencia los amigos llenan esos vacíos de cuidado? Un estudio publicado recientemente en JAMA Network Open, realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, analizó el , generalmente en funciones complementarias.

Los investigadores utilizaron datos del National Health and Aging Trends Study, en el que más de 2.600 adultos mayores con limitaciones de salud —con una edad promedio de 79 años— identificaron a amigos y familiares que los ayudaban.

Los familiares eran quienes con mayor frecuencia cuidaban a sus parientes mayores, pero alrededor del 14% de los participantes también identificó a amigos, incluidos vecinos. Los autores estimaron que eso representa 2.4 millones de amigos cuidadores en todo el país.

El año pasado, una de AARP y la National Alliance for Caregiving estimó que el 11% de los cuidadores brindaba apoyo a personas que no eran familiares.

“Los amigos están entre los cuidadores auxiliares que no han sido reconocidos”, dijo Karen Fingerman, gerontóloga de la Universidad de Texas-Austin y coautora de un comentario que acompañó el estudio. “Pasamos por alto los sacrificios que hacen”.

El estudio, que se considera el primer análisis a nivel nacional sobre amigos que cumplen funciones de cuidado, encontró que actúan de manera diferente a los familiares. Por ejemplo, es poco probable que vivan con la persona a la que ayudan y rara vez son sus únicos cuidadores.

“Brindan menos horas de cuidado”, dijo Yee To Ng, gerontólogo y autor principal del estudio, que halló que los amigos ofrecían en promedio 18 horas de ayuda al mes, frente a unas 67 proporcionadas por familiares.

Pero a veces hacen más cosas

“Los amigos tienen más probabilidades de proporcionar transporte”, dijo Ng. Dos tercios de estos cuidadores llevan a sus amigos en auto a distintos lugares. Ayudar con  las compras, impulsarlos a salir de casa, preparar comidas y acompañarlos a citas médicas completan las cinco tareas más frecuentes.

Pero a veces hacen más.

Czes Ferrino, de 82 años, es viuda y vive sola en Westerly, Rhode Island. No tiene problemas de salud incapacitantes, pero cuando hace poco su auto dejó de funcionar, su vecino de al lado la acompañó a varios concesionarios Subaru para buscar un vehículo usado.

“Me guió durante todo el proceso como lo haría un hijo con su madre o su abuela”, contó Ferrino.

Por otra parte, “hay algunas tareas para las que los amigos quizás no estén bien preparados o no se sientan cómodos”, dijo Ng. El cuidado personal, como bañar o vestir a alguien, sigue siendo en gran medida responsabilidad de los familiares.

“Eso puede afectar la autoestima de las personas”, dijo Ng. “Con la familia, aceptamos que cuando estás realmente enfermo, ellos se hacen cargo de las actividades más íntimas. Es vergonzoso que tus amigos tengan que ayudarte a usar el baño”.

Los investigadores también encontraron que quienes mencionaron a amigos como cuidadores eran más jóvenes que quienes solo tenían familiares en ese papel, y tenían más probabilidades de contar con títulos universitarios. Las personas con mayor nivel educativo tienen redes sociales más amplias, dijo Fingerman.

Quienes recibían ayuda de amigos también tenían, como era de esperar, menos probabilidades de estar casados y más probabilidades de vivir solos, como Ann Greenwater, de 84 años, quien vive en una comunidad de casas móviles en una zona rural del condado de Humboldt, en California.

Se manejó de forma independiente hasta hace unos años, cuando un dolor de espalda intenso la dejó postrada en cama durante casi tres meses. Aunque ahora puede moverse y encargarse de la limpieza, la cocina y su cuidado personal, “en realidad nunca me recuperé del todo”, dijo Greenwater.

Es soltera, no tiene familia, solo un sobrino lejano al que apenas conoce, y dejó de conducir. Pero un grupo de amigos a quienes conoce de un centro budista zen cercano ha dado un paso al frente.

Milli Quam, de 86 años, lava su ropa y se la lleva, y a veces recoge medicamentos de camino. Otra persona de 73 años ayuda a Greenwater con la computadora y, junto con varios otros amigos, la lleva a hacer las compras o compra por ella. Miembros de una organización local de voluntarios la llevan a sus citas médicas.

“Quiero a Ann y me alegra que haya algo concreto que pueda hacer”, dijo Quam. “Espero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo”.

Los amigos tienen algunas ventajas como cuidadores.

“Nuestros amigos tienen nuestra misma edad y entienden lo que estamos atravesando”, dijo Carr. “Pueden tener más empatía y, a veces, conocimientos reales que han adquirido”.

Cuando también hay familiares cuidando, la ayuda de los amigos puede reducir su carga.

Pero los amigos también pueden ser una fuente de ayuda menos estable. Los vecinos se mudan. Pueden surgir tensiones si la persona que necesita cuidados se vuelve demasiado exigente o se siente culpable por aceptar ayuda, lo que puede desafiar las expectativas de igualdad propias de las amistades.

Un estudio dirigido por Carr encontró que la depresión en personas con limitaciones físicas.

Tampoco existe mucho respaldo de políticas públicas para estas relaciones de cuidado. Por ejemplo, la Ley federal de Licencia Familiar y Médica “salvo escasas excepciones, no ofrece licencia laboral con protección del empleo para cuidar a un amigo con una afección de salud grave”, dijo por correo electrónico Laura Lawless, abogada especializada en derecho laboral y empleo de Squire Patton Boggs.

“Con la familia, la expectativa es estar juntos ‘en las buenas y en las malas’”, dijo Carr. “Existe un enorme estigma asociado a estar distanciado de la familia, pero es bastante normal que algunas amistades simplemente se desvanezcan”.

En Sausalito, Wood le dice a Straight que “no tiene permitido mudarse hasta que yo muera”. Está bromeando… más o menos.

Los amigos de Greenwater en el condado de Humboldt tampoco han desaparecido, algo por lo que ella está agradecida. Pero están envejeciendo junto con ella; Quam dijo que, a sus 86 años, probablemente también deje de conducir dentro de no mucho tiempo.

“Me pregunto qué pasará cuando estos amigos ya no puedan venir a verme”, dijo Greenwater. “Supongo que lidiaremos con eso cuando llegue el momento”.

The New Old Age se produce a través de una colaboración con .

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

Es un logro que el ex congresista y ex secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos mientras hace campaña para gobernador de California  contra el republicano Steve Hilton, ex comentarista de Fox News.

Pero si Becerra logra la victoria en noviembre, como , enfrentará lo que podría ser la caída más pronunciada de la cobertura de salud en una generación, una situación que golpeará con especial fuerza a su estado natal.

Para 2030, se prevé que el número de californianos menores de 65 años sin seguro de salud , de 2,4 millones a 4,6 millones, a medida que los recortes estatales y federales a Medicaid y a los mercados de seguros de ACA comiencen los históricos avances en la cobertura, según un análisis del Centro de Trabajo de la Universidad de California-Berkeley lanzado en mayo.

El aumento previsto de la población sin seguro podría tener amplias repercusiones para los sistemas hospitalarios, las aseguradoras y la economía.

En febrero, Miranda Dietz, directora del programa de atención médica del Centro de Trabajo, dijo a los legisladores que los cambios podrían terminar costándole a California unos , la mayoría en el sector de salud.

Ejecutivos de hospitales ya han comenzado a reportar un aumento de las , y expertos advierten que los planes de salud subirán aún más las primas al quedarse con afiliados que, en promedio, estarán más enfermos y serán más costosos de cubrir.

“Es un triaje”, dijo , directora ejecutiva de Covered California, el mercado de seguros de salud administrado por un estado más grande del país. “Eso es lo que le espera al próximo gobernador”.

California logró una de las de la población sin seguro del país, atribuida en gran medida a la sólida implementación de ACA en el estado. Si llega a gobernar este estado rico y progresista, Becerra tendrá que lidiar con la forma en que los californianos sin seguro recibirán atención y quién la pagará, mientras la administración Trump reduce una red federal de protección social que Becerra mismo dirigió.

Este candidato tiene cierta experiencia enfrentándose a Washington, D.C. Como fiscal general de California, muchas disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, incluido el acceso a métodos anticonceptivos.

Becerra dijo que emitiría una para mantener con seguro a las personas afectadas por los recortes federales. Pero no ha explicado en detalle cómo el estado compensaría los hasta en fondos federales que California podría perder.

En un foro organizado por Politico el mes pasado, que los californianos no perderían su cobertura de salud a pesar de los recortes federales y dijo que presionaría a la industria para eliminar gastos innecesarios en “abogados, contadores y burócratas” que cuestan miles de millones a los consumidores.

“Voy a pedirles que me ayuden a sacar parte de ese desperdicio y ponerlo en la atención médica, lo que nos ayudará a cubrir el costo de mantener asegurados a los californianos”, expresó.

Su rival, Hilton, intenta atraer a votantes que , pese a haber recibido el respaldo del presidente, y ha hecho campaña a favor de eliminar la cobertura para los californianos sin estatus migratorio legal, que se paga con fondos estatales. También ha prometido utilizar esos ahorros para otorgar , presentándolas como una solución inmediata al alto costo de vida.

“Todos entendemos que el sistema de salud es un desastre y necesita una reforma importante”, dijo Hilton en una entrevista. “Lo más rápido que podemos hacer con respecto a los costos de la atención médica es, en realidad, cobrarle menos impuestos a la gente”.

Nadie debe quedar atrás

En 2010, Becerra formó parte del equipo de liderazgo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y ayudó a reunir los votos necesarios para aprobar la ley. También participó en su elaboración, aunque fracasó su intento de incluir una opción de cobertura respaldada por el gobierno.

Una década más tarde, cuando los legisladores lo consideraban para ocupar el principal cargo de salud del país, Becerra dijo que su misión primordial sería implementar la visión del presidente Joe Biden de ampliar el acceso y reducir los costos mediante ACA.

Antes de esta ley de salud, unos —aproximadamente 1 de cada 6— no tenían seguro. Pocos años después de , la ampliación de los requisitos de elegibilidad para Medicaid y la ayuda financiera para las personas de bajos ingresos inscritas en los mercados de seguros contribuyeron a reducir casi a la mitad la tasa de personas sin seguro en el país.

Millones más obtuvieron cobertura durante la pandemia de covid-19, después de que Becerra implementara de las desafiliaciones de Medicaid y administrara subsidios generosos, aunque temporales, que hicieron que los planes del Obamacare fueran económicamente .

Como secretario de Salud de Biden, Becerra lanzó agresivas campañas de información pública, y distribuyó cientos de millones de dólares en subvenciones para financiar a los asesores de consumidores, también conocidos como , que ayudan a los afiliados a lidiar con el papeleo.

“Una de las cosas que solíamos escuchar de él como líder era: ‘¿A quién estamos dejando atrás?’”, dijo , profesor de políticas de salud de Harvard que fue subsecretario adjunto durante la gestión de Becerra.

Bajo Biden y Becerra, el porcentaje de personas con seguro de salud alcanzó un máximo histórico del 92%, equivalente a 310 millones de estadounidenses con cobertura en 2024.

La respuesta republicana

Pero los conservadores dijeron que esas políticas de inscripción al atraer cobertura fraudulenta e innecesaria. En respuesta, la segunda administración Trump ha y endurecido los requisitos para declarar ingresos.

“Es simple y fácil decir: bueno, las cifras aumentaron, así que el programa debe estar funcionando”, dijo Edmund Haislmaier, investigador principal de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador. “Mi argumento sería que esa es la métrica equivocada”.

El verano pasado, el Congreso, liderado por los republicanos, aprobó la One Big Beautiful Bill Act de Trump, que, según dicen, preserva Medicaid para quienes más lo necesitan a la vez que . En total, se espera que la ley reduzca el gasto de Medicaid en más de durante una década.

El Congreso también permitió que el año pasado expiraran para las primas de los planes del Obamacare, lo que provocó un fuerte aumento de lo que pagan los estadounidenses de ingresos medios por sus primas y una caída de casi en las inscripciones este año.

“Ahora estamos presenciando una reversión casi total de prácticamente todas esas políticas” que ayudaron a que millones más de estadounidenses obtuvieran cobertura, dijo Sabrina Corlette, codirectora del Center on Health Insurance Reforms de la Universidad Georgetown.

Para Eric Maciel, el costo mensual de $800 de un plan de Covered California es demasiado alto. Para evitar lesionarse, el joven de 28 años se queda más tiempo en casa y rara vez juega partidos de fútbol en el parque; los otros jugadores, dijo, pueden ser bastante bruscos.

“Eso es como otra cuota del auto”, dijo Maciel. “No me quedaría nada”.

Los economistas de salud dicen que Maciel es el tipo de cliente que las aseguradoras necesitan para estabilizar sus grupos de riesgo: joven, saludable y menos costoso.

Hilton criticó a los líderes estatales por aprobar una modificación del impuesto a los proveedores que, según afirma, hará que las primas se disparen, y dijo que quiere introducir más competencia en el mercado de seguros de salud de California, aunque no ofreció propuestas específicas.

A la defensiva

Los costos estatales más altos de lo esperado, sumados a los recortes federales, han llevado a California a retroceder en materia de cobertura de salud. Los fondos federales representan y , el programa estatal de Medicaid.

El gobernador Gavin Newsom ha congelado la inscripción de inmigrantes sin estatus legal, ha establecido primas mensuales para algunos y planea la asistencia federal que perderán inmigrantes con estatus legal, como solicitantes de asilo y refugiados.

Newsom y los legisladores demócratas acordaron hasta julio de 2027, dejando al próximo gobernador la tarea de evaluar nuevos recortes frente a posibles aumentos de impuestos.

Becerra, nacido en California e hijo de inmigrantes mexicanos, al llamado “impuesto a los multimillonarios” que estará en la boleta electoral de noviembre.

El mes pasado dijo que apoyaba iniciativas legislativas para penalizar a las grandes corporaciones cuyos trabajadores dependen de Medi-Cal, argumentando que los contribuyentes están subsidiando los bajos salarios y los escasos beneficios que ofrecen esos empleadores.

Los gobiernos de los condados, que están legalmente obligados a brindar atención médica a los residentes sin seguro que son demasiado pobres para pagarla, están presionando a los legisladores para obtener fondos que les permitan atender lo que describen como una nueva avalancha de pacientes que necesitarán atención gratuita.

“Es un precipicio bastante grande si todo esto entra en vigencia”, dijo Dietz, directora del programa de atención médica del Centro de Trabajo. “Y existe la opción de hacerlo menos perjudicial y mantener la cobertura para las personas”.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

Sus familiares y amigos pensaban que la pareja, viajera y aventurera, estaba disfrutando de otras vacaciones en el extranjero. Pero en realidad había algo más: habían desactivado la ubicación de sus teléfonos para que nadie supiera que estaban visitando una clínica griega donde intentaban tener un hijo.

Los Solomon forman parte del creciente número de estadounidenses que buscan en el extranjero, particularmente en Grecia y España, para escapar de los altos costos de los tratamientos de fertilidad en Estados Unidos, en donde estos procedimientos a menudo no están cubiertos por las aseguradoras de salud.

Entre ellos está la (FIV), que consiste en estimular la ovulación, extraer los óvulos, fecundarlos en laboratorio y transferir los embriones al útero. Pero también hay otros tratamientos médicos menos complejos para intentar resolver la infertilidad.

El presidente Donald Trump ha convertido la fertilidad, y en particular la FIV, en uno de los temas de la agenda de su administración, después de prometer durante su campaña de 2024 una . En mayo, su administración propuso destinada a facilitar que los empleadores ofrecieran cobertura para tratamientos de fertilidad, aunque todavía no se ha finalizado.

Hasta ahora, el resultado más concreto ha sido una reducción en el costo de algunos medicamentos para la FIV a través de TrumpRx, un sitio donde los pacientes que pagan de su bolsillo pueden encontrar medicamentos con descuento en farmacias participantes. La Casa Blanca estimó que los pacientes podrían ahorrar .

Aunque significativos, esos ahorros se enfrentan a en el costo de los medicamentos para la FIV desde 2014, según GoodRx, un servicio de descuentos para medicamentos recetados.

Un sobre estadounidenses asegurados, publicado en julio por Abene Health Partners y la Women’s Reproductive Health Foundation, encontró que el costo total de un ciclo de FIV superaba los 29.000 dólares, equivalente al 35% del ingreso familiar anual promedio en el país.

Según esta investigación, las pruebas genéticas, el almacenamiento de embriones, y la atención durante el embarazo y el parto pueden elevar el costo total a más de 54.000 dólares por cada nacimiento de un bebé concebido mediante FIV.

En promedio, un paciente necesita entre dos y tres ciclos para lograr tener un hijo, por lo que los costos pueden ser aún mayores.

La infertilidad afecta a en Estados Unidos, pero se estima que solo se cubre el 24% de las necesidades de tratamiento debido a los elevados costos y a la limitada cobertura, según la American Society for Reproductive Medicine.

Se cree que la infertilidad , en parte porque las personas tienen hijos a edades más avanzadas, así como por factores como la .

Aun así, más de nacieron mediante FIV en Estados Unidos en 2024, una cifra récord, según la Society for Assisted Reproductive Technology.

Una proporción cada vez mayor de quienes esperan convertirse en padres busca ayuda en Europa: el número de estadounidenses que eligieron clínicas europeas aumentó más del 37% el año pasado, según , presidente de la European Fertility Society, un grupo que recopila datos sobre tratamientos de fertilidad en Europa.

Los Solomon sabían que la FIV era su única posibilidad de tener hijos biológicos juntos, porque Justin había tenido cáncer testicular al final de su adolescencia. Lo que estos novios desde la universidad no esperaban era el costo, y al comienzo de su recorrido con la FIV supieron que su seguro no cubriría el tratamiento. Aunque algunos estados han aprobado leyes que obligan a las aseguradoras a pagar ciertos tratamientos de fertilidad, la cobertura .

Cuando la pareja exploró por primera vez la posibilidad de usar la FIV en Florida, donde viven, les cotizaron 40.000 dólares por un solo ciclo de tratamiento. El precio los sorprendió, y Emilie dijo que la oferta de la clínica de un descuento de primavera para una transferencia de embriones le resultó “perturbador”.

“De alguna manera se aprovechan de tus esperanzas y sueños de convertirte en padre o madre”, dijo Emilie.

Tratamiento y recorridos por las islas

El precio de la FIV y la incertidumbre en torno a en Florida para reconocer a los embriones como personas legales, que los Solomon temían que pudiera el control sobre sus embriones, los llevaron al Pelargos IVF Medical Group, en Atenas. Allí, durante el primero de dos viajes, Emilie se sometió a estimulación ovárica y extracción de óvulos.

Incluyendo los medicamentos, la fecundación, el almacenamiento y la posterior transferencia del embrión, el tratamiento costó en total unos 12.000 dólares, sin contar los gastos de viaje. Según los Solomon, una fracción de lo que podrían haber gastado en Estados Unidos. El costo más bajo atrajo a la pareja, pero también la posibilidad de hacer turismo y conocer otro país.

En ese primer viaje, pasaron un fin de semana entre citas médicas recorriendo la isla griega de Milos. Entre las inyecciones hormonales de Emilie, alquilaron un bote para explorar la isla. Un video del viaje los muestra escalando los impresionantes acantilados volcánicos blancos de la isla y a Emilie flotando en las aguas turquesas del mar Egeo.

A pesar del desgaste emocional y físico del proceso de FIV, la pareja recuerda haberse sentido en una pequeña burbuja, alejados de todos y explorando un lugar hermoso.

“Fue uno de los mejores veranos que hemos tenido”, dijo Emilie.

Cuando regresaron a Grecia para la transferencia del embrión en octubre de 2025, pasaron dos días en Croacia.

La FIV en Grecia utilizando los propios óvulos de la paciente suele costar entre 3.000 y 4.000 dólares, sin incluir los medicamentos, por lo que incluso sumando los gastos de viaje suele representar una porción de lo que los pacientes pagan en Estados Unidos.

“Los estadounidenses eligen Grecia porque pueden acceder a un tratamiento más asequible, comenzar más rápidamente y recibir un buen apoyo como pacientes internacionales”, dijo Dejewski.

Sin embargo, los pacientes en Grecia enfrentan algunas restricciones legales: el almacenamiento de embriones está limitado en el tiempo, el anonimato de los donantes es la norma, y existen restricciones sobre la selección de sexo y el número de embriones que pueden transferirse. También es limitado el acceso a la gestación subrogada para los no residentes y los pacientes deben considerar cuidadosamente los requisitos de documentación si planean trasladar embriones entre Grecia y Estados Unidos.

Penny Ampatzi dijo que explica claramente estas diferencias legales cuando estadounidenses consultan con su clínica en Atenas. Serum IVF ofrece coordinar el traslado de los pacientes desde el aeropuerto, además de recorridos por distintas islas.

Ampatzi, cofundadora y directora de la clínica Serum IVF, dijo que el principal atractivo para la docena de pacientes estadounidenses que su clínica recibe cada mes son los planes de tratamiento de fertilidad personalizados. El costo le sigue de cerca. Un ciclo en su clínica cuesta poco menos de 6.000 dólares, sin incluir la congelación de embriones. Según Ampatzi, casi todos los pacientes de Serum son extranjeros.

“Piensas que tienes buenas posibilidades de éxito, que además no tienes que pagar una cantidad de dinero tan alta y que puedes combinar el tratamiento con unas vacaciones. Entonces dices: ‘¿Por qué no?’”, remarcó.

Una decisión que tiene sus riesgos

Los costos de la FIV en Estados Unidos han aumentado por una combinación de factores, entre ellos la inflación, la escasez de expertos en embriología, el fuerte aumento de la demanda tras los retrasos provocados por la pandemia y la participación de firmas de capital privado, dijo Dejewski.

William Kiltz, vicepresidente de marketing y desarrollo de negocios de , con sede en Estados Unidos, dijo que los costos se están volviendo cada vez más inaccesibles.

“La FIV se está convirtiendo prácticamente en un tratamiento que solo el 1% más rico puede pagar razonablemente”, dijo.

Kiltz indicó que el modelo de CNY —que ofrece FIV por alrededor de 8.000 dólares, sin incluir el almacenamiento de embriones, en sus 18 centros en todo el país— genera apenas las ganancias suficientes para “mantener las luces encendidas” y abrir nuevos centros, mientras mantiene los costos bajos.

“Estamos tratando de ofrecer esta atención al costo más bajo posible”, dijo.

Más de la mitad de los pacientes de CNY viajan desde otros estados en busca de esas opciones más económicas, dijo Kiltz.

Agregó que espera que el mercado de la FIV termine estabilizándose, como ocurre con muchas tecnologías nuevas. Pero casi cinco décadas después de la primera fertilización in vitro, esa normalización todavía no ha ocurrido. Kiltz cree que esto se debe a que se trata de un mercado impulsado por emociones muy intensas.

“La gente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa”, dijo Kiltz. “Sin duda existe cierto riesgo en algo así, cuando la demanda y el deseo de una persona son tan fuertes que alguien podría aprovecharse”.

, principal especialista en fertilidad del centro de CNY en Norfolk, Virginia, resaltó las dificultades de evaluar una clínica en el extranjero cuando el paciente no habla el idioma o no comprende las regulaciones locales sobre FIV. También puede resultar complicado transportar de regreso a casa medicamentos sensibles a la temperatura.

“Es casi como tener un trabajo de tiempo completo intentando ser al mismo tiempo experto en regulaciones e inspector, mientras además eres el paciente”, dijo Pakrashi.

También dijo que algunos pacientes que buscaron tratamiento en el extranjero regresaron a su clínica con dificultades para transferir sus historiales médicos o comprender un diagnóstico que habían recibido en otro país. Con frecuencia tienen que repetir los estudios.

Y viajar al extranjero para realizarse una FIV sigue estando fuera del alcance económico de muchos estadounidenses.

Los Solomon dijeron que buscar tratamiento en otro país también requiere cierto espíritu aventurero. Pero, para ellos, toda la logística y los viajes valieron la pena. Un ciclo de FIV y dos viajes a Grecia les permitieron darle la bienvenida a la familia a un varón sano este verano.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

Quizás calculó mal la velocidad, dijo, porque apenas había cruzado parte de la calle cuando el vehículo, un sedán Toyota, se abalanzó sobre ella.

“Ella debería haberme visto”, dijo Melville sobre la conductora. “De repente estaba ahí y yo no tenía forma de apartarme. Salí volando no sé cuántos pies”.

Algunas personas que pasaban se acercaron a ayudar; llegaron la policía y una ambulancia. Poco después, Melville, maestra jubilada, estaba en un hospital recibiendo tratamiento por múltiples fracturas.

 Los cirujanos le reemplazaron la cadera derecha y repararon la fractura de su codo derecho. Los médicos también le dijeron que probablemente pronto necesitaría un reemplazo de rodilla.

Después de una semana hospitalizada y un mes en rehabilitación, Melville, que entonces tenía 73 años, regresó a casa en silla de ruedas. Los fisioterapeutas la ayudaron a pasar gradualmente a un andador y luego a un bastón, pero “fue un proceso largo”, contó.

Todavía tiene dolor de espalda y rodilla y no ha podido retomar las caminatas y excursiones con mochila que tanto disfrutaba.

Aun así, cuando la gente le dice que tuvo suerte, Melville está de acuerdo. “Podría haber sido mucho peor”, dijo.

A menudo lo es.

Los peatones mayores, como Melville, no sufren lesiones causadas por vehículos a una tasa mayor que los más jóvenes, según de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Pero sí tienen más probabilidades de morir.

La tasa de mortalidad de los peatones mayores de 65 años es superior al promedio de todas las edades. Casi 8.200 peatones de 65 años o más resultaron heridos ese año —probablemente una cifra inferior a la real porque no todos los accidentes graves y lesiones aparecen en los informes policiales—. Más de 1.500 murieron. Y la situación no está mejorando.

Los investigadores señalan que los peatones mayores siguen siendo más vulnerables a las colisiones. “Se desplazan por las intersecciones a un ritmo más lento”, dijo Andrew Rundle, epidemiólogo de la Universidad de Columbia.

Las dificultades auditivas o visuales pueden hacer que tengan menos posibilidades de notar que se aproxima un vehículo o de responder a las señales de tránsito. Y como el tiempo de reacción disminuye con la edad, tienen menos capacidad para esquivar un automóvil que gira, circula a alta velocidad o no respeta una señal.

Físicamente, “tienen mayor fragilidad, pérdida de masa muscular y huesos más frágiles”, dijo Rundle.

Como resultado, “las consecuencias de las lesiones son astronómicamente diferentes a medida que uno envejece”, dijo Charles DiMaggio, epidemiólogo especializado en lesiones de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “Una fractura de cadera en una persona de 45 años es desafortunada. En una de 75, es trágica”.

Además, después de una marcada disminución de las muertes de peatones en todos los grupos de edad desde 1975 hasta mediados de la década de 2000, el progreso entre la población mayor se ha estancado durante casi 20 años.

Los muestran que, aproximadamente desde 2008 hasta 2024, la tasa de mortalidad de peatones de 70 años o más no solo fue más alta que el promedio para todas las edades, sino que “se ha mantenido obstinadamente estable”, dijo Rundle.

Un factor podría ser la exposición: los adultos mayores parecen tener cada vez más probabilidades de salir a caminar. El muestra que la proporción que dijo caminar como forma de ejercicio aumentó del 60% en 2011 al 65% en 2023. “Y los alentamos a hacerlo, porque la calidad de vida incluye la actividad física diaria”, dijo Stephen Mooney, epidemiólogo especializado en lesiones de la Universidad de Washington.

Además, la creciente popularidad de las grandes SUV y camionetas significa que “los vehículos que circulan por las carreteras se han vuelto más peligrosos” en comparación con los sedanes tradicionales, dijo Rundle. En junio, documentó cómo sus capós más altos y sus mayores puntos ciegos contribuían al aumento de las muertes.

La amenaza más reciente: el crecimiento explosivo del uso de bicicletas eléctricas. Es un término genérico que suele utilizarse no solo para las bicicletas con asistencia eléctrica que, pedaleando, pueden alcanzar 28 millas por hora, sino también para vehículos más pesados, más rápidos y, por lo tanto, más peligrosos, similares a motocicletas. La industria ha denominado a estos últimos e-motos.

“Las e-motos deben regularse como vehículos motorizados”, dijo Noah Miterko, de la asociación comercial PeopleforBikes, quien señaló que estados y ciudades están tomando medidas para controlar su venta y uso. Entre 2019 y 2022, la tasa de lesiones por bicicletas eléctricas , según un análisis de datos de salas de emergencia publicado en el American Journal of Public Health.

El fenómeno de la “micromovilidad”, o el aumento del uso de vehículos motorizados de dos ruedas, es tan reciente que los investigadores todavía no tienen datos nacionales sobre los riesgos que representa para los peatones.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los peatones siguen teniendo muchas más probabilidades de resultar heridos o morir en encuentros con automóviles, camionetas o camiones. El año pasado, la ciudad registró , 105 de las cuales involucraron vehículos motorizados.

Pero “mis colegas clínicos están dando la alarma”, dijo DiMaggio. “Los departamentos de emergencias y los equipos de trauma dicen que tenemos que prestar más atención” a las lesiones por bicicletas eléctricas.

Un factor que suele pasarse por alto en las muertes de peatones es . Entre los peatones adultos que murieron en accidentes nocturnos, alrededor de un tercio tenía niveles de alcohol en sangre que indicaban intoxicación; lo mismo ocurrió con aproximadamente el 20% de quienes murieron durante el día.

Desde hace años, funcionarios de salud pública advierten que los adultos mayores están .

“Es casi un punto ciego”, dijo Rundle. “Hablamos mucho de conductores ebrios”, pero menos de peatones intoxicados.

Sin embargo, los accidentes que causan lesiones y muertes se pueden prevenir, dijo Laura Sandt, codirectora del Highway Safety Research Center de la Universidad de Carolina del Norte. Las políticas de los gobiernos federal y locales han evolucionado desde la época en que las muertes de peatones “parecían simplemente parte del costo de conducir”, dijo.

De hecho, más de 200 municipios han adoptado el , una estrategia de salud pública centrada en programas y entornos que aumentan la seguridad vial para personas de todas las edades.

Entre los cambios que pueden salvar vidas se encuentran mejores diseños de las calles —islas peatonales, cruces, iluminación y extensiones de las aceras que hacen más visibles a quienes cruzan—; una programación más segura de los semáforos —que dé a los peatones ventaja antes de que giren los automóviles—; y límites de velocidad más bajos.

Un sobre los lugares donde mueren peatones mayores en colisiones encontró que el riesgo era considerablemente mayor en zonas con una alta concentración de destinos accesibles a pie para personas mayores, como hospitales y centros de salud, farmacias y centros para adultos mayores y comunitarios. Esto sugiere la posibilidad de desarrollar estrategias de tránsito específicas para esos vecindarios, similares a las enfocadas en las escuelas y sus alrededores.

La seguridad vial “no debería depender de que un peatón vea que viene un automóvil y salte para apartarse”, dijo Mooney, uno de los autores del estudio. “Nuestro trabajo es hacer que el sistema sea más seguro para todas las edades y capacidades”.

Melville, que no pudo saltar para ponerse a salvo, ahora “sale y hace cosas”, dijo. “No estoy como antes, y no sé si alguna vez lo estaré, pero puedo funcionar. Llevo una vida normal”.

Todavía extraña sus caminatas por Reinhardt Redwood Regional Park y la reserva Point Reyes National Seashore, dijo, pero “voy a volver a hacerlo”.

The New Old Age se produce a través de una colaboración con .

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

Entonces Medicare lanzó un programa piloto de 18 meses que ofrece medicamentos GLP-1 a algunos afiliados por solo $50 al mes. La Marca pensó que, por fin, podría pagar el medicamento.

“Pensé: ‘Gracias a Dios, hay una salida’”, dijo La Marca, quien vive en Basking Ridge, Nueva Jersey, y ha probado muchas dietas y rutinas de ejercicio.

Pero la alegría del hombre de 68 años duró poco.

Su solicitud para participar en el programa piloto fue rechazada.

La Marca tiene apnea obstructiva del sueño grave, uno de varios diagnósticos que excluyen a los pacientes del precio mensual de $50 del programa Bridge. La notificación no explicaba por qué había sido rechazado. Él cree que, si no tuviera ese diagnóstico, calificaría debido a su peso.

“Soy obeso, tengo obesidad mórbida, un IMC de 42. Me hicieron una cirugía de bypass coronario cuádruple. Tengo riesgo de sufrir un derrame cerebral. Soy prediabético. Y aun así no puedo acceder al medicamento. Estoy furioso”, dijo.

Solución temporal para un problema de larga data

Aproximadamente 1 de cada 5 adultos estadounidenses ha tomado un medicamento GLP-1, y la mayoría, incluidos quienes tienen seguro de salud, dice que estos medicamentos son .

Desde hace mucho tiempo, la ley federal prohíbe que Medicare cubra medicamentos recetados exclusivamente para bajar de peso, por lo que programa Medicare GLP-1 Bridge generó tanta atención cuando se lanzó en julio.

Se trata de un programa piloto de corto plazo en el que Medicare ofrece cobertura de tres medicamentos GLP-1 para bajar y controlar el peso, con el objetivo de evaluar si eso podría ahorrarle dinero al programa más adelante.

Los pacientes elegibles deben estar inscritos en Medicare Parte D, la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Aunque las personas deben tener Parte D para calificar, la solicitud de autorización previa no se presenta a través de la aseguradora, sino mediante un sistema separado administrado por un contratista de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El programa piloto incluye Wegovy, la presentación KwikPen de Zepbound y el medicamento oral Foundayo.

Bajo este programa, muchos beneficiarios de Medicare con (IMC) de 35 o más —dentro del rango más alto de obesidad— califican para la cobertura de uno de estos medicamentos, si se los recetan. Quienes cumplen con los demás requisitos y tienen un IMC de entre 27 y 34 pueden calificar si además presentan ciertas afecciones de salud, como prediabetes o enfermedad cardiovascular.

Pero en la letra pequeña aparece una distinción que está generando problemas para pacientes como La Marca: el precio de $50 del programa Bridge se aplica únicamente a quienes utilizan el medicamento exclusivamente para bajar de peso.

Cualquier persona que tenga una afección médica para la cual la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) haya aprobado un GLP-1 como tratamiento, como diabetes tipo 2 o apnea obstructiva del sueño de moderada a grave, es remitida nuevamente a su plan de medicamentos recetados de Medicare Parte D, que puede exigir copagos de cientos de dólares al mes por estos fármacos.

“El programa Bridge fue diseñado para llegar a las personas que no pueden obtener cobertura de GLP-1 a través de la Parte D, pero que se beneficiarían de tomar uno para bajar de peso”, dijo Juliette Cubanski, directora del Programa de Política de Medicare de KFF.

El costo para Medicare de subsidiar estos medicamentos dependerá en gran medida de cuántas personas utilicen el programa, y el gobierno federal no ha publicado una estimación.

Cubanski calculó que 3.8 millones de personas califican y que, si una cuarta parte se inscribe en Bridge y permanece en tratamiento durante los 18 meses completos del programa, le costaría a Medicare alrededor de 3.300 millones de dólares. Si se inscribieran tres cuartas partes, el costo podría aumentar a 10.000 millones.

Si el gobierno ampliara el programa para incluir a los 5.9 millones de personas adicionales que tienen sobrepeso y ya son elegibles para cobertura de GLP-1 a través de Medicare Parte D, eso sumaría miles de millones más al costo del programa.

Las primeras semanas de la demostración han sido positivas y la mayoría de las solicitudes de autorización previa se han resuelto en menos de 12 horas, dijo Timothy Foster, vocero de los CMS.

“Esto ha permitido que miles de beneficiarios elegibles tengan acceso a medicamentos GLP-1 para bajar de peso en farmacias de todo el país”, dijo Foster.

Cobertura de los GLP-1

Pacientes como La Marca quedan en una situación difícil: califican para la cobertura de un GLP-1 a través de la Parte D, pero enfrentan costos de bolsillo mucho más altos.

“‘Tener cobertura’ no siempre significa que sea ‘asequible’”, dijo , médica de atención primaria que se describe como una “gran defensora” de los GLP-1 y ejerce en Sunflower Medical Group, en Roeland Park, Kansas.

El programa Bridge está dejando afuera a pacientes con las mayores necesidades médicas, dijo. Señaló que muchos pacientes de Medicare ya deben atravesar procesos de autorización previa y pasar meses probando tratamientos alternativos, generalmente más baratos, un proceso conocido como terapia escalonada, antes de obtener finalmente la aprobación. Y luego, al llegar a la farmacia, descubren que los copagos de sus GLP-1 pueden costarles entre $200 y $600 al mes, o incluso más.

Investigadores que estudian cómo los planes de Medicare cubren los GLP-1 que los beneficiarios enfrentan aumentos en los gastos de bolsillo y que casi todos los planes ahora exigen autorización previa, lo que puede dificultar el acceso a estos medicamentos.

Chris Bond, portavoz de AHIP, el grupo comercial de la industria de seguros, culpó a los precios fijados por los fabricantes de medicamentos, “que solo ellos establecen y solo ellos pueden reducir”.

La aseguradora de La Marca se negó a responder preguntas específicas sobre su caso.

A la espera

Por ahora, La Marca aún no ha podido surtir su receta de GLP-1. El diagnóstico de apnea del sueño grave que ayuda a demostrar su necesidad médica es, al mismo tiempo, lo que lo excluye del programa de descuento que pondría el medicamento a su alcance.

Al reflexionar sobre sus apelaciones y los callejones sin salida, La Marca hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas de frustración.

“Ahora esta es mi misión, porque es mi única oportunidad de mejorar mi salud”, dijo. “Es lo único que me queda. Ya intenté de todo”.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

El fresco manantial cubierto de musgo se encuentra justo al otro lado de la carretera de White Mesa Mill, la de procesamiento de uranio que sigue funcionando en el país y que produce yellowcake, o concentrado de ese metal, para combustible nuclear.

Durante décadas, la planta ha generado debate sobre si la contaminación radiactiva amenaza la salud humana al llegar al agua y al aire. La preocupación es especialmente profunda en la comunidad Ute de White Mesa, donde Lehi y unos 200 miembros de su tribu viven a unas 5 millas al sur de la instalación.

Los reguladores estatales y la compañía propietaria de la planta sostienen que cualquier contaminación asociada con ella está contenida. Eso ofrece poco consuelo a los miembros de la tribu que viven cerca y que, conscientes del legado mortal del uranio en la meseta del Colorado, han planteado dudas sobre la posible propagación de residuos tóxicos. Muchos no beben el agua local y dependen de agua embotellada.

Ahora, las preocupaciones de la tribu tienen una nueva urgencia a medida que Estados Unidos impulsa la reactivación de la producción nacional de uranio.

Una ley federal aprobada en 2024 prohíbe las para 2028, aumentando la presión para desarrollar fuentes nacionales de combustible. El presidente Donald Trump fijó como objetivo de Estados Unidos para 2050. También para dar prioridad a la minería en tierras federales y acelerar la aprobación de proyectos mineros.

La mina de uranio Velvet-Wood, en Utah, por ejemplo, completó la federal en 11 días, para , que recibieron apenas una semana para presentar sus comentarios.

El objetivo de Trump de cuadruplicar la capacidad nuclear será difícil de alcanzar porque requeriría construir más reactores —algo complejo y que a menudo enfrenta oposición local—, dijo , investigador principal de clima y energía del Council on Foreign Relations. Pero los centros de datos y el aumento de la demanda de electricidad han intensificado el interés por la energía nuclear como una fuente de bajas emisiones de carbono, señaló. Y están abriendo la puerta a .

Así que ya está en marcha el esfuerzo por obtener su ingrediente fundamental: el uranio.

White Mesa Mill, construida en 1980 cerca de lo que hoy es , en el sureste de Utah, es un punto central del más reciente auge del uranio y de las tensiones entre las preocupaciones de las tribus locales y los intereses económicos nacionales.

El aumento de la demanda mantiene un flujo constante de camiones que transportan mineral de uranio hasta la planta desde minas de la región, incluida una cercana al Gran Cañón, donde vive la tribu Havasupai. Ese mineral atraviesa en camiones la Nación Navajo. Además, la planta planea ampliar su capacidad de almacenamiento de residuos.

Lehi, ex miembro del consejo tribal, forma parte de una oposición creciente que incluye a miembros de las tribus Havasupai y Navajo (Diné), ahora conectadas por las rutas de transporte de uranio que atraviesan sus tierras. Las tribus Havasupai y Ute Mountain Ute comparten la preocupación de que las aguas residuales tóxicas de la extracción y procesamiento del uranio puedan desplazarse por el subsuelo y contaminar el agua potable para generaciones futuras.

Una historia de desconfianza

Una mañana de primavera en White Mesa, Yolanda Badback miró por una puerta abierta, no lejos de la carretera, y vio pasar tres camiones cargados de uranio.

“Ahí va otro”, dijo Badback con tono de agotamiento. Es miembro de la tribu Ute Mountain Ute y dirige , un grupo de defensa que lucha contra la planta.

La instalación recibe entre 10 y 15 camiones cada día de semana, dijo Curtis Moore, vicepresidente sénior de marketing y desarrollo corporativo de , propietaria de la planta desde 2012. La mayoría pasa por White Mesa.

La actividad de la planta está aumentando después de 15 años relativamente tranquilos, dijo Moore. White Mesa Mill produjo 1 millón de libras de yellowcake el año pasado; la compañía planea esa cantidad este año, señaló.

La planta también se ha diversificado hacia el procesamiento de residuos radiactivos procedentes de lugares tan lejanos como y Japón, y recibió un compromiso de préstamo condicional de del Departamento de Defensa para ampliar el procesamiento nacional de elementos de tierras raras.

Solo el nuevo negocio de tierras raras podría generar 100 empleos permanentes, dijo Moore. Aproximadamente la mitad de los 105 trabajadores de la planta son indígenas; Moore calculó que no más de dos pertenecen a la tribu Ute Mountain Ute.

“Cuando se trata de las tribus de la zona, entiendo perfectamente su escepticismo respecto del uranio”, dijo Moore. “Les han mentido antes”.

El auge del uranio impulsado por el gobierno estadounidense desde la década de 1940 hasta la de 1980, concentrado en gran medida en la región de Four Corners —Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado—, expuso a los mineros a por cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer.

Revisiones federales encontraron que los mineros, muchos de ellos Navajo (Diné), sobre los riesgos de la radiación incluso después de que científicos del gobierno comprendieran los peligros. Las compañías mineras dejaron miles de sitios de residuos abandonados que han filtrado contaminación al suelo y al agua circundantes, incluidos en la Nación Navajo y sus alrededores.

Pero Moore dijo que las cosas han cambiado mucho desde la década de 1950. Según dice, ahora los trabajadores están expuestos a entre el 15% y el 20% de los límites permitidos de radiación y, fuera de la planta, la exposición es “prácticamente cero”.

Agencias gubernamentales y funcionarios de Energy Fuels han dicho que no existe evidencia de que la planta esté afectando el suministro de agua potable de White Mesa, que proviene de un acuífero profundo protegido por una gruesa barrera de roca conocida como acuitardo (aquitard).

“Realmente es el lugar perfecto para una planta de uranio”, dijo Moore.

Adam Wingate, gerente de recuperación de uranio del , dijo que entiende por qué algunos residentes están preocupados. White Mesa se encuentra pendiente abajo respecto del flujo subterráneo de agua desde la planta de uranio.

Si los residentes escuchan hablar de una pluma de contaminación en otro acuífero menos profundo debajo de la planta —aunque no sea la fuente de su agua potable— y además su propia agua tiene un sabor extraño, “es una situación aterradora”, dijo. Pero, basándose en la evidencia disponible, Wingate sostuvo que la “salud no está en riesgo por la planta”.

Aun así, Lehi y Badback dijeron que el agua del grifo huele a azufre y tiene un color lechoso, y que la gente de White Mesa generalmente no la bebe.

“No confío en ella”, dijo Badback, cuya familia lleva décadas luchando contra la planta. “Mi principal objetivo es cerrar la planta”.

Una patrocinada por el grupo de Badback ha crecido durante la última década en medio de una profunda desconfianza arraigada en la historia de la minería de uranio. Gran parte de la oposición se centra en los residuos tóxicos de la planta, que se almacenan en cinco fosas revestidas llamadas celdas de relaves y ocupan unas 284 acres de terreno.

Badback promete luchar contra los planes de expansión, que incluyen nuevas celdas de relaves ubicadas aproximadamente un cuarto de milla más cerca de la comunidad de White Mesa que las actuales. Moore dijo que las nuevas celdas tendrán tres capas de revestimiento, de acuerdo con los estándares modernos.

Scott Clow, director de programas ambientales de la tribu Ute Mountain Ute, dijo que ese acuífero profundo sí presenta problemas de calidad —entre ellos arsénico, hierro y manganeso—, pero que el agua potable pública se filtra y es segura para beber.

“Quieren expandirse hacia el sur, hacia mi reserva”, dijo Badback. “Por eso estoy alzando la voz y haciendo todo lo posible para impedir que ocurra”.

Preocupación por la calidad del aire

En una manifestación de No Kings en marzo en Moab, unas 80 millas al norte de White Mesa, Badback pronunció un discurso y atendió una mesa donde ofrecía camisetas e información.

“No al uranio”, decían las camisetas. “Protejan a la comunidad Ute de White Mesa”.

En 2021, su tribu que afirmaba que White Mesa Mill “ha tenido graves impactos en la salud de los residentes de White Mesa y debería cesar por completo sus operaciones”.

Aunque su estrés psicológico es evidente, otros efectos sobre la salud han sido difíciles de demostrar.

Una de salud de 2023 concluyó que era poco probable que los niveles de radiación medidos en el monitor de aire de la tribu, ubicado en el centro de White Mesa, entre 2013 y 2019 perjudicaran la salud humana.

Pero los autores señalaron que no podían evaluar si las emisiones de radón de la planta podrían afectar a propiedades vecinas o residentes. Recomendaron que la tribu recolectara muestras de aire más cerca de la planta durante períodos de mayor actividad.

En diciembre de 2021, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) determinó que la planta estaba violando la Ley de Aire Limpio al no cubrir con líquido una de sus celdas de relaves para limitar las emisiones de radón, una causa conocida de cáncer de pulmón. La EPA calificó la infracción como “grave por su naturaleza y duración” y prohibió temporalmente que la planta recibiera residuos de sitios de limpieza del programa Superfund.

La planta corrigió el problema, según reguladores estatales, y aprobó su revisión más reciente de .

Aun así, algunos residentes de White Mesa siguen preocupados. Badback y Lehi se quejaron de olores que atribuyen a la planta y que, según dijeron, se parecen a productos químicos o huevos podridos. Badback ha planteado inquietudes sobre la calidad del aire y las tasas de cáncer y asma, que están siendo estudiadas en una encuesta de salud de la Universidad de Utah.

Moore negó que cualquier olor proveniente de la planta pudiera percibirse más allá del estacionamiento de la instalación.

Funcionarios de calidad del aire de Utah dijeron que el estado no realiza monitoreo del aire ambiente en White Mesa y no regula los olores.

Vigilando el agua

Ese día de primavera, Lehi siguió buscando por Entrance Spring. En el horizonte se veía la silueta de Sleeping Ute Mountain, un lugar emblemático de la tribu Ute Mountain Ute que, según la tradición, representa el cuerpo de un gran dios guerrero.

Durante el recorrido, Lehi señaló un círculo de piedras que le pareció un antiguo lugar de entierro ancestral. Después de estacionar el Jeep, bajó por un sendero apenas visible a través de un frondoso bosque de sauces y llegó al lecho de un arroyo que, calculó, lo llevaría al manantial.

La tribu no depende de ese manantial para obtener agua potable. Pero es uno de los afloramientos y manantiales que la tribu, el estado y la compañía monitorean porque pueden ofrecer pistas sobre si las lagunas de residuos de la planta están filtrando contaminantes hacia un acuífero menos protegido.

A fines de la década de 2000, encontró niveles elevados de contaminación por radionúclidos —átomos que emiten radiación a medida que se desintegran— en Entrance Spring. Las muestras de agua de EPA encontraron que las concentraciones de uranio en ocasiones superaban el estándar federal para agua potable.

El trabajo de campo de la EPA y del U.S. Geological Survey sugirió que el uranio de Entrance Spring no provenía de filtraciones de las lagunas de residuos, sino del polvo que el viento arrastraba desde las áreas de almacenamiento de mineral de la planta.

Las , de 2025, mostraron que Entrance Spring tenía niveles de uranio de 22.5 microgramos por litro (µg/L), dentro del estándar federal para agua potable de 30 µg/L, aunque todavía elevados.

Clow dijo que la tribu continúa vigilando de cerca los afloramientos y manantiales.

“Nos preocupa la contaminación de esos manantiales”, dijo. “Estamos pensando en muchas generaciones hacia el futuro”.

Clow también vigila atentamente el acuífero Burro Canyon, que se encuentra debajo de las celdas de residuos tóxicos de la planta y alimenta los manantiales locales. Una pluma de cloroformo y otra de nitratos ya contaminan el acuífero, dijo Wingate, del estado. Señaló que Energy Fuels está bombeando la contaminación para extraerla.

Cuando aumentan los contaminantes, es difícil demostrar si se deben a causas naturales o a la actividad de la planta, ya que sustancias como el sulfato y el manganeso se encuentran de manera natural en el lecho rocoso local. Por eso Clow, la compañía y los funcionarios estatales debaten continuamente si las lagunas de relaves tienen filtraciones.

Lo que nadie discute es que la planta produce residuos radiactivos y que, una vez generados, pueden permanecer durante decenas de miles de años.

Lehi siguió el arroyo hasta donde termina en una gruta curva: el sitio de Entrance Spring. El agua brotaba lentamente de una pared de roca hacia una poza, ofreciendo un alivio fresco frente al calor del desierto. Lehi miró maravillado el musgo verde empapado por las gotas.

Descendiente de curanderos tradicionales, Lehi dijo que siente el deber de proteger el paisaje como lo hicieron sus antepasados, aunque actualmente la tribu no utilice este manantial como fuente de agua potable.

“El agua es vida”, dijo Lehi, “porque de ahí venimos todos”.

Este artículo recibió apoyo de , una iniciativa periodística independiente con sede en el Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado-Boulder.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

Pero cuando recibió un aumento de sueldo hace dos años, empezó a ganar demasiado para seguir calificando para el programa de la red de seguridad social. Y cuando revisó los planes de Covered California, descubrió que los precios del mercado de seguros seguían siendo demasiado altos para poder pagarlos con comodidad.

“Al principio entré en pánico”, dijo.

Carlos A. tiene una enfermedad inmunitaria crónica que necesita controlar con medicamentos que toma regularmente. KVPR y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News acordaron no revelar su diagnóstico ni su apellido para protegerlo de posibles repercusiones relacionadas con su salud.

“Necesito poder pagar mi seguro de salud para ir al médico, porque si no, no tengo tranquilidad”, agregó.

Ahora, ya cerca de los 30 años, recibe cobertura a través de su empleador por su trabajo en un almacén de Amazon. Además de tener que acostumbrarse a pagar primas mensuales y copagos por consultas médicas y medicamentos, también se enteró de que necesita una para recibir un medicamento que ha tomado durante una década. Sin esta autorización, solo podría recibir la versión genérica, algo que le daba miedo probar. Pensó que su aseguradora no había justificado adecuadamente el cambio.

“Sentí que esto era una bofetada en la cara porque yo estoy pagando mis primas”, recordó. “Es un contrato. Yo pago mis primas, ustedes me dan la cobertura y, si tengo que pagar un copago por mi medicamento, lo pago. Entonces, ¿por qué están haciendo cosas raras con mi medicamento?”

Carlos es uno de muchos votantes que están evaluando los costos de la atención médica en el Distrito Congresional 22 de California, que se extiende desde Bakersfield hasta zonas del oeste del condado de Fresno. El distrito fue para mejorar las posibilidades de los demócratas, pero sigue siendo uno del país en este ciclo electoral y podría influir en qué partido controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El distrito 22 ha estado en manos de los republicanos durante años. El actual representante, David Valadao, ocupa el cargo desde 2012 y ha sido reelegido en casi todas las votaciones desde entonces.

Carlos estuvo entre las decenas de personas que asistieron este mes a un acto en Bakersfield en apoyo del contrincante demócrata Randy Villegas. Según dijo, los costos de la atención de la salud estarán entre los factores clave que tendrá en cuenta cuando vote en las elecciones de mitad de mandato de este otoño. Y consideró que es un tema que ambos candidatos deben abordar.

“Espero que hagan campaña hablando del acceso a la atención médica”, dijo Carlos. “Sería una tontería si no lo hicieran”.

Los demócratas cuestionan el voto de Valadao a favor de la , la ley republicana de impuestos y gastos conocida como One Big Beautiful Bill Act, que redujo miles de millones de dólares destinados a la atención médica de personas de bajos ingresos.

La última vez que el costo de la salud tuvo un peso electoral comparable, Valadao perdió su escaño por el Valle Central. Fue , durante una “ola azul”, después de que el legislador republicano votara a favor de derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Recuperó su banca en 2020 por apenas 1.522 votos.

Valadao ha dicho que votó a favor de la porque, según él, no afectaría a Medicaid, conocido como Medi-Cal en California, un programa que protege a las personas más vulnerables, incluidos niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. También apoyó un fondo para la salud rural destinado a hospitales en áreas desatendidas.

Al mismo tiempo, aseguró que los requisitos laborales que la legislación establecía para adultos sin discapacidad y ayudarían a mantener el programa.

“Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren que nuestros programas sean sostenibles”, de Bakersfield antes de la votación. “Sostenible significa cuidar a quienes más lo necesitan, y quienes deberían estar trabajando, formando parte de la sociedad y siendo productivos, deberían hacerlo. No es injusto pedirlo”.

El requisito de trabajo y la obligación de presentar documentación entrarán en vigencia en 2027 para los afiliados de Medi-Cal. Según la California Health Care Foundation, se estima que perderán la cobertura hacia 2030 debido a los cambios de elegibilidad y administrativos.

Randy Villegas, un populista que apoya la y cuenta con el respaldo del senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) ha destacado cómo el voto de Valadao a favor de la HR 1 afectará a residentes de bajos ingresos en todo el distrito.

Villegas es integrante de la junta escolar de Visalia y contó que creció siendo beneficiario de Medi-Cal. En 2024, el actual Distrito 22, que se superpone parcialmente con el distrito rediseñado que lo reemplazará, tenía —64%— entre todos los distritos del país representados por republicanos, según KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a información sobre salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

“David Valadao votó por recortar la atención médica de casi 70.000 personas en el Valle y otorgar reducciones fiscales a multimillonarios y a sus donantes ricos”, afirmó Villegas en una declaración. “En el Congreso, lucharé para revertir esos recortes y reducir los costos de la atención médica”.

La oficina de Valadao no respondió a solicitudes de comentarios. destaca que apoya una cobertura de salud de calidad y asequible, y mantener el acceso para las personas más vulnerables.

Las encuestas también muestran que la decisión reciente de la administración Trump de destinados a los estados está teniendo eco entre los republicanos: el que los candidatos hablen sobre el fraude en los programas gubernamentales de salud. Los republicanos de distritos competitivos, incluido Valadao, comenzaron a en los que ponen el foco en la necesidad de reformar el sistema.

Pero muchos votantes de este distrito todavía están indecisos. Casi una cuarta parte de los votantes registrados no están afiliados a ningún partido. Algunos dijeron que todavía no han escuchado suficientes propuestas de los candidatos para que la atención médica sea más accesible, algo que esperan que cambie porque los costos de la cobertura de salud de sus preocupaciones económicas.

Matthew Depue, que vive en Hanford y tiene seguro privado a través de su empleador, dijo que ha tenido la suerte de contar con una cobertura confiable. Las primas de su seguro de salud afectan su presupuesto mensual, pero no ha tenido que postergar la atención ni elegir entre pagar facturas médicas y otras necesidades.

Aun así, Depue dijo que el aumento de los costos de la atención médica se está volviendo cada vez más difícil de ignorar.

El año pasado, los legisladores federales decidieron no extender los subsidios ampliados para los seguros de salud, una medida que, según funcionarios estatales, contribuyó a un en las primas de los planes de Covered California.

Dupue también ve cómo el alto costo de la atención médica empuja a algunas personas a cruzar la frontera. “La gente viaja a México porque los servicios de salud, los tratamientos y los medicamentos son mucho más baratos”, aseguró.

Sin embargo, aunque le importa la atención de salud, no es el único tema que definirá su voto. Depue, que todavía no sabe por qué partido se inclinará, explicó que evaluará a los candidatos por el conjunto de sus posiciones, incluidas cuestiones como los impuestos y el difícil mercado laboral.

En el Distrito 22, el 42% de los votantes registrados son demócratas, el 26% republicanos y el 24% no tiene preferencia partidaria, según el de la Secretaría de Estado de California, el más reciente disponible.

Para Patreza Newton, que vive en Hanford, pagar la atención médica se ha convertido en una carga considerable, cada vez más difícil de afrontar. Ella espera que quien gane las elecciones se comprometa a dar prioridad al acceso a la cobertura de salud, porque considera que el sistema actual es demasiado caro.

Antes compraba su propio plan a través del Obamacare y ahora está cubierta por el seguro de su iglesia. Pero para mantener las primas mensuales dentro de lo que puede solventar, eligió un plan con un deducible alto, lo que significa que tiene que pagar de su propio bolsillo algunos medicamentos recetados y consultas con especialistas.

Newton dijo que pertenece a lo que ella llama “los que quedan en el medio”: personas que ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero que tienen dificultades para pagar una cobertura.

Hace algunos años, Newton recibió una factura hospitalaria de unos $65.000 después de una cirugía y tuvo que solicitar asistencia financiera porque no podía pagarla.

Mientras piensa en cómo votar en las elecciones de este otoño, Newton dijo que no busca grandes promesas, sino a un líder que entienda lo que están viviendo las familias. Mientras tanto, sigue indecisa respecto de los candidatos porque, dijo, ninguno ha mostrado todavía la iniciativa que ella espera.

“Realmente creo que debería haber una manera de que la gente pueda permitírselo —dijo—, sin importar quiénes sean”, afirmó.

Este artículo forma parte de una colaboración que incluye a , una afiliada de NPR en el centro de California, y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .

En marzo, Ladonna Johnson estaba meciendo a A’mahri para que se durmiera cuando recibió un disparo en la cabeza con un arma que la mujer tenía para protegerse.

A’mahri adoraba salir al aire libre y pasear con su carrito. Su madre describió al pequeño como “dulce” y “cariñoso”. Cuando estaba cerca, dijo, “simplemente se sentía amor”.

El niño tenía una relación cercana con Steven Dodson Jr., el novio de su madre, quien había tomado el arma durante una discusión. En junio, Dodson, de 21 años, de asesinato y abuso infantil agravado y fue condenado a cadena perpetua.

A’mahri murió en uno de los lugares más violentos de Florida para los niños: Jacksonville. Esta ciudad tiene tres códigos postales que se encuentran entre los 10 peores del estado en cuanto a lesiones por armas de fuego en menores.

Cada año, cientos de niños son hospitalizados en Florida por heridas de bala y, en una proporción abrumadora, provienen de un número muy reducido de códigos postales, según halló un análisis exclusivo de datos hospitalarios realizado por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News y The Trace.

Los datos de facturación obtenidos de la Florida Agency for Health Care Administration muestran que, entre 2018 y 2024, más de 4.000 menores de 17 años o menos fueron hospitalizados por lesiones causadas por armas de fuego: alrededor de 1.5 por día.

Las redacciones recopilaron datos que los hospitales del estado utilizan para cobrar a las compañías de seguros o al gobierno. La información no identifica a los pacientes, pero incluye detalles sobre dónde vivían, además de su edad, raza y otros datos demográficos.

El número de niños asesinados en Jacksonville ha crecido tanto que , Families of Slain Children, construyó un monumento llamado “Wall of Compassion” —Muro de la Compasión— que contiene los nombres de cientos de personas muertas por disparos en la ciudad. Los organizadores instalaron un segundo muro cercano que ya se está llenando de nombres.

Las cifras reflejan cómo la larga historia de discriminación racial de Florida y sus leyes permisivas sobre armas de fuego perjudican la salud pública, según investigadores, funcionarios, activistas comunitarios y padres que han perdido a sus hijos.

En Jacksonville, los niños recibieron disparos con mayor frecuencia en vecindarios racialmente segregados, un legado de la discriminación promovida por el estado a principios del siglo XX en la vivienda, la banca y la inversión.

En la actualidad, estas zonas sufren la contaminación de antiguos incineradores de basura administrados por la ciudad, terrenos llenos de desperdicios, viviendas deterioradas, pobreza y otros problemas que los líderes locales llevan más de 50 años prometiendo solucionar.

Casi todos los códigos postales de Florida con las tasas más altas de lesiones por armas de fuego entre niños tienen grandes poblaciones afroamericanas o latinas.

Quizás en ningún otro lugar sea tan evidente el impacto de la violencia armada como en UF Health Jacksonville, un hospital de la red de seguridad y el único centro de trauma de nivel I del noreste de Florida.

Como jefe de cirugía de cuidados agudos, ve de primera mano el daño causado por las armas.

“Lo ves día tras día”, dijo Madbak. “Trabajo esta noche y sospecho que veré a un par de víctimas”.

, pediatra de UF Health y ex director de salud del condado de Duval, que incluye Jacksonville, dijo que los líderes estatales y locales no han abordado lo que denominó las “causas fundamentales” de las lesiones y muertes prevenibles por armas de fuego, como la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono.

“La conclusión es que a nadie le importan una m… estos jóvenes”, dijo Goldhagen.

Las víctimas de la violencia armada y sus familias enfrentan de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, los gobiernos locales han ubicado plantas industriales, y autopistas en vecindarios negros, aun cuando las con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, partos prematuros y violencia armada.

Sin embargo, el Departamento de Salud de Florida no considera a la violencia armada una amenaza para la salud pública, dijo Goldhagen, a pesar de que las armas de fuego son la de niños y adolescentes en el país.

El (State Health Improvement Plan), un conjunto de objetivos desarrollado por el departamento de salud y un comité asesor, no menciona las armas de fuego, el daño que causan a los niños ni medidas para reducir las muertes y lesiones entre los jóvenes.

En cambio, sus objetivos incluyen prevenir o reducir las muertes súbitas e inesperadas de bebés y los ahogamientos de jóvenes, las visitas a las salas de emergencia por accidentes automovilísticos y las hospitalizaciones por lesiones cerebrales traumáticas.

Ninguna de las personas con autoridad para abordar esta crisis de salud pública aceptó hablar con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News sobre la violencia armada y su impacto en los niños de Jacksonville: ni el Departamento de Salud de Florida, ni el gobernador Ron DeSantis, ni la alcaldesa Donna Deegan, ni 18 de los 19 miembros del Concejo Municipal de Jacksonville.

Solo respondió el concejal Jimmy Peluso. Dijo que durante mucho tiempo la ciudad ha ignorado las necesidades de los vecindarios con altas tasas de lesiones por armas de fuego entre niños.

“Muchos de estos vecindarios simplemente sienten que la riqueza los abandonó”, dijo, “y la ciudad no llegó para hacer todo el trabajo que necesitaban”.

DeSantis, republicano, ha pedido públicamente pocas restricciones sobre la manera en que las personas compran o portan armas. que permite a los residentes de Florida portar armas ocultas sin permiso.

Cuando el entonces cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró en 2024 que la violencia con armas de fuego era una crisis de salud pública, DeSantis calificó la advertencia como un .

DeSantis dijo que Florida no seguiría las recomendaciones, que incluían políticas como verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y requisitos para su almacenamiento seguro.

Molly Best, vocera de DeSantis, rechazó una solicitud de entrevista y no respondió preguntas sobre las políticas del gobernador sobre las armas.

“No existe una agenda para poner fin a la violencia armada en el estado de Florida”, dijo Jean Francis, ex enfermera pediátrica que dirige el capítulo de Jacksonville de Moms Demand Action, parte de una organización sin fines de lucro que promueve leyes más estrictas sobre armas de fuego.

Investigaciones han vinculado el aumento de las muertes de menores por armas de fuego entre 2011 y 2023 con las políticas estatales sobre armas.

Los estados con políticas permisivas, como las leyes de “stand your ground” —que permiten usar fuerza letal en determinadas circunstancias— y las que permiten portar armas abiertamente, registraron tasas más altas de muertes de niños por armas de fuego que los estados con regulaciones más estrictas, como restricciones sobre las armas y la edad, según un estudio publicado en .

El estudio ubicó a Florida entre un grupo de 30 estados con las políticas sobre armas más permisivas. Cuatro estados con leyes estrictas similares —California, Maryland, Nueva York y Rhode Island— registraron una disminución de las muertes de menores por armas de fuego durante el mismo período.

La impide que las ciudades y los condados adopten medidas de seguridad sobre armas más estrictas.

Las muestran que los niños que viven en vecindarios desfavorecidos tienen hasta 20 veces más probabilidades de sufrir heridas por armas de fuego que sus pares en las zonas con mayores ventajas socioeconómicas.

“Es desalentador”, dijo Madbak. UF Health Jacksonville atendió en 2024 a 255 pacientes con heridas de bala, incluidos 32 de 17 años o menos, dijo.

En 2025, el hospital atendió a 269 pacientes por lesiones causadas por armas de fuego, incluidos 22 menores de 18 años, según Dan Leveton, vocero del hospital. Hasta el 19 de agosto de este año, el hospital había atendido a 137 pacientes por heridas de bala, incluidos 18 de 17 años o menos.

Prevenir la violencia armada “no debería ser un tema político, aunque lo es”, dijo Madbak, y agregó que hay mucho margen para una defensa más efectiva de las medidas de prevención de la violencia.

“Es realmente un problema estadounidense”, dijo Madbak, “y nuestro estado se ha visto tremendamente afectado por este tipo de violencia”.

El dolor de madres, abuelas y tías

En Orlando, un código postal —32805— tuvo la tasa más alta del estado de menores de 18 años hospitalizados por heridas de bala entre 2018 y 2024: un total de 25 menores, o 125,8 por cada 100.000 habitantes.

El día de Año Nuevo de 2018, Bryce Williams, de 17 años, en un parque de Casselberry, un suburbio de Orlando. Fue encontrado muerto después de que su Kia azul se estrellara contra una casa cerca del parque.

La muerte de Williams devastó a su familia, contó su abuela, Kim Crow, a WFTV en Orlando.

“Primero, no puedes creer que alguien te haya sido arrebatado de una manera tan violenta”, dijo Crow. “Es desgarrador”.

En abril, Daesean Moctezuma Orland, de 18 años, mientras asistía a una fiesta en una casa en las afueras de Orlando. Otras dos personas heridas en el tiroteo fueron trasladadas al hospital. La policía arrestó a un adolescente de 16 años aproximadamente un mes después y lo acusó de la muerte de Moctezuma Orland.

Su abuela, Lizzy Moctezuma, dijo a WFTV que un amigo de su nieto la llamó a ella y a su hija, Noemi Moctezuma, para decirles que le habían disparado. Las mujeres recorrieron cuatro hospitales, incluido uno en Tampa, buscándolo.

“Mi vida cotidiana quedó destrozada”, dijo Lizzy Moctezuma. “Es difícil trabajar. Te sientas y ves las noticias. Y piensas: Dios mío, ahí hay otro niño que muere por la violencia con armas”.

“Es un agujero en el pecho, un agujero en la mente”, dijo Noemi Moctezuma. “Es como el vacío más grande que puedas imaginar, un vacío que ni siquiera los momentos más felices pueden llenar”.

Jacksonville, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, es particularmente peligrosa para los niños que viven en las zonas al norte y al oeste del centro.

Entre las víctimas se encuentran asesinado a tiros mientras jugaba frente a una casa; que recibió un disparo mortal cuando regresaba de una prueba de fútbol americano; y que murió por una bala perdida mientras estaba sentada en un auto estacionado.

Defensores de las víctimas dijeron que la violencia armada ha destruido cualquier sensación de normalidad para familias y vecindarios enteros. Las madres en duelo temen los fuegos artificiales y otros ruidos fuertes que se parecen a disparos. Dijeron que mientras lidian con sus propias emociones, a veces tienen dificultades para ayudar a sus otros hijos a afrontar la pérdida.

“Cuando escuchas sus historias, piensas: ‘Esto es lo peor que he oído en mi vida’”, dijo Francis, “hasta que escuchas la siguiente”.

Horas después de graduarse de Raines High School en Jacksonville en mayo de 2022, , de 18 años, fue asesinado a tiros cuando llegaba a la celebración de un amigo. Fields estaba entrando a la fiesta cuando se acercó un auto y alguien abrió fuego, contó su madre, Yvonne Fields, a Action News Jax.

Fields, defensa de línea del equipo de fútbol americano de su escuela secundaria, había recibido una beca completa para jugar en Keiser University, en West Palm Beach. Sus padres estaban organizando una fiesta para el día siguiente para celebrar su graduación.

“Todo el mundo lo quería”, dijo Yvonne Fields sobre su hijo menor, a quien describió como “el alma de la fiesta”.

“A Rashaud le encantaba bailar. Contaba chistes. Era divertido”, dijo Fields.

En ese momento, Rashaud Fields era al menos la novena víctima de homicidio de entre 17 y 19 años en la ciudad ese año, según el periódico local . Yvonne Fields dijo que ha mantenido la habitación de su hijo exactamente como él la dejó el día de su muerte. Todos los días huele una de sus camisetas.

“Sé que no va a volver”, dijo, “pero puedo sentir su espíritu”.

Dos días después de celebrar su cumpleaños número 18, Maurice Hobbs murió baleado en enero de 2017 mientras esperaba que su madre fuera a recogerlo.

“Yo estaba a menos de una cuadra”, dijo Latasha Hobbs a Action News Jax.

Cantante, rapero y poeta, Maurice Hobbs quería dedicarse a la música y lanzar una línea de ropa. Soñaba con ganar suficiente dinero para regalar una casa a cada integrante de su familia, para que todos pudieran vivir en la misma calle.

Su madre recordó que celebraron su cumpleaños con pastel y bailando en la cocina, y también recordó su reacción al cumplir 18 años.

“Me dijo: ‘Dios mío, mamá, llegué a los 18’”, contó Latasha Hobbs. “Así que es difícil aceptar que mi bebé no llegó a los 19. No es justo. Mi bebé merece estar aquí”.

Pamela Howard lleva casi dos décadas luchando con el dolor por el asesinato de su hijo Derrell Baker, a los 17 años.

Howard, madre de cinco hijos, describió a su hijo como un joven enérgico y un pilar para sus hermanos menores. Baker se destacaba en el fútbol americano, dijo, y estaba encaminado a graduarse de la secundaria a pesar de tener un trastorno grave por déficit de atención e hiperactividad.

Alguien le disparó a Baker en septiembre de 2008 mientras caminaba hacia la escuela. Una persona que pasaba por el lugar lo encontró al costado de la carretera.

Howard pensaba que Baker estaba en la escuela y luego en la práctica de fútbol americano. La familia se enteró de que algo podía haber sucedido solo cuando uno de sus hermanos escuchó que le habían disparado.

Howard llamó a hospitales de la zona buscando a su hijo. Cuando finalmente lo encontró en UF Health Jacksonville, ya era demasiado tarde: había muerto horas antes.

“No recuerdo nada después de que me dijeron” que había muerto, dijo Howard. “Mis amigos dicen que solo me escucharon gritar”.

Para Fields, Hobbs y Howard, la muerte repentina e inesperada de sus hijos dejó una herida profunda. La falta de respuestas es dolorosa. La policía no ha realizado arrestos en ninguno de los casos.

“Cuando tenga justicia”, dijo Yvonne Fields, “quizás pueda encontrar un poco de paz”.

Principal causa de muerte

, jefe de cirugía pediátrica y trauma del Children’s Hospital de Philadelphia, dijo que debe existir voluntad en las capitales estatales para regular las armas de fuego y proteger a los niños de esta violencia.

Nance fue coautor de una publicada en JAMA Pediatrics que encontró que el número de estados en los que las armas de fuego eran la principal causa de muerte de niños y adolescentes aumentó de cero entre 2004 y 2008 a 24 entre 2019 y 2023.

Las muertes de niños en accidentes de auto, que alguna vez fueron la principal causa de muerte en ese grupo, han disminuido principalmente gracias a medidas de seguridad adoptadas por gobiernos y fabricantes de automóviles, dijo, desde normas sobre cinturones de seguridad y límites de velocidad hasta bolsas de aire y frenos antibloqueo.

“Ese progreso ha sido bastante generalizado en todo Estados Unidos”, dijo, “pero con las armas de fuego la situación varía enormemente de un lugar a otro”.

Las armas no están sujetas a estándares federales de seguridad, señaló Nance. No están reguladas por la Consumer Product Safety Commission, la agencia federal encargada de proteger al público de productos peligrosos, y no pueden retirarse del mercado como sucede con juguetes o automóviles inseguros.

“Realmente no hemos hecho casi nada para cambiar la trayectoria de las lesiones por armas de fuego entre los niños”, dijo Nance.

Goldhagen, el pediatra de UF Health, dijo que los líderes de Jacksonville intentaron abordar la violencia armada mediante Jacksonville Journey, una iniciativa lanzada en 2008 —cuando el condado de Duval tenía la tasa de homicidios más alta de Florida— durante la administración del ex alcalde John Peyton.

El programa, dirigido a niños en riesgo de violencia, ofrecía mentores, campamentos de verano, capacitación laboral y estrategias no policiales, como proyectos para mejorar los vecindarios y programas en centros comunitarios. Journey también colaboraba con la Oficina del Sheriff de Jacksonville en intervenciones dirigidas a pandillas y enfocadas en los jóvenes.

Las autoridades atribuyeron a la iniciativa una reducción de casi el 40% de los homicidios en el condado de Duval durante sus primeros cuatro años.

Después de que Peyton dejara el cargo en 2011, el presupuesto del programa, de aproximadamente $15 millones, se redujo a $8.6 millones en 2012 y a unos $2.3 millones en 2014. Reducido, el programa terminó combinándose con otra iniciativa infantil para formar , que utiliza fondos municipales, estatales y federales para financiar servicios para jóvenes y programas de intervención.

Duval es el único condado grande de Florida que no cuenta con un impuesto destinado específicamente a financiar servicios para niños, incluidos programas para reducir la delincuencia juvenil.

Los líderes de la ciudad creen que “la seguridad pública se trata de bomberos y policía, pero no de servicios sociales”, dijo Vicki Waytowich, directora ejecutiva de , una organización sin fines de lucro financiada mediante subvenciones y contratos que ofrece servicios de salud y justicia juvenil a niños y familias de Jacksonville.

“No existe absolutamente ninguna voluntad política de hacer algo que se parezca remotamente a un impuesto para financiar servicios infantiles”, dijo.

En 2024, el financiamiento de Cure Violence, un programa de prevención de la violencia armada que intentaba resolver conflictos entre jóvenes antes de que terminaran en tiroteos. Un informe de la Oficina del Inspector General de la ciudad señaló que el programa y de prácticas financieras adecuadas.

“Tenemos un sistema de salud pública que no aborda esto como un problema de salud pública o de salud de la población”, dijo Goldhagen.

Waytowich dijo que el crimen es un síntoma de problemas mucho más profundos en el norte de Jacksonville, desde el deterioro de los vecindarios hasta el trauma generacional y la falta de oportunidades laborales.

“Realmente no tenemos los fondos para abordar las causas fundamentales”, dijo. “Lo que estamos haciendo es poner una curita sobre los problemas”.

A diferencia de Mandarin, un vecindario predominantemente blanco del sur de Jacksonville con fácil acceso a unos siete supermercados, los niños del norte de la ciudad tienen una alimentación deficiente, agregó Waytowich, y muchos caminan más de una milla para llegar a la escuela.

“Podemos ver que los niños no tienen esperanza”, dijo Waytowich. “Cuando los jóvenes creen que van a morir a los 21 años, ¿de qué sirven los talleres para establecer metas y preparar un currículum?”

En 2025, la alcaldesa de Jacksonville, Deegan, lanzó un programa para abordar la violencia armada llamado .

Pero, al igual que su predecesor, Journey Forward no cuenta con una fuente de financiamiento permanente y específica.

Un recuerdo difícil

Ladonna Johnson contó que, el 22 de marzo, terminó su relación con Dodson porque vio que él estaba compartiendo en su teléfono celular información sobre su ubicación con otras mujeres.

Johnson dijo que entró en una habitación donde A’mahri y su hermana estaban viendo televisión y sentó a su hijo en su regazo. Dijo que Dodson la siguió, entró en un clóset y sacó el arma.

“No dejaba de preguntarme: ‘¿Qué vamos a hacer?’”, dijo Johnson.

Momentos después, Johnson escuchó un fuerte estruendo. Su hija comenzó a llorar.

Ambas necesitarán terapia, dijo. Johnson está decidida a preservar la memoria de A’mahri: “Quiero que la gente sepa lo adorable y dulce que era mi hijo”.

Aun así, dijo: “Siento que nunca voy a estar bien”.

Metodología

Para determinar que más de 4.000 menores de 18 años habían recibido atención en hospitales de Florida por heridas de bala entre 2018 y 2024, The Trace y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News analizaron dos conjuntos de datos obtenidos de la Florida Agency for Health Care Administration mediante una solicitud de información:

• En el archivo de los departamentos de emergencia, que contenía registros de 67.565.314 visitas a salas de emergencia que no resultaron en una hospitalización, identificamos 37.415 casos de heridas de bala utilizando la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
• En el archivo de pacientes hospitalizados, que contenía registros de 21.857.664 visitas hospitalarias en las que los pacientes fueron internados, identificamos 28.149 casos de heridas de bala utilizando la definición de los CDC.

Definimos como niños a las personas de 17 años o menos y filtramos la columna correspondiente a la edad de los pacientes. Así determinamos que 2.340 menores habían recibido atención en salas de emergencia y 1.684 habían sido hospitalizados por heridas de bala. Para evitar contar dos veces a una misma persona, excluimos del archivo de emergencias a los pacientes cuyos registros indicaban que habían sido trasladados a otro centro para su hospitalización.

Los desgloses demográficos se elaboraron utilizando las columnas de raza y origen étnico de los conjuntos de datos.

Para examinar la distribución geográfica del impacto de la violencia armada, agrupamos a los menores con heridas de bala según el código postal proporcionado.

Es importante señalar que este código postal corresponde al lugar de residencia del menor, no al lugar donde ocurrió el tiroteo. Un pequeño número de niños tenía códigos postales de otros estados o códigos utilizados para indicar que no tenían vivienda o provenían de otro país. Estos menores están incluidos en los totales estatales de niños atendidos en hospitales de Florida, pero no en los resultados por código postal.

Estos datos no incluyen a los niños que recibieron disparos pero murieron en el lugar de los hechos o antes de llegar al hospital, ni a aquellos que nunca recibieron atención médica.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News data editor Holly K. Hacker contribuyó con esta investigación.

Este artículo fue producido por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, The Trace, Action News Jax en Jacksonville y WFTV en Orlando.

This article first appeared on Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News and is republished here under a .